Por Felipe Osman

La novela que atraviesa a La Calera, que tiene por protagonistas a sus concejales, y que tiene por escenario a su Concejo Deliberante, llegaría hoy a su fin. Tras un accidentado (y aún inconcluso) proceso ante el Tribunal Superior de Justicia, el oficialismo decidió acatar la reiterada orden de convocar a una nueva sesión preparatoria que defina a sus autoridades y normalice su actividad.

Recapitulemos. El 23 de febrero el Concejo Deliberante de La Calera celebró una sesión en la que la presidenta del cuerpo, Sofía Montero, puso a consideración de los concejales la “ratificación o rectificación” de las autoridades del cuerpo, que habían sido designadas en la sesión preparatoria de diciembre. Ese fue el instante previo al caos.

La oposición vio la posibilidad de meter ahí una cuña en la interna desatada en el bloque oficialista, y en lugar de ratificar a Sofía Montero como presidenta del Concejo postuló y ofreció su respaldo a Analía Marcos, una concejal radical que integró la alianza Juntos por La Calera pero terminó alejándose de la entente que llevó a la Intendencia a Fernando Rambaldi.

El oficialismo, al caer en cuenta de esto, decidió levantar la sesión, pero en sus bancas quedaron sentados cinco concejales, Marcos y los cuatro opositores. Técnicamente, había quorum, y al ser el cuerpo soberano, el oficialismo no podría forzar el levantamiento de la sesión.

A raíz de esta situación, la oposición empezó a reclamar que la Presidencia del cuerpo quedará para Marcos, mientras el oficialismo se aferró a que la sesión ya estaba levantada al momento de la votación, y explicó luego que las autoridades definidas en diciembre debían permanecer en sus cargos durante todo el 2024, y que la inclusión de su “ratificación o rectificación” en el orden del día de las sesión del 23 de febrero respondió, únicamente, a un “error material involuntario” de la Secretaría Legislativa.

Esta explicación no conformó a la oposición. El oficialismo convocó, a través de Montero, a nuevas sesiones. Y la oposición, que no la reconocía como presidenta del cuerpo, no asistió.

Tras más de un mes sin conseguir quorum, el oficialismo apeló a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y convocó a los concejales suplentes a asumir en lugar de los titulares de la oposición y de Marcos. Los suplentes de las listas emparentadas con el PJ no acudieron a la llamada, pero si lo hizo Florencia Chapero, la suplente de Marcos (UCR). A partir de allí, el oficialismo retomó la actividad del Concejo, y la oposición cuestionó su accionar ante el TSJ.

A raíz de las denuncias y presentaciones de Marcos y de los concejales opositores, la Justicia ordenó al Concejo Deliberante -y particularmente a las concejales Montero y Marcos, por ser quienes se arrogan la calidad de presidentes del cuerpo- abstenerse de modificar la situación “fáctica y jurídica”, “suspender toda medida relacionada con el ejercicio de las funciones que se arrogan” y “retrotraer la situación al estado de cosas en que se encontraba al momento de la sesión de fecha 23 de febrero”. A su vez, el TSJ encomendó a Montero -por ser quien ejercía la presidencia del órgano hasta ese momento- convocar una nueva sesión “a los fines de la elección y/o ratificación de su Presidente y demás autoridades”, avisando que la misma debería realizarse en presencia de un veedor judicial designado por el tribunal.

A este decreto del TSJ, de fecha 6 de mayo, siguieron una serie de recursos presentados por Montero, y nuevas presentaciones de la oposición y Marcos, que hasta denunció penalmente a Montero por “usurpación de autoridad”.

Finalmente, y tras cuatro decretos en los que el TSJ instaba a Montero a convocar a una nueva sesión que defina las autoridades del cuerpo, la concejal del oficialismo notificó al tribunal que esa sesión tendrá lugar hoy, desde las 9.

Las interrogantes son múltiples. La oposición acusa al oficialismo de dilatar la tramitación del expediente para sancionar “ilegalmente” ordenanzas en ausencia de sus representantes y “sin quorum”. Por ejemplo, aumento de tarifas.

El oficialismo, por su parte, alega haber obrado siempre conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, que prevé la posibilidad de convocar a los concejales suplentes si durante cuatro sesiones consecutivas los titulares se niegan a asistir. La oposición le retruca que no sólo convocó a los concejales suplentes en contra de lo ordenado por el TSJ, que había indicado “abstenerse de innovar la situación fáctica y jurídica”, sino que además tomó juramento a Chapero sin quorum, con apenas 4 concejales presentes.

En el medio, el oficialismo insiste con que las ordenanzas sancionadas durante las últimas semanas son válidas, mientras la oposición asegura su nulidad.

Pero hay un problema todavía mayor. La Ley Orgánica prevé que, en caso de acefalía temporaria, las funciones del Intendente serán desempeñadas por el Presidente del Concejo. Es decir, si la oposición se queda con la Presidencia del cuerpo, ante cualquier ausencia por viaje o enfermedad de Rambaldi un opositor quedará a cargo del Ejecutivo, pudiendo alterar por completo la marcha de su gestión. Hoy se verá el desenlace.