No hay república sin información

Por Javier Boher

rjboher@gmail.com

En clases siempre uso un ejemplo muy didáctico -aunque un poco violento- para graficar la diferencia entre democracia y república (y porqué esta última es más importante que la primera). Quizás no muchos lo recuerden, pero en 2019 hubo un caso de abuso en Sebastián Elcano que conmocionó a todo el país.

Ocho amigos se juntaron a comer un asado y tres terminaron violando a uno. Imaginemos por un segundo que decidieron votar a ver si violaban o no a alguien que estaba en minoría. Democracia es aceptar una votación como esa, en la que muchos se aprovechan de uno; república es que haya reglas que protejan a ese individuo que está en minoría ante una mayoría que quiere otra cosa.

Es difícil enseñar la diferencia entre conceptos que se aprenden y se tratan como sinónimos, pero hay un conjunto de reglas básicas con las que separamos a ambos. La república implica la existencia de instituciones con autoridades electas por sufragio popular, que se renuevan periódicamente. Hay división entre los poderes de gobierno y cada uno de ellos debe publicar información sobre su funcionamiento, respondiendo a los pedidos de la ciudadanía al respecto. Los habitantes de una república tienen los mismos derechos y obligaciones que los políticos y funcionarios, porque todos son iguales ante la ley.

De acuerdo a esas categorías tan básicas (de las cuales la democracia solamente hace referencia al voto popular y a los derechos civiles y políticos relacionados al mismo) la provincia de Córdoba no puede ser fácilmente encuadrada en la categoría de república. Sobran ejemplos a lo largo de este cuarto de siglo de peronismo, con momentos en los que los límites entre poderes resultaron más que difusos, pero lo de estas últimas semanas ha dejado en evidencia toda una concepción sobre cómo se ejerce el poder político en Córdoba.

El caso de Guillermo Kraisman (el último episodio, en realidad) se resiste a morir en la mente de los periodistas y los ciudadanos. Refleja esa cara de la política que cansó a la gente, la de la plata negra que se desvía a la política para gastos personales, pago de militancia o cualquier otra actividad que se maneja en el marco de la ilegalidad. La trama de la mujer contratada en la Unicameral, a la que nadie conocía ni había visto por ahí, se siguió complejizando por la persistencia de los que buscan llegar al fondo de la cuestión.

Hace unos días el periodista Juan Federico reveló el rol de la legisladora Nadia Fernández en la contratación fraudulenta que generó el episodio por el que se detuvo a Kraisman. No sé cuánta gente recuerde la boleta del Partido Comunista que le permitió a Fernández entrar a la legislatura en tiempos de su alianza con Luis Juez, dentro del Frente Cívico. Acá nada se pierde, todo se transforma.

Ya con toda esa información en las manos la presión debería aumentar sobre el gobierno provincial que, sin embargo, no afloja en su negativa a revelar información sobre los asesores y contratados que hay en la Legislatura.

El diario La Voz del Interior hizo el pedido para acceder a esos datos, que algunos bloques cedieron con más o menos voluntad. El peronismo lo rechazó. Su argumento es que todo está en la Justicia (el poder menos independiente de Córdoba) y que allí se resolverá lo que corresponda.

Algunas personas, al ser consultadas, se escudaron en el argumento de la confidencialidad de los datos de las personas, en cuestiones de seguridad si se revela quiénes son y cuánto ganan y cosas así. Si no les gusta que la gente sepa quiénes son los que se gastan la plata de los impuestos que pagamos todos, entonces hubiesen elegido otra cosa en la que no tengan que rendir cuentas a nadie. Una de las claves del republicanismo es poder acceder a la información pública, por ejemplo, de cuántos contratados hay en la Legislatura y cuánta plata nos cuestan cada mes.

Un país en el que la gente está permanentemente informada, que conoce sobre todos los temas en profundidad, que tiene la formación para filtrar lo que se le presenta e intervenir en la vida pública es un imposible. Esta no es una polis griega sino una sociedad moderna, compleja y heterogénea, en la que la gente está preocupada por llegar a fin de mes y no quiere detenerse en cada cosa que pasa para tomar decisiones. Para eso hay un grupo de gente, los periodistas, que somos responsables de meter el puñal donde le duele a los políticos, haciendo valer los derechos de todo los ciudadanos, incluso de los que no se quieren detener a ver quiénes son los asesores o contratados de Nadia Fernández y sus compañeros de bancada.

Hay una secuencia de la película “Escuela de Rock” (en la que Jack Black se hace pasar por maestro porque necesita la plata) en la que el protagonista debe enfrentarse a los padres en una reunión para hablar sobre lo que han hecho en el año. Su explicación es muy vaga, sin detalles (porque no les daba clases, solo cobraba el sueldo mientras hacía tocar rock a sus alumnos), lo que motiva las preguntas de los padres. La tensión escala, hasta que dice la frase clave: “no les puedo decir más por la confidencialidad maestro-alumno”. Así suenan los miembros del oficialismo cuando dicen que los ciudadanos no pueden acceder a la información de lo que pasa en la Legislatura. La situación en la película termina de lo más graciosa: Black se escapa de la policía corriendo por los pasillos de la escuela.

Negar la información no debería salir barato en una república.