Durante la última sesión legislativa, el cuerpo trató proyectos municipales y expresó posicionamientos sobre discapacidad.
Río Cuarto06 de junio de 2025
Redacción Alfil
El Concejo Deliberante local celebró este jueves una nueva sesión ordinaria, donde el temario volvió a incluir temas vinculados a la agenda nacional. Además de los proyectos municipales que fueron aprobados, los concejales se expresaron sobre la situación de las personas con discapacidad y emitieron pronunciamientos relacionados con la seguridad pública.
Para describir lo ocurrido en la sesión, es clave enfocarse en el tramo final del encuentro, cuando se abordó el tema de la discapacidad. Fue el día posterior a la marcha encabezada por familiares y organizaciones del sector, que reclamaron medidas concretas para garantizar derechos y prestaciones. En ese contexto, el Legislativo local volvió a cuestionar el accionar del Gobierno nacional.
En la previa, la presidenta del Concejo, Ana Medina, ya se había pronunciado a favor de declarar la Emergencia en Discapacidad a nivel nacional. “Hay un negacionismo del Estado nacional hacia los derechos adquiridos. Incluso, se escucha un discurso peligroso que traslada la responsabilidad a las familias y no al Estado”, afirmó.
Durante la sesión, se sumaron intervenciones tanto del oficialismo como del bloque La Fuerza del Imperio del Sur. Un dato llamativo fue la ausencia de la mayoría de los ediles de Primero Río Cuarto en ese tramo del debate. Gabriel Abrile no se encontraba en la ciudad, Antonella Nalli debió retirarse por compromisos previos y, en el caso del concejal Pablo Benítez (juecista), no se brindaron precisiones sobre su ausencia.
Cabe recordar que dicho bloque había sido criticado por su defensa inicial de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, en las últimas semanas mostraron una postura más cercana al reclamo de las organizaciones. Incluso, participaron de la movilización realizada el miércoles en Plaza Roca.
Seguridad
Otro de los temas abordados fue la seguridad, tanto en clave nacional como provincial. En ese sentido, el Concejo expresó su adhesión a la resolución de la Legislatura de Córdoba que solicita al Congreso de la Nación la modificación del Código Penal para agravar las penas de delitos cometidos mediante el uso de motovehículos.
Además, se aprobaron cambios en artículos del Código de Faltas y del Código de Tránsito, con el objetivo de “reforzar la seguridad y el control municipal”. Las modificaciones regulan la actuación de los inspectores de tránsito durante los operativos de remoción de vehículos.
“El propósito del proyecto es restablecer y adecuar su redacción para fomentar la seguridad vial y facilitar la libre circulación”, señalaron desde el bloque oficialista. También se incluyó la posibilidad de que, tanto ciudadanos como inspectores, puedan evaluar cada situación para subsanar determinadas infracciones contempladas en la normativa.
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La visita del presidente para la ceremonia de llegada de los aviones F-16 podría significar una oportunidad para que los intendentes entablen un mínimo diálogo con el mandatario. Sin embargo, aún no se cursaron las invitaciones formales a los jefes municipales del Gran Río Cuarto. Los reclamos a Nación que aún siguen latentes.
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Con apoyo opositor, el oficialismo se encamina hacia la aprobación del proyecto con el que Guillermo De Rivas busca relanzar el sistema urbano. Hubo críticas y matices en la oposición, pero la segunda lectura no está en riesgo. El nuevo esquema, diseñado junto a la UTN, podría comenzar a funcionar en febrero.
El Jurado de Enjuiciamiento dispuso por unanimidad avanzar contra los tres fiscales que se sucedieron en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso. El proceso se iniciará en 2026 y tendrá dos posibles desenlaces: la destitución o la confirmación en sus cargos. Juan Manuel Delgado será el acusador.
La flamante diputada nacional está cada vez más cerca del presidente pero aún no ha exhibido una foto con el mandatario. Río Cuarto ahora tiene tres bancas en el Congreso y dos de ellas pertenecen a La Libertad Avanza. El repaso por la representación local en Diputados durante los últimos años.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
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El mandato de Ferrer es hasta septiembre del 2026, pero el mestrismo quiere el calendario antes de fin de año.
El legislador provincial de Juntos por el Cambio reavivó el debate sobre la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba al respaldar un proyecto que permitiría elevar hasta 4% las alícuotas de aportes personales, en medio del rechazo de gremios estatales que advierten impacto salarial y vulneración de derechos previsionales.
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