A 25 años de la “ley Bodega”, un escándalo que se transformó en costumbre

Transcurría el primer tramo de la gestión de José Manuel de la Sota al frente del Ejecutivo provincial, en la primigenia Unión por Córdoba. Meses antes, un marcado fin de ciclo del radicalismo con fuertes peleas internas habían hecho posible que el peronismo le arrebatara la provincia al partido centenario sobre el final del siglo pasado. Un descalabro que ni siquiera el radical más pesimista hubiese imaginado en aquel momento que iban a tardar, por lo menos, 25 años para volver al poder.

A nivel nacional, el gobierno de la Alianza liderado por Fernando de la Rúa, que estaba a meses de quedarse sin su vicepresidente y hasta ese momento socio político más fuerte, Carlos “Chacho” Álvarez, no había arrancado con el pie derecho. Causas e ingredientes que llevarían a comprender el desenlace de un año y meses más tarde.

Al margen de ese contexto -y no tanto-, en marzo del 2000 en Córdoba se discutía en la por entonces Legislatura Bicameral un proyecto que contemplaba una amplitud de reformas en la Provincia bajo el pretencioso nombre de “Nuevo Estado”. Y que incluían, entre otros puntos, la privatización del Banco de Córdoba, Epec y los juegos de azar.

Conocedores en el peronismo de lo que ocurriría en ambas cámaras, y sabiendo que en el Senado la discusión estaría más pareja, arrancaron el debate por Diputados donde hubo triunfo de la banca del PJ para avanzar en las privatizaciones y reformas.

Lo que ocurrió fue que, una vez girada la iniciativa a la Cámara de Senadores, la discusión se empantanó. Y mucho.

Por lo tanto, el poroteo incluyó de todo y lo que se conoció después, así lo evidenció. La tensión en las calles eran crónicas permanentes desde las adyacencias de la vieja Legislatura en pleno centro y las vallas en la peatonal también se transformaron en parte de la escenografía habitual durante los sucesivos gobiernos peronistas.

Ese 23 de marzo del 2000, dentro del recinto estaba ocurriendo de todo por la fuerte paridad, muy similar a lo que sucede actualmente en la Unicameral, y el presidente del Senado, el peronista Carlos Presas, amagaba con cerrar el debate con su voto. Las tensiones con el radicalismo crecían hasta que el voto del senador del Frepaso, Jorge Bodega desató el escándalo.

El hombre de Punilla terminó votando junto con el oficialismo delasotista y varios senadores se eyectaron de sus bancas en busca de Bodega. Uno de ellos, fue el radical Alfredo Bría, padre del actual legislador provincial, el deloredista José Bría, quien fue hasta la banca de Bodega y le arrojó un vaso de agua en la cara para que “se le refresquen las ideas”, según diría después el ya fallecido Bría, alineado en aquel momento con Rubén Américo Martí.

Si con la ley sancionada y el cuestionado voto de Bodega todo era un escándalo, lo que vendría después fue peor.

Alfredo Morhum, un ex asesor de Bodega en la Legislatura terminó denunciando que el parlamentario había vendido su voto por 400 mil dólares para que el delasotismo pudiera sacar la ley. Es más, terminó dando detalles de cómo se había desarrollado la operatoria frente al fiscal provincial Gustavo Sandoval.

Según declaró Morhum en aquel momento, en febrero del 2000, semanas antes de la discusión en la Legislatura, él y Bodega habrían llegado en un vehículo a un bar en pleno centro, uno de ellos descendió, se reunió con dos hombres y salió del lugar con un sobre de papel madera que contenía los 400 mil dólares.

Un verdadero cataclismo en Córdoba.

Finalmente, Bodega terminó expulsado del Frepaso y de UTA, gremio del que había sido dirigente y lo terminó declarando “persona no grata”. Meses más tarde, y a pesar de que el propio Morhum dijo en la investigación que “Bodega no sabe escribir mucho más que su nombre”, el delasotismo lo incluyó en sus filas como convencional constituyente para modificar la Constitución provincial y que se pase a un sistema unicameral en la Legislatura.

El argumento oficial era la reducción del gasto; el político y extraoficial, no pasar más sobresaltos en discusiones complejas.

Casi dos años más tarde, Bodega fue absuelto por el juez de Control N° 8, Rodolfo Alvarado. En septiembre del 2002, el magistrado llegó a la conclusión de que “el hecho investigado no existió, porque no hubo prueba que lo corrobore”, decía la edición impresa de La Voz del Interior en aquel momento.

Un cuarto de siglo más tarde hay sospechas que se confirman: la Unicameral, lejos de reducir el gasto, lo amplió con contundencia; y el joystick del oficialismo, aún con dificultades, tiene una botonera más amplia. Y en los sucesivos períodos durante estos últimos 25 años, la imagen de algunos opositores votando con el peronismo se convirtió en una tendencia que, lejos de escandalizar, se transformó en costumbre.