Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, adhiere al comunicado de ADPRA en desacuerdo con la nueva reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública a la que califica como desigual y autoritaria.
Provincial05 de septiembre de 2024
Redacción Alfil
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de la que Córdoba es parte, definió como regresivo el Decreto 780/2024 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que restringe el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, obstaculiza su uso y acota los datos que las personas en ejercicio de la función pública están obligadas a suministrar.
“La disponibilidad de la información pública es un pilar fundamental en las sociedades democráticas, ya que permite a la población estar informada y participar de manera activa en la toma de decisiones de sus gobiernos. La falta de acceso a la misma puede llevar a la opacidad, la corrupción y el abuso de poder, socavando los principios fundamentales de la democracia, es a través de la información veraz y objetiva que podemos construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática”, aseguró Carlos Galoppo.
Los/as defensores/as del Pueblo también advierten que el Decreto implica una injerencia indebida sobre las competencias de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que debilita su carácter autárquico y su autonomía funcional.
De acuerdo con lo expresado, el Defensor del Pueblo Adjunto solicita al Gobierno Nacional que revea su decisión, se revierta esta medida restrictiva y se garantice el pleno acceso a la información pública en beneficio de la sociedad.
Para descargar el pdf
Pronunciamiento Ley de Acceso a la Información Pública.pdf
El Gobierno anunció una baja temporaria de las retenciones al campo y su eliminación definitiva para las economías regionales. Caputo invirtió la dinámica. Los gobernadores de la Región Centro, que presionaron por la baja, ahora son señalados por la Casa Rosada para alivianar la presión fiscal de las provincias.
El ministro Luis Caputo explicó que los cambios responden al superávit fiscal. Esta semana, después del reclamo de la Región Centro, les pidió a los mandatarios que pasen a la acción
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El pedido del ministro Luis Caputo a los gobernadores e intendentes para bajar tasas e impuestos generó reacciones en el peronismo. El diputado Carlos Gutiérrez lo acusó de buscar opacar el reclamo por las retenciones. Marcos Torres, intendente de Alta Gracia, también respondió.
El titular de la bancada radical se reunió con Guillermo Francos y comprometió el respaldo de su bloque a buena parte de la agenda del oficialismo en las sesiones extraordinarias. En el juego de contrastes, quedó muy lejos de Juez, que, de vacaciones en el exterior, salió del radar libertario.
Junto a sus pares de Entre Ríos y Santa Fe, Llaryora reclamó al Gobierno Nacional una urgente baja de retenciones que “evite el colapso” del sector agropecuario. El Gobierno, que recibirá el 6 de febrero a la Mesa de Enlace, respondió.
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El desmantelamiento y subasta total de la fábrica de explosivos San José de Jáchal en San Juan genera profunda preocupación en la histórica planta cordobesa. En medio de cambios en la cúpula directiva, los trabajadores esperan definiciones sobre el futuro productivo
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