Redacción Alfil
Tras una larga anticipación, el legislador Gregorio Hernández-Maqueda finalmente presentó ante la Legislatura el proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches o "naranjitas" en todo el territorio provincial mediante la modificación del artículo 60 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley N° 10.326).
Será el Ministerio de Seguridad el encargado de aplicar dicha ley y deberá: Elaborar estadísticas y diagnósticos.
Brindar capacitaciones gratuitas en oficios, asegurar la re-inserción laboral o rehabilitación de los afectados y ofrecer apoyo a municipios y canales seguros para denuncias anónimas.
De acuerdo con el documento, la ley sancionaría hasta 18 días de trabajo comunitario, Multa de hasta 36 Unidades de Multa, o Arresto de hasta 9 días a quienes no siendo funcionarios designados exijan dinero por permitir estacionar o alegar cuidar vehículos en la vía pública.
El proyecto también plantea una modificación del artículo 2 y 3, donde cada uno de los municipios o comunas deberán adecuar sus normativas a esta ley y deberán informar en 15 días al Ministerio de Seguridad el listado de cuidacoches activos, diferenciando si operan como permisionarios o sin autorización.
Maqueda detalló que los municipios deberán promover el estacionamiento gratuito, y en caso de regular, solo se les permitirá a través de sistemas digitales como VeDi (Vecino Digital), CiDi (ciudadano digital), etc. o a través de Intermediación de funcionarios oficiales, sin superposición. Las áreas de estacionamiento tarifado deberán ser publicadas previamente; de lo contrario, el cobro será nulo.
Finalmente, El Ministerio de Economía provincial y Gestión Pública queda autorizado a hacer los cambios necesarios en el presupuesto provincial para que esta ley se pueda aplicar correctamente. Es decir, si hace falta dinero para: organizar cursos, contratar personal, implementar sistemas digitales, o cualquier otra acción relacionada con esta ley.
Según argumentó Hernández Maqueda en el documento entregado en la Legislatura, la ley contaría con un alto respaldo ciudadano: "los cordobeses coincidieron ampliamente con el diagnóstico que realizamos al momento de presentar la reforma", explicó el legislador de Mejor futuro.
En ese sentido, argumentó que el cobro de los narajitas es considerado un servicio "ilegal y coercitivo" donde el cobro por cuidar autos impone un pago indebido al ciudadano. "Incurre, en primer lugar, en una doble imposición. La protección de la propiedad privada es una función indelegable del Estado".
En segundo lugar, Maqueda argumentó que los "naranjitas se constituyen como un flagelo a resolver para evitar la incomodidad e inseguridad que paradójicamente le ocasionan a los cordobeses y turistas que se topan con ellos".Además de ser una actividad informal, se asocia frecuentemente a amenazas, coacción o extorsión.
Por otro lado, el documento critica los intentos de las municipalidades de ordenar el sistema mediante permisos y cooperativas donde legitiman la institucionalizan la legitimación sin garantizar condiciones laborales ni seguridad jurídica. "No es otra cosa más que la legitimación de la violencia y también la desprotección de sus integrantes en materia laboral", expresa el texto.
