Felipe Osman
Si todo marcha conforme a los planes que el oficialismo dice tener, Córdoba avanza hacia la sanción de un nuevo Código de Convivencia que jubilará al aprobado por Ramón Mestre en 2016, aunque montado sobre una estructura de más de 40 años.
Ayer, Passerini puso en marcha la redacción de una nueva ordenanza, que el oficialismo imagina como un el punto de partida hacia la reconfiguración de la dinámica en que se signa la convivencia en la ciudad. El objetivo es, sin lugar a dudas, ambicioso. No pretende quedarse sólo en la tipificación de nuevas figuras contravencionales, como el ciber acoso, la suplantación de identidad digital o el uso de ‘deep fakes’.
Por el contrario, se propone virar de un paradigma punitivista hacia otro de ‘gestión democrática del conflicto’, incluyendo mediadores comunitarios, y dando participación a los centros vecinales y tribunales vecinales para lograr su recomposición; incorporar una ‘mirada metropolitana’, abarcativa de una fenomenología que no se interrumpe en los límites de la ciudad, para evitar duplicidad de sanciones en áreas interjurisdiccionales; y hacer uso de un lenguaje claro a la nueva redacción, asequible al vecino de a pie.
Una parte de la oposición está convencida de que tendrá amplia participación en la redacción y, aunque el oficialismo no hace nada para alejarla de ese convencimiento, Alfil pudo acceder a un borrador bastante avanzado en el que trabaja Hacemos Unidos, con 229 artículos consolidados que, prima facie, van en dirección a los objetivos propuestos.
En las bancadas minoritarias las sensaciones oscilan entre el entusiasmo de algunos ediles que tienen ideas para aportar y otros, que son los más, que presienten que el anuncio del oficialismo quedará sólo “en los titulares”. De hecho, ofrecen ejemplos, tales como el Nuevo Marco Regulatorio del Transporte, la regulación de las Apps de transporte (Uber, Cabify, DiDi, y demás), y la recordada modificación de la Carta Orgánica Municipal. Experimentos que el PJ puso en pausa o abandonó antes de terminar.
No es la única objeción que plantea la oposición. Desde el Frente Cívico, Graciela Villata aprovechó la presentación de Passerini para traer a colación la Audiencia Pública a celebrarse este jueves, que es parte del proceso para la aprobación de la Cuenta de Ejercicio 2023, último año de Martín Llaryora al frente de la Intendencia. Más allá de quejarse por el incumplimiento de los tiempos en que el Concejo debe tratar el asunto, la edil opositora acusa que la Cuenta de Ejercicio 2023 no sólo no incluye las erogaciones de los entes, sino que además fue diseñada clasificando los gastos según la estructura orgánica que Passerini definió al llegar al poder el 10 de diciembre, y no atendiendo al gabinete con el que funcionó el municipio durante (casi) todo el año, imposibilitando a la oposición el desglose de las erogaciones.
Volviendo al tema central de esta nota, es difícil interpretar el orden de prioridad que cabe asignar a la redacción un nuevo Código de Convivencia. Sus fines se advierten loables, pero la ciudad parece tener otras urgencias. La parálisis en el tratamiento del Nuevo Marco Regulatorio del Transporte no es indiferente. Luego de su sanción, deben pasar por el Concejo los pliegos de una nueva licitación para el transporte de Córdoba. Y más temprano que tarde vencerá la licitación de la recolección de residuos (que puede ser extendida por dos años más). Son servicios públicos esenciales. Nucleares para cualquier administración, más allá de la impronta que a cada una se quiera imprimir.
Si el Código de Convivencia es un aditamento, bienvenido será. En cualquier otro caso, será otra ordenanza dictada desde la torre de marfil.
