Es por la causa "usina de facturas", por la que dos exintendentes y siete exfuncionarios de la localidad irán a juicio tras la investigación del fiscal Bornancini.
Provincial24 de abril de 2025
Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
En medio de la polémica por la elevación a juicio de exintendentes y exfuncionarios de La Calera, el actual intendente Fernando Rambaldi salió al cruce y dijo: "tenemos la obligación de no mirar para el costado cuando hay causas de corrupción", expresó Rambaldi. La elevación a juicio de los exfuncionarios se logró tras la causa "usina de facturas", la cual los considera como principales autores de "defraudación en perjuicio de la administración pública".
El juez que determinó la elevación fue Gustavo Hidalgo, el magistrado de control que, además determinó que el juicio será oral y público. Otro de los que intervino en la investigación fue el fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, el mismo entró en la causa tras responder a la denuncia de las por entonces diputadas nacionales Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada.
Otra de las cosas que detalló Rambaldi fue que "lo que existía era una asociación ilícita para vaciar las arcas del Municipio en beneficio de un grupo de avivados", refiriéndose a los denunciados. A su vez, nombró a los mismos como parte de "la casta calerense rufeilista", haciendo referencia al exintendente Rodrigo Rufeil y a Facundo, primo de este y antecesores ambos en el Municipio a Rambaldi.
A pesar de la acusación de Rufeil, el mismo fue desplazado de la causa por el propio Bornancini, y en el resto de exfunicionarios afectados se conoce a: Pablo Gustavo Facta, Claudio Gastón Morán, Juan Aparicio Sandoval y María Esther Figueroa.
Este caso había sido tratado por la Justicia Federal, pero el fiscal Carlos María Casas Nóblega le trasladó la responsabilidad a la Justicia provincial. Luego de este cambio, el fiscal Bornancini trabajó en el caso determinando que, entre los años 2014 y 2016 , se facturaron a la propia Municipalidad de La Calera servicios de terceros que no se realizaron.
El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, rechazó la judicialización de la política. Instó a los legisladores a modificar la normativa para cortar con esa tendencia. Pidió sentido común y cuidar la institucionalidad.
Hacemos buscó exponer a la oposición, recriminándole una actitud pasiva frente al regreso de las retenciones. La oposición hizo lo propio con Hacemos, al que culpó de asfixiar al campo con impuestos provinciales. Saldo final: nada cambió, y todos cantaron victoria.
El ministro Quinteros pidió una ley antipiquetes en momentos que el TSJ tiene que resolver sobre el caso de los seis dirigentes exculpados por la Camara de Acusación. El libertario Spaccesi mostró su proyecto y lo reclamó. Mogetta pidió sumarios en Tribunal de Faltas y Hernández Maqueda tiene apoyo opositor.
Luego de que el legislador cordobés, Gregorio Hernández Maqueda, haya buscado prohibir la actividad "naranjita" en las calles de Córdoba. Los mismos le respondieron con una denuncia penal, tras ser considerados una "mafia" por el legislador.
Juan Pablo Quinteros pidió "ir a fondo" con una ley antipiquete. Sin embargo, el legislador libertario le recordó sobre la existencia del proyecto de ley en espera de ser aprobado en la legislatura. "que le parece si le pide al presidente de su bloque que lo tratemos y aprobemos la próxima sesión", expresó en su cuenta de X.
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El legislador de Punilla, Walter Gispert, tuvo un encuentro político en el sur de su departamento donde se puso en discusión el acompañamiento institucional a cada localidad.
Mientras el desarrollo territorial del partido avanza bajo el mando de Bornoroni, Sikora arma desde afuera, y circulan los primeros carbónicos de la lista. Chocan distintas versiones sobre el rol de Mogetta y pronostican que un “tapado” podría ocupar el primer lugar de la boleta. Río revuelto en el cauce libertario.
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El Ejecutivo Municipal enviará en los próximos días un proyecto de “ordenamiento de actividades en el espacio público”. Buscan lograr un consenso en el Concejo Deliberante y tendrían el aval del CECIS, que hace tiempo pide que el Municipio tome medidas “como se ha hecho en otras ciudades del país”.
