Con Milei, las universidades perdieron 30% del presupuesto y 23% los salarios
El primer año del gobierno libertario estuvo marcado por el mega ajuste llevado a cabo por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes decidieron recortar un 30% del presupuesto universitario ahogando la institución económicamente al no poder afrontar gastos de funcionamiento. Los salarios de docentes y no docentes se desplomaron más del 20 por ciento y parece ser la punta de lanza de los reclamos en 2025.
Por Francisco López Giorcelli
Desde diciembre de 2023 hasta hoy, el presupuesto otorgado por el gobierno a las universidades públicas cayó un 30%, mientras que el salario real de los docentes descendió 23%, según un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se venían anticipando con la serie de medidas que llevó adelante el presidente Javier Milei.
La situación se agravó con el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido impulsada por amplios sectores del Congreso y respaldada por la comunidad educativa.
Los recortes no solo afectaron a los docentes y estudiantes de universidades públicas, sino que también involucraron a instituciones privadas y sindicatos. Esto motivó una primera manifestación el 23 de abril de 2024, con una convocatoria estimada en 800 mil personas. Según una encuesta de Equipo Mide, un 51% de los consultados expresó su apoyo a la protesta, destacando el amplio consenso social detrás del reclamo.
A pesar de la magnitud de las movilizaciones, desde el oficialismo minimizaron los reclamos. El presidente Milei calificó las manifestaciones como parte de una campaña opositora, señalando que los participantes “mostraron el miedo que tienen a mi liderazgo”. Paralelamente, el Ejecutivo insistió en la necesidad de auditar a las universidades públicas, argumentando presuntas irregularidades en la administración de los fondos.
Sin embargo, las autoridades universitarias y expertos del sector negaron estas acusaciones. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, afirmó que las auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994 garantizan la transparencia en el manejo presupuestario. “Toda la información es pública y está disponible para quien quiera consultarla”, subrayó.
Desde la UNC, precisamente desde el recorte Boretto habían aclarado que “en el caso de la Universidad de Córdoba, tenemos una unidad de auditoría interna que realiza los controles sobre el uso de los recursos y esa auditoría interna, que está conformada por profesionales que ingresaron a la planta por concurso público, reportan los informes de auditoría a la Sindicatura General de la Nación, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo.” Dijo el rector en su momento.
Además la UNC inauguró hace menos de dos meses una plataforma de transparencia universitaria en la cual se ponen a disposición todos los datos de las auditorías, gastos y demás información necesaria para garantizar una transparencia en los gastos de la institución.
Caídas algunas acusaciones oficialistas del ejecutivo la discusión pasó a otro plano. En el balance surgen los números expuestos al principio respecto a la pérdida salarial y presupuestaria que preocupan aún más si se tiene en cuenta la extensión del presupuesto 2023 para el 2025 por no llegar a un acuerdo parlamentario para aprobar un proyecto nuevo. Sin dudas que la prórroga del Presupuesto por parte del gobierno de Javier Milei es visto con preocupación desde las universidades públicas tras un año de intensa lucha frente al desfinanciamiento que impuso la gestión libertaria.
"Los trabajadores universitarios estamos cincuenta puntos por debajo de la paritaria contra la inflación del 2024 así que todas las expectativas están puestas para febrero-marzo", afirmó el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, en diálogo con Canal 10.
El rector de la Universidad Nacional de San Luis señaló que la conflictividad puede retornar a las casas de altos estudios si no hay una recomposición de los perdidos el año anterior. Cabe recordar que las proyecciones de las autoridades nacionales contemplan un presupuesto universitario de cerca de cuatro billones de pesos frente a un pedido de los rectores de siete billones de pesos.
El otro dato a tener en cuenta tiene que ver qué 2025 será un año electoral por lo que las discusiones legislativas estarán a la orden del día ya que el gobierno nacional se juega un “all-in” en aumentar su presencia parlamentaria, es decir que en caso de lograr su objetivo se vería con menos posibilidades la aprobación de una nueva ley de financiamiento para las universidades.
Del lado de la oposición tendrán la tarea de un reagrupamiento que genere una mayoría interesante para un gran sector del país que no se siente identificado con las políticas libertarias. Sector de la sociedad más de centro para la izquierda que hoy por hoy se encuentra “huérfano” de referentes y desde la Universidad pueden surgir grandes referentes en este sentido. El 2025 recién empieza.
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