En la Argentina ya hay experiencias de fines de los ’80 y de la crisis del 2001. Fueron rescatadas por la Nación en 2003 con el programa de reunificación monetaria por lo que las provincias se comprometieron a no volver a emitir. No hay ninguna sanción prevista para las que lo hagan.
Provincial 22 de enero de 2024
Javier Boher
La decisión del gobernador riojano Ricardo Quintela de emitir cuasimonedas por el equivalente de hasta $22.500 millones para pagar el 30% de los salarios públicos, encendió las alarmas más allá de que el presidente Javier Milei haya ironizado respecto de que “festeja” la “competencia” de monedas. En la Argentina ya hay experiencias de fines de los ’80 y de la crisis del 2001. Fueron rescatadas por la Nación en 2003 (lo que ahora Milei advirtió que no hará) con el programa de reunificación monetaria por lo que las provincias se comprometieron a no volver a emitir. No hay ninguna sanción prevista para las que lo hagan.
El economista del Ieral de la Fundación Mediterránea señala -en base a esas experiencias- que las cuasimonedas aumentaron los costos de transacción, disminuyendo la eficiencia en general en la economía, por cuanto el gobierno, las empresas y las personas debieron crear mecanismos especiales para adaptarse a las transacciones con bonos, ya sea en forma voluntaria o compulsiva.
Además, plantea que las provincias que recurrieron a la emisión de bonos presentaban, en promedio, las situaciones fiscales más débiles. Prevaleció la faceta transaccional de los bonos, más que como instrumento de inversión; se generó mayor pérdida de poder adquisitivo sobre los ingresos de los habitantes de las provincias emisoras, ya sea por mayor inflación directa, precios diferenciales para pagos con bonos o por la desvalorización directa del valor de los bonos y apunta que la cotización de los bonos dependió de la cuantía relativa de los bonos emitidos, relación a la base monetaria o la recaudación propia provincial.
Entre el 2000 y el 2023 se verificó en Argentina un fuerte aumento del gasto público conjunto entre Nación y Provincias: subió 13 puntos del PIB. En ese lapso también creció fuertemente la presión tributaria conjunta (aumentó 13 puntos del PIB), hasta niveles récord, para lograr la estabilidad económica y tener chances de una recuperación sostenida de la economía, tras doce años de estanflación, se requiere ahora una “reversión” del incremento del gasto público.
Capello indica que para lograrlo se necesita del esfuerzo “conjunto” de Nación y Provincias. En proporción al aumento del gasto que evidenció a ambos niveles de gobierno en los últimos 23 años; así aproximadamente 60% del recorte debe ser encarado por el sector público nacional, y el 40% restante por las provincias. Claro que, en el caso de las provincias, el esfuerzo fiscal debe resultar acorde al nivel inicial de gasto que exhibe cada una.
El reporte describe que las finanzas provinciales empeoraron en 2023 y no son buenas las perspectivas para 2024. A partir del año 2016, las provincias mejoraron sus cuentas fiscales. En 2022, el consolidado de provincias exhibió un superávit primario de 0,8% del PIB, en contraste de un déficit primario del 2% en la administración nacional. Advierte que en el pasado año electoral, en el primer semestre el conjunto de provincias redujo su superávit en 1 punto del PIB (desde 1,7% en 2022 a 0,7% en 2023). Así, mientras en el primer semestre de 2022 todas las jurisdicciones exhibían superávit primario, en el mismo período de 2023 había ocho provincias con déficit.
Para el consolidado de jurisdicciones, el superávit primario cayó un 60% en términos reales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, redujo 100% su superávit primario entre el primer semestre de 2022 y 2023, y La Rioja, en un 93%. Si se mide en términos del Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada jurisdicción, los mayores superávits primarios ocurren en CABA (0,39%), Córdoba (0,19%) y Mendoza (0,08%), mientras que las con mayor déficit relativo serían San Luis -0,06%), Tucumán (-0,04%) y Catamarca (-0,03%).
Dado que en el segundo semestre de 2023 seguramente continuó la caída del superávit primario en provincias, especialmente por los menores ingresos originados en las reformas del impuesto a las Ganancias (0,11% del PIB), puede estimarse que el año terminó con un déficit primario de aproximadamente 0,2% del PIB.
Habrían cerrado con superávit primario l Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Córdoba CABA, Mendoza, Entre Ríos y Neuquén, mientras que 16 podrían haber terminado con déficit, con mayores desequilibrios, relativos a sus PBG, en San Luis, Catamarca, Formosa y San Juan.
Para este 2024, salvo que se revierta, se agregaría el impacto negativo sobre los recursos de coparticipación la reforma en Ganancias, lo que llevaría inercialmente el déficit primario provincial a 0,6% del PIB. También hay otras medidas que afectarían como el recorte de transferencias discrecionales corrientes, por 0,5% del PIB,y la poda sobre las transferencias de capital, por algo más de 0,1% del PIB).
Así, con todo lo demás constante, el déficit primario en provincias tendería a 1,2% del PIB en 2024. Pero la nueva administración también anunció medidas que podrían mejorar los ingresos provinciales este año, como los producidos vía coparticipación por un nuevo blanqueo y/o moratoria (0,5% del PIB), eventualmente si se produce la reversión de la reforma del impuesto a las ganancias. Adicionando estas posibilidades, el déficit primario provincial, todo lo demás constante, apuntaría a 0,2% del PIB en 2024, similar al de 2023.
Capello enfatiza que, aún si se revierte la reforma en Ganancias yse aprueba el blanqueo/moratoria en 2024, para que las provincias puedan volver a un superávit primario razonable, similar al del 2022 (0,8% del PIB), de modo que les permita cumplir normalmente con sus compromisos por deudas, el conjunto de jurisdicciones debería efectuar recortes en sus erogaciones por aproximadamente un punto del PIB.
“Ese ajuste debería necesariamente provenir del lado del gasto provincial, por cuanto el nivel de presión tributaria general del país y la situación fiscal del sector público nacional, no dejan margen para aumentos en la presión tributaria provincial ni para coparticipar impuestos adicionales a provincias -añade-. Claro que los efectos sobre cada provincia no serán lineales, especialmente por el hecho que su grado de dependencia de las transferencias nacionales discrecionales, que serían fuertemente recortadas en 2024, resulta muy heterogéneo. En principio, los mayores impactos serán sobre las provincias que dependen en mayor medida de las transferencias a provincias que tienen características más discrecionales, como las corrientes y las de capital. Si se atiende a las transferencias de capital, su recorte afectará en mayor medida a las provincias en que dichos envíos representan mayores proporciones de sus ingresos totales, como es el caso de Buenos Aires (8,9%), Chaco (5,9%), Tucumán (5,3%) y Misiones (4,5%). Para el consolidado de provincias, su peso en el primer semestre de 2023 fue del 4,5% de los ingresos totales”.
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