En el sur, La Libertad Avanza dio una muestra claro del enfoque que tomará la campaña en los próximos meses: evitar el debate por la economía y llenar de golpes bajos a la gestión Llaryora. El acercamiento a la familia de una víctima de homicidio que llevó al Panal a la Justicia derivó en críticas del oficialismo cordobés.
Río Cuarto23 de abril de 2025
Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
En los últimos días volvió a escalar la tensión entre La Libertad Avanza y el Gobierno de Córdoba, tras una actividad organizada por referentes provinciales de Javier Milei en una localidad del sur cordobés. Los dirigentes alineados con Gabriel Bornoroni realizaron un acto en Laboulaye para conformar el frente electoral de cara a las legislativas. Sin embargo, uno de los puntos más resonantes del encuentro —encabezado por Laura Soldano, coordinadora de LLA en Río Cuarto— fue la reactivación de un caso que conmovió a esa ciudad.
Los libertarios del sur se reunieron con Martín Sperani y Mariela Flores, padres de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado por un amigo en 2023 en la localidad del departamento Roque Sáenz Peña. Aunque el crimen ocurrió hace más de un año, el caso continúa vigente por el debate en torno a la baja en la edad de imputabilidad —el autor fue liberado por ser menor de edad— y por la demanda judicial que la familia impulsó contra el Gobierno provincial, al que responsabilizan por tener a su cargo la institución educativa donde comenzó el hecho.
Lejos de ser un hecho aislado, el encuentro formó parte de la estrategia que La Libertad Avanza despliega en el interior de la provincia. Sus referentes se mueven con determinación, aun a riesgo de quedar expuestos a cuestionamientos. De hecho, desde Hacemos Unidos por Córdoba señalaron a Alfil que la actividad en Laboulaye podría interpretarse como “un carancheo”, al considerar que se busca capitalizar el doloroso caso para perjudicar al proyecto que encabeza el gobernador Martín Llaryora y reavivar el debate sobre la imputabilidad -algo que ya se ha visto en campañas anteriores.
“Es muy triste que lleguen a este punto para evitar hablar del desastre económico que están generando con decisiones tan cuestionables”, sostuvo molesto un dirigente del oficialismo cordobés, tras la repercusión que tuvo la actividad hacia el final de la semana pasada.
Lo cierto es que el análisis de Hacemos coincide, en parte, con la estrategia comunicacional de los libertarios en Córdoba. Según pudo saber este medio, las directivas a los equipos locales son claras: evitar enfocarse en la economía hasta que se estabilice. Temen que posibles cimbronazos tras un eventual acuerdo con el FMI o la eliminación del cepo afecten la imagen del oficialismo nacional en la antesala de octubre.
En paralelo, también se evidencia el interés del mileísmo cordobés por apropiarse del reclamo para bajar la edad de imputabilidad, un eje que el cordobesismo había intentado capitalizar el año pasado. La familia Sperani fue una de las voces más visibles de esa cruzada, impulsando la llamada "Ley Joaquín" mientras transcurría la campaña presidencial de 2023. El renovado acercamiento a los padres del joven asesinado expone el intento por reposicionarse en un tema que seguramente dominará la escena durante la campaña.
Por otra parte, Hacemos Unidos por Córdoba enfrenta aún el impacto del reciente fallo judicial que responsabiliza al Estado provincial por la tragedia en Laboulaye. La visita de los referentes de Bornoroni coincidió con la expectativa por la resolución de una demanda civil que culpa al gobierno, a través del Ministerio de Educación, por no haber garantizado la seguridad del menor en la escuela IPEM 278 Malvinas Argentinas, donde tanto la víctima como el agresor cursaban sus estudios. En aquel entonces, el gobernador era Juan Schiaretti.
La demanda fue presentada tiempo atrás ante los Tribunales de Laboulaye, con el argumento de que la institución no cumplió su deber de protección, ya que el crimen ocurrió en horario escolar, cuando el menor estaba bajo la custodia del establecimiento. El pasado 6 de febrero, la Justicia falló a favor de la familia Sperani, declarando al Gobierno provincial responsable y ordenando una indemnización, aunque el monto establecido sería menor a los 600 millones de pesos inicialmente reclamados. El Gobierno apeló el fallo y la causa está pendiente de revisión en una nueva instancia.
Con el caso nuevamente en la agenda pública, es casi seguro que los libertarios buscarán confrontar con el oficialismo cordobés en un tema sensible, con el objetivo de erosionar su imagen rumbo a las urnas. Aunque la estrategia resulta controvertida, ya provocó movimientos dentro de Hacemos Unidos por Córdoba, donde desestiman el avance libertario. “Están dispuestos a hacer cualquier cosa para que el Presidente venga a darles una mano. Saben que solos no llegan”, deslizó un dirigente cercano al Panal.
El jefe municipal tuvo su primera presentación ante el público capitalino con fuertes expresiones respecto a la batalla entre los intendentes y el Gobierno nacional, especialmente por el conflicto de las tasas del Banco Nación. “Si quieren achicar el banco y despedir empleados, no nos usen a los intendentes de excusa”, lanzó.
General Cabrera se sumó a los municipios que ya lograron un acuerdo con el Banco Nación en relación al cobro de la tasa de Comercio e Industria. Su vecina localidad de General Deheza también había logrado un consenso con la entidad. Con estos antecedentes, ¿pierde fortaleza el reclamo de otros intendentes?
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Ya se comienza a votar en toda la UNC por nuevas autoridades decanales y para representantes estudiantiles (Centro de Estudiantes, Consejos Directivos y Consejo Superior). Hay altas expectativas por lo que sucederá en lo que concierne a la elección decanal, en Derecho, Medicina, Psicología y Cs Químicas se jugará fuerte desde el oficialismo (el rector Boretto ya aseguró Económicas confirmando lista única) y la oposición para buscar configurar un nuevo mapa político dentro de Ciudad Universitaria.
