La trama de la (no tan) silenciosa pelea por la Defensoría

Los plazos se cierran y la fecha límite por la silla que pelean todos en la política de Córdoba es julio. Decara aspira al statu quo; el PJ no da señales y el ala deloredista empuja un movimiento por Ochoa. Juez, por su parte, se ata a otro radical, el presidente de la UCR, Marcos Carasso, y le suma condimentos a la tensión entre los socios.

Provincial 19 de abril de 2024 Gabriel Silva Gabriel Silva
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Por Gabriel Silva

Cuando el calendario marque el arranque de julio, el comienzo del segundo semestre le deparará a la gestión de Martín Llaryora certezas en algunos ámbitos de la política local en los que aún no hay claridad. Fundamentalmente, en el sur, donde se sabrá a final de cuentas quién es el sucesor de Juan Manuel Llamosas en el Imperio; y podría haber definiciones también por la silla más codiciada de la política doméstica: la Defensoría del Pueblo y cuyo despacho principal ostenta el radical Mario Decara.

Hace algunas semanas, en Alfil se contó que la porción del radicalismo que lidera el jefe del bloque en Diputados, Rodrigo de Loredo, quería empujar como su candidato al ya exnegrista Julio Ochoa. Anfitrión días atrás de un asado en el que se habló de todo; desde el rol de la UCR, la provincialización o no del encuentro en Villa Giardino, y sobre el final el tema de la Defensoría. Es cierto, fue lo menos abordado en la tertulia radical, pero los que se quedaron afuera del ágape con carnes a las brasas y Malbec, dudan del temario.  

Principalmente porque, para avanzar todos saben que es necesario reunir dos tercios en la Unicameral y es por ello que hubo enojo de aquellos que ven cómo, a sus espaldas, algunos buscan muscular y empezar a calentar el clima en la Legislatura.

El enroque deloredista

En los últimos meses, De Loredo se quedó con la presidencia del bloque unificado de la UCR en la Cámara baja, la jefatura del interbloque de Juntos en la Unicameral, con la legisladora Alejandra Ferrero, ese rol en la bancada UCR con Matías Gvozdenovich -un exintendente, pero cercano a los popes de Evolución-, el comando del bloque en el Concejo Deliberante con Elisa Caffaratti y la presidencia del Foro de Intendentes, con el hombre de Almafuerte, Rubén Dagum.  

Una botonera que, incluso muchos radicales, ven demasiado abultada.

Ahora, la avanzada tiene como próximo objetivo el aval a Ochoa quien, con una eventual salida le dejaría el lugar del Tribunal de Cuentas municipal al exconcejal Esteban Bría. Ochoa y otros radicales vienen tejiendo sobre esa posibilidad y activando el teléfono incluso con algunos sectores del PJ para ver, como dicen en las charlas de café, “si pasa”.

La lógica bipartidista y algunos vueltos

También, los que presionan con la carta de Ochoa y hablan con peronistas de primera línea, algunos de los cuales conocen y mucho al radical postulado, impulsan la lógica del bipartidismo que caracterizó al organismo. Desde la creación, esa silla quedó en manos del radicalismo con gobiernos peronistas y quieren repetir la historia, renovar la Defensoría pero asegurar la continuidad del sello.

Sin embargo, hay sectores, tanto dentro del radicalismo como los socios juecistas que observan con preocupación la manera en la que esa porción de la UCR acumuló poder en meses.

Es donde aparece el as del juecismo que, sin los números en la Legislatura para impulsar a un candidato del Frente Cívico, ya que le corresponde a la primera minoría, mete la cuña en la interna radical y abre un nuevo capítulo en las tensiones con De Loredo. El hombre en cuestión que empezó a tallar en algunos despachos del juecismo es Marcos Carasso, el actual presidente de la UCR cordobesa y con un pie actualmente en la Defensoría.

Él es el apuntado por el entorno del senador Luis Juez para no darle un casillero más a De Loredo en el tablero de la oposición cordobesa. Y la misión ahora será tratar de persuadir a una porción del bloque radical porque la diferencia entre una bancada y otra es notoria. La UCR tiene 19 legisladores, el juecismo tiene siete y el poroteo no viene fácil.

Incluso si el Frente Cívico contara con la mejor voluntad del oficialismo y éste pusiera a disposición sus 33 legisladores -34 si se contara a Karina Bruno- el partido de Juez no alcanza el número mágico de 46, que son los dos tercios, para bloquear la apuesta de De Loredo.

El oficialismo también juega

La necesidad de juntar esas voluntades de la Cámara pone en un rol importante al oficialismo de Hacemos Unidos que vivió meses tensos en su relación con el arco opositor de Juntos por el Cambio. Nadie en el arco oficialista quiere hablar del tema y sostienen que no es una agenda propia.

Aunque, aquellos que hablan con las espadas del oficialismo reconocen que en los despachos de Hacemos quieren que antes se pongan de acuerdo los opositores. “Es ‘la gran Pichetto’ que pide que le lleven todo resuelto. Ellos no quieren quilombos y pretenden que antes lo resolvamos entre nosotros: el radicalismo y el juecismo. Una vez que salga el nombre, llevarlo para buscar los votos que faltan”, dijo una fuente a este diario.

También, en los pasillos de la Unicameral, reconocen que el oficialismo tiene una herramienta para negociar tranquilidad, mientras observa las tensiones opositoras por la pelea en distintos casilleros. “El radicalismo cree que el juecismo cuando agarró el Tribunal de Cuentas no compartió, le faltó solidaridad con algunas sillas. Por lo que la UCR observa la posibilidad de revitalizar el bipartidismo y tener otro diálogo con el peronismo”, dijo una fuente que, además, reconoció que el PJ negociará una tregua.

Aquellos que quieren bloquear a Ochoa le facturan el rol en el Tribunal de Cuentas provincial en la gestión anterior y la actividad constante que le genera el juecismo al organismo actualmente. Con mayoría, claro.

Por último, Decara va por el statu quo y tantea el clima con Llaryora, con el que la relación es buena. Por lo que espera un freno de la discusión o continuidad con el adjunto Hugo Pozzi, aunque son varios los que no comparten ese pronóstico.

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