Paro y antorchas: Córdoba mete presión por la Ley de Financiamiento Universitario

Por: Francisco Lopez Giorcelli

Este jueves 26 de junio, Córdoba volvió a convertirse en epicentro de una jornada de lucha universitaria. La convocatoria incluyó un paro de actividades, clases públicas y una ronda de antorchas que partió desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para recorrer el centro de la ciudad. La medida fue impulsada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNC (Adiuc), con fuerte acompañamiento estudiantil y no docente. En el centro del reclamo estuvo la exigencia de que el Congreso trate y apruebe la Ley de Financiamiento Universitario, presentada el 28 de mayo pasado por el CIN, gremios y federaciones estudiantiles.

La contundencia del paro, que se extendió durante 48 horas, no fue solo una señal gremial. Fue una interpelación política a todo el sistema institucional argentino. ADIUC denunció que “tras más de un año y medio de ajuste sobre los salarios y el presupuesto universitario, el malestar es creciente y la realidad apremia”. El reclamo sigue sin respuesta concreta del Ejecutivo por lo que la comunidad universitaria insiste en que el problema dejó de ser presupuestario: es ideológico.

Desde la asunción de Javier Milei, el discurso del “no hay plata” se convirtió en una matriz de gobierno. La consolidación de un superávit fiscal a cualquier costo es, a esta altura, una política de Estado. Pero esa política, presentada como virtuosa, se construye sobre el recorte de áreas claves como educación, salud, ciencia y cultura. Según el IEC-CONADU, las universidades perdieron un 22,5% de su presupuesto real, mientras que los sueldos docentes cayeron un 28,1%. Se trata de una transferencia sistemática de recursos desde lo público hacia un Estado mínimo que solo garantiza caja.

Lo que se juega, en realidad, es el modelo de universidad pública. Mientras el Gobierno nacional afirma que el sistema es ineficiente, corporativo o incluso “adoctrinador”, miles de estudiantes y trabajadores universitarios denuncian un intento de vaciamiento que busca abrir el paso a la mercantilización del conocimiento. La universidad autónoma, laica y gratuita no es compatible con un Estado que se repliega hasta ser apenas gerente de las cajas para repartir presupuestos a discreción.

En ese marco, la protesta en Córdoba no fue solo una expresión sectorial. Fue una respuesta política frente a un proyecto de país que parece considerar a la educación como un gasto inútil antes que como una inversión estratégica. Las universidades nacionales —que forman a casi el 80% de los profesionales del país— son, para el Gobierno libertario, un obstáculo para la libertad entendida en términos estrictamente económicos. Esta visión reduce la formación a una mercancía más, accesible para quien pueda pagarla, prescindiendo de cualquier noción de derecho social.

Una estudiante autoconvocada a la movilización afirmó: “Estamos acá hoy enfrentando los ataques de este Gobierno y uno de estos ataques es, efectivamente, contra la educación pública”. Desde Adiuc, advirtieron que “el Gobierno está decidido a desmantelar el sistema público de producción de conocimientos”. Las declaraciones se inscriben en una creciente preocupación por el rumbo ideológico de la gestión libertaria. No se trata solo de números, sino de la disputa sobre qué valores deben guiar la organización social: solidaridad o competencia, inclusión o privilegio, futuro o resignación.

La Ley de Financiamiento Universitario presentada ante el Congreso propone establecer un piso presupuestario atado a la inflación y garantizar asignaciones automáticas. No requiere nuevos impuestos, no genera déficit, y es compatible con las metas fiscales. Su discusión parlamentaria puede ser la oportunidad para que el sistema político —incluso aquel alineado con el oficialismo— demuestre si está dispuesto a sostener una política de Estado que excede la coyuntura. La universidad pública, a diferencia de los números contables, tiene una larga memoria social. Lo que se recorta hoy costará generaciones revertirlo.

La movilización universitaria de Córdoba, además, se inscribe en una tradición de luchas que tiene como hito fundante la Reforma Universitaria de 1918. Aquella gesta nacida en las aulas universitarias promovió los principios de cogobierno, autonomía, libertad de cátedra y vinculación con los sectores populares. Hoy, más de un siglo después, esas banderas son actualizadas frente a un nuevo intento de disciplinamiento. La universidad se vuelve, otra vez, espacio de resistencia democrática.

Pero la batalla no se da sólo en la calle. También se juega en los medios, en el Congreso, y en la opinión pública. El Gobierno busca instalar la idea de una universidad parasitaria, ineficiente, capturada por intereses ideológicos. Pero la respuesta social hasta ahora ha sido contundente. La Marcha Federal del 23 de abril de 2024 y las múltiples movilizaciones posteriores —incluida la del 26 de junio en Córdoba— muestran que el apoyo ciudadano sigue del lado del sistema universitario. La educación pública, lejos de ser un privilegio de élites progresistas, es el anhelo de miles de familias trabajadoras.

La pulseada que sostiene Córdoba es el reflejo de una comunidad que no acepta más excusas. Exige que el superávit fiscal no se construya a costa de su futuro. El paro, las clases públicas y las antorchas simbolizan un último llamado al sentido común: sin recursos para docentes, no-docentes, investigación y becas, el derecho a formarse, a pensar y a innovar dejará de ser realidad. 

A esta altura, el Congreso tiene una responsabilidad histórica: transformar un pedido sentido en una ley real. No será fácil, pero esa sería una muestra de que la Argentina sigue creyendo en la potencia liberadora del conocimiento. Y, sobre todo, que la equidad y la calidad educativa no son negociables.