Llegó la definición de listas y en Córdoba todo parece reducirse a una gran interna peronista
Los derechos de Cristina
Algunas veces la expresidenta y sus seguidores hablan como si en Argentina no rigiera una Constitución que contempla todo lo que pasó
Nacional23 de junio de 2025
Javier Boher
Por Javier Boher
Hubo dos cosas que me hicieron escribir sobre esto. La primera, un tuit -ya no recuerdo de quién- en el que se señalaba que Cristina había logrado imponer la idea de que no está presa, sino aislada, en cuarentena, proscrita o algo por el estilo. No cambió de domicilio, se comunica con la gente a través de las redes y recibe visitas, casi como cuando en la pandemia llevaba chicos del secundario a tomar la leche y hacerse la piba, cuando en realidad ya parecía la abuela que te recibe con té y masas finas. Está presa, pero no parece.
La otra cosa que me hizo pensar en esta nota fue un video de Santi Maratea (el influencer que recauda plata para ayudar a personas o comunidades que lo necesitan) en el que sienta una posición sobre el caso de Cristina, aclarando que la gente se lo estaba pidiendo. Ahí establece un alegato a favor de la República que, sobre el final, nos enteramos que es un extracto de un discurso de la ex presidenta (a la que imita hasta con las pausas y la carraspera). La sonrisa del final denota que les está tomando el pelo y que no se toma la política nada en serio.
A partir de estas dos cosas es que me puse a pensar en la división de poderes, el Estado de Derecho y este circo que se ha armado en torno a la condena de una ex presidenta, que debería preocuparnos más que alegrarnos (por la mala calidad de nuestra clase dirigente, no por el lawfare o todos esos argumentos infantiles de los que la quieren en libertad). Cristina no cree en la división de poderes, a la que criticó como algo de otros tiempos, vinculado a la Revolución Francesa (y no a la experiencia norteamericana, la que más copiaron nuestros constituyentes originales). Lo hizo varias veces, pero en 2022, cuando seguía socavando y torpedeando la ya golpeada gestión de su elegido, Alberto Fernández, lo terminó de confirmar: “Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad, eso es el poder”.
Quizás la definición no es del todo errada, pero pinta un panorama sobre cómo entiende al poder, la voluntad de uno sobre muchos. No parece ser muy diferente a lo que plantea Milei, por eso la división de poderes y el republicanismo son ideas que nunca pasan de moda. Pasaron 300 años, pero si se quieren resguardar los derechos y libertades individuales al poder es mejor dividirlo.
Por eso, a pesar de que no soy abogado, me voy a detener un poco en la Constitución Nacional, esa que materializa las ideas del liberalismo político en un instrumento jurídico que le da forma a las instituciones y la vida democrática. Pido perdón de antemano a los que tienen claro el texto fundamental.
La Constitución tiene dos partes. La primera es la que contiene las declaraciones, derechos y garantías. Es la parte más “filosófica”, en la que se establecen las definiciones básicas sobre qué pueden hacer (y qué no) el individuo y la sociedad. Así, el primer artículo dice que la forma de gobierno es representativa, republicana y federal, lo que abre la puerta para toda la segunda parte, que es la que tiene que ver con la organización institucional y el funcionamiento básico de los tres poderes del gobierno. Hay 43 artículos en la primera parte y 85 en la segunda.
El artículo 16 es el que más le duele a los que han sabido disfrutar las mieles del poder, particularmente entendido como lo hace Cristina: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.”
Esa igualdad es mucho más poderosa que la igualdad material que dicen defender algunos, porque todos deben sentarse en el mismo banquillo de los acusados, enfrentar a los jueces y cumplir las condenas, independientemente de cuánta gente los vote, acampe por ellos o se tatúe su cara en una nalga o un pecho.
No importa ser hijo de alguien poderoso, tener buenos operadores judiciales o haber ejercido cargos importantes. Lo aprendieron Monzón y el Pato Cabrera, que a pesar de sus éxitos deportivos tuvieron que estar detrás de las rejas. También Julio De Vido o Ricardo Jaime, menos visibles pero políticamente más poderosos. Sin distinguir entre partidos o actividades, los poderosos Luis Medina Allende o Jorge Petrone también visitaron la cárcel. La igualdad ante la ley es lo más poderoso y revolucionarios dentro del liberalismo político, la idea que vino a romper los privilegios de cuna que impedían que algunas personas pagaran por sus acciones en contra de las leyes que ataban al resto de la gente.
El artículo 18 dice que nadie puede ser penado sin juicio previo, lo que se comprueba en todo el proceso que llevó a confirmar la condena a Cristina. Hoy parecen querer instalar que hubo un capricho de los jueces de la Corte o una orden del presidente Milei, cuando la realidad indica que esto lleva años haciendo su camino dentro de los tribunales. Todo ajustado a derecho, sin más posibilidades de patalear que quejarse para que escuche una militancia dispuesta a autoengañarse. A esa gente hay que recordarle que el artículo 22 afirma que el pueblo no delibera ni gobierna, sino que para ello hay representantes y autoridades creadas por la Constitución. Nadie puede organizarse y atribuirse la voz del pueblo sin correr riesgo de cometer el delito de sedición.
La división de poderes y el Estado de Derecho no son ideas viejas -como pueden ser el despotismo ilustrado, la esclavitud o el creacionismo- sino una fuerza vital, actual y necesaria que solamente es resistida por los que quieren cruzar los límites de las leyes, se llamen como se llamen.
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