Llegan cambios en las licencias de conducir y ya hay polémica

En los próximos días, según anunció Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, habrá cambios importantes en la licencia de conducir: se sacará una sola vez y las renovaciones serán mediante presentación de declaraciones juradas. “En los Estados Unidos, por ejemplo, no se renueva, pero la persona tiene que mandar una declaración jurada de que mantiene un buen estado de salud para conducir”, dijo. Los gobiernos locales, después de instrumentados los cambios, deberán decidir si adhieren o no. Ya hace un mes la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro) impulsó un proyecto en el mismo sentido.

Sturzenegger sostuvo que el anuncio oficial lo harán con el ministro de Economía, Luis Caputo. El libertario Ramiro Marra posteó en su red social X  que “las licencias no van a vencer más. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada (gratuitamente) que demuestre que la condición física sigue siendo apta. No se tendrá que pagar más renovaciones de licencias”.

El proyecto de Vázquez, con quien está trabajando el Ejecutivo según admitió Sturzenegger, también plantea crear un registro de médicos acreditados. Al quitarle la potestad evaluatoria a los municipios, prevé la creación de un protocolo de evaluación de aptitud psicofísica así como el dictamen de “cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes”. En esa línea, también propone crear un “registro de médicos que hayan aprobado ese curso, el que deberá ser de acceso público”.

Sólo los profesionales de la salud inscriptos en dicho registro podrán firmar los certificados de aptitud psicofísica. De esa forma, se evitaría que se adulteren las firmas y se emitan documentos fuera de la regla. “El certificado de aptitud psicofísica deberá contar con la firma del médico y demás requisitos técnicos y legales que establezca la autoridad de aplicación, garantizando la inalterabilidad del mismo”, añade la iniciativa.

Por otro lado, el proyecto, entre varias modificaciones, señala que las licencias de conducir deberían exhibir las fechas del primer otorgamiento y última modificación de datos en caso de ser no profesionales y fechas de último otorgamiento, última renovación y vencimiento en el caso de las profesionales. A su vez, señala que la suspensión de la licencia de conducir se daría de manera automática al no cumplir el plazo de presentación del certificado y declaración jurada.

El levantamiento de la suspensión sería dado “una vez que su titular acredite haber adoptado las precauciones necesarias para recuperar su aptitud psicofísica para el manejo en condiciones de seguridad”, quedando inhabilitado para conducir hasta tanto eso suceda. Por otro lado, todo cambio de dato expreso en las licencias podría hacerse online y sin costo y no implicaría “la necesidad de revalidad el examen teórico-práctico, con excepción de las categorías profesionales que así lo requieran”.

Como no habría distinción para las licencias de los conductores de camiones de carga, están en alerta las entidades empresarias de autotransporte de carga que, entienden, se pone en “riesgo” la seguridad vial.

Esos choferes en la actualidad deben cumplir dos pasos para tener la Licencia Nacional Interjurisdiccional (LINTI). Pasar un examen psicofísico anual que tiene un costo de $33.000 (desde el 2015 se puede hacer en hospitales públicos y sanatorios privados, incluye exámenes completos que contemplan consumo de drogas) y un examen teórico-práctico anual después de un curso que cuesta $92.000 la primera vez para cargas generales y $93.000 para peligrosas la primera vez y, los años siguientes, $23.000. Para aquellos que nunca manejaron un camión, hay un curso especial que cuesta $1,5 millones.

Desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) sostienen que la “profesionalización del sector no le cuesta un centavo al Estado”, ya que todo el costo de capacitación es “afrontado en su totalidad por el sector privado”. La Agencia Nacional de Seguridad Vial retiene el 12% de lo que se cobra por capacitación y reenvía a las entidades que las dictan.