Prueba de fe: G6 acompaña a Llaryora en su plan de Seguridad

El bloque de intendentes opositores de Colón adherirá a la nueva Ley. Ya lo hizo Fernando Rambaldi en La Calera; le seguirán Villa Allende y Mendiolaza. El rol del ministro Juan Pablo Quinteros.

Provincial 18 de enero de 2024 Yanina Soria Yanina Soria
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Por Yanina Soria 

En la reconfiguración del mapa del intendentismo cordobés post elecciones, asoma con fuerza en el populoso departamento Colón un bloque político de seis jefes comunales, todos opositores pero dispuestos a mostrar buenos modales con el gobierno de Martín Llaryora. 

Autodenominados G6, el grupo conformado por Fernando Rambaldi de La Calera (Encuentro Vecinal), Pablo Cornet de Villa Allende (PRO), Adela Arning de Mendiolaza (PRO), Federico Zárate de Jesús María (UCR), Ezequiel Lemos de Río Ceballos (UCR) y Miguel Pittaro de La Granja (PRO), se presentó en sociedad allá por noviembre tras varias reuniones y en el Panal tomaron nota. Pues gobiernas las ciudades más importantes del segundo distrito electoral de la provincia. 

En el marco de la pretensión oficialista de lograr en el corto plazo la mayor adhesión posible de comunas y municipios a la nueva ley de seguridad que sancionó recientemente la Legislatura, el ministerio de Seguridad que comanda Juan Pablo Quinteros decidió salir a explicar los alcances de la normativa, tal como informó este medio.  

En ese plan están, además del propio ministro, dos ex intendentes del PJ que hoy cumplen funciones dentro esa cartera. El actual secretario de Prevención y Coordinación Institucional, Lito Bevilacqua; y el subsecretario de Sistema Integrado de Seguridad, José Gualdoni. Básicamente, son los interlocutores encargados de convencer a las administraciones locales de las supuestas bondades del nuevo sistema provincial. 

El principal reparo interpuesto por propios y ajenos, fue el tema de los fondos. Los jefes comunales demandaron saber si habrá recursos del Estado para la implementación de la nueva norma. 

Pues, el “no hay plata” que popularizó el presidente Javier Milei en su primer discurso como Jefe de Estado, es extensible a todas las administraciones del interior. Entonces cuando el gobernador Llaryora dice que la ley prevé la capacitación, entrega de vehículos y eventualmente de las armas, pero aclara cada municipio deberá luego hacerse cargo de los costos que demande el personal afectado, surgen dudas.

En la experiencia que relatan intendentes que transitan un nuevo periodo, incluso del propio peronismo, la Provincia no siempre logra sostener en el tiempo el envío de recursos, las capacitaciones y demás. “Después termina siendo un perno para nosotros”, se sinceró un oficialista. Ese había sido el principal punto de cuestionamiento de los alcaldes a la ley. 

Sin embargo, en plan de arrancar con el pie derecho el vínculo con la Provincia y apostando a que ese gesto inicial pueda redundar luego en beneficios (léase obras y recursos) para los vecinos de los municipios, el G6 se comprometió a adherir a la ley. 

Fue luego de una reunión que mantuvieron con el propio Quinteros donde, según indicaron desde el Gobierno, se evacuaron dudas y se decidió, además, sumar la entrega de cámaras de seguridad en el marco del programa. 

El primero del grupo en enviar al Concejo Deliberante y aprobar la ordenanza de adhesión en extraordinarias fue Rambaldi, de La Calera. Desde esa ciudad, aseguran que el diálogo con el gobierno es correcto, y que hay “buena actitud pero que todavía no se concretó nada”. 

La referencia es a los pedidos que el municipio local elevó a la Provincia frente a las empresas que dejaron inconclusa las obras de cloacas en la ciudad (de la gestión de Facundo Rufeil) y también en materia de infraestructura del agua. “De eso, todavía no hay nada”, señalaron desde la municipalidad calerense. Por otro lado, dijeron que ya hubo reuniones con el nuevo titular de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, frente a quine Rambaldi reiteró su pedido de quitar el cobro del peaje para sus vecinos, aunque por ahora, la empresa decidió aplicarles un descuento del 50 por ciento. 

Por su lado, tanto Cornet de Villa Allende como Arning de Mediolaza dijeron a Alfil que trabajan en la ordenanza que enviarán a sus respectivos cuerpos legislativos para la posterior sanción. 

En cambio, Zárate de Jesús María, Pittaro de La Granja y Lemos de Río Ceballos, señalaron que primero esperarán la reglamentación de la normativa para luego avanzar. 

Lo cierto es que más temprano que tarde ese corredor, con los intendentes de que tiene Hacemos Unidos, se habrá sumado a la iniciativa en seguridad que el Gobierno expone como uno de los ejes medulares que tendrá su gestión. Ya lo hicieron la ciudad Capital, San Francisco y Villa María; también Malagueño, Morteros, Pozo del Molle, Las Higueras, Alicia, Balnearia, Villa María de Río Seco. Alta Gracia, Río Tercero y Arroyito, manifestaron su compromiso de sacarla la ordenanza en breve. Igual que Carlos Paz y Tanti, del corredor de Punilla.  

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