El PJ estudia modificar la ordenanza de Centros Vecinales

Por Felipe Osman

Los mandatos de los centros vecinales que el peronismo regularizó durante la gestión de Martín Llaryora están próximos a vencer, y desde la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal aún no se ha dado a conocer el esquema bajo el cual estas instituciones, centrales para la anterior administración, renovarán sus autoridades.

En rigor, debe decirse que el ordenamiento que regula su actividad (ordenanza 10.713) establece, en su artículo 49, que son los propios centros vecinales los que, con una antelación mínima de 90 días corridos previo al vencimiento de los mandatos, deben instar el procedimiento, convocando a una Asamblea General de Vecinos para definir a la Junta Electoral que, en cada caso, tutelará la elección.

Sin embargo, no es menos cierto que, habiendo gestión llaryorista tomado la iniciativa para la regularización de los centros vecinales dos años atrás, muchos de los que hoy esperan disputar el control de estas organizaciones barriales esperan que la voz de largada vuelva a llegar desde el Palacio 6 de Julio.

Y, desde luego, no serán los oficialismos los que vayan a tocar las puertas del Palacio 6 de Julio para instar un recambio de autoridades que bien podría dejarlos fuera. En realidad, los pedidos que hasta ahora se han cursado vienen de agrupaciones opositoras, que están a la espera de poder disputar las comisiones directivas.

En ese marco, fuentes municipales advierten que la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal ya tiene lista la carpeta que establece un cronograma tentativo y especifica los recursos, capacitaciones y veedores necesarios para acompañar y fiscalizar un nuevo proceso electoral, tal y como sucedió a fines del 2022. Lo que faltaría sería la decisión política de avanzar en ese sentido.

En el oficialismo está bajo estudio la posibilidad de modificar la Ordenanza de Centros Vecinales. Desde el Palacio Municipal apuntan que esa intención vendría a satisfacer algunos reclamos del propio vecinalismo, que, entre otros aspectos, pediría cambios en la duración de los mandatos, las condiciones de alternancia y genero para armar las listas, y el reparto de las secretarías.

Como se advierte, el cambio más determinante sería la extensión de los mandatos. En ese marco, también genera incertidumbre si, de llevarse adelanta esta modificación, será aplicable a los mandatos en curso o recién a partir del primer proceso electoral llevado a cabo en vigencia de tales variaciones.

Lo natural sería lo segundo. Sin embargo, también podría existir una cláusula transitoria que incluyera una prórroga de los actuales mandatos.

En cualquier caso, debe decirse que las posibles modificaciones son materia de conversación entre los funcionarios cuyas competencias atañen al tema, y no del Concejo Deliberante. Hasta el momento, el asunto no ha traspuesto la órbita del Ejecutivo, y en el Legislativo Municipal no han recibido un proyecto para pulir en el debate en comisiones y llevar luego al tratamiento del recinto.

Entre los espacios opositores de diferentes centros vecinales, sin embargo, el asunto sí suscita interés. Y cada vez más, dado que, si el oficialismo finalmente avanza en sus intenciones de modificar la Carta Orgánica Municipal para perfeccionar, junto a la descentralización administrativa y la desconcentración operativa del municipio, su descentralización política, los centros vecinales podrían cobrar todavía más valor, pues se convertirán en lugares estratégicos para dar el salto hacia los Centros de Participación Vecinal, que ya no solo manejan los recursos propios de oficinas que buscan acercar la gestiones administrativas a los vecinos, sino que ahora también cuentan con los Centros Operativos, dotados de las maquinarias, flotas y equipamientos necesarios para llevar adelante tareas de mantenimiento y pequeñas obras en los barrios.

En suma, la perspectiva de que la descentralización política de la ciudad se haga realidad acelera el pulso del vecinalismo, que ve ahora en los Centros Vecinales el primer eslabón en la cadena para llegar a posiciones de gestión donde estará en disputa una parcela de poder.