Francisco Lopez Giorcelli
Por: Francisco Lopez Giorcelli
La Universidad Nacional de Córdoba entra en una encrucijada de intereses: la puja gremial por el financiamiento y las paritarias nacionales se superpone con el calendario académico y, en ese cruce, la comunidad estudiantil aparece como el primer punto de conflicto por sus trayectos académicos.
Aunque ADIUC aclaró en su comunicado oficial del 27 de noviembre que no suspenderá turnos de exámenes en el corriente mes y en diciembre, la sola mención de un posible “no inicio” en 2026 —que incluye la no toma de finales en febrero y marzo— encendió alarmas dentro de los centros de estudiantes, agrupaciones,y estudiantes en general, y reactivó una discusión latente sobre los límites del plan de lucha.
En su documento, el gremio ratificó que continúa con las acciones aprobadas en Asamblea y que elevará a CONADU una postura más dura si no hay novedades salariales. También dejó un punto de orden político hacia adentro del sistema universitario: las medidas anunciadas para la primera semana de diciembre corresponden a CONADU Histórica, apuntando a despejar confusiones y a ordenar la interlocución ante un estudiantado que exige certezas académicas.
Sin embargo, la tregua de fin de año —con mesas garantizadas y un acuerdo tácito entre gremio y sectores estudiantiles para sostener reclamos sin afectar evaluaciones— no alcanzó para desactivar las tensiones. En facultades como Psicología, las discusiones ya desembarcaron en el Consejo Directivo: allí, la agrupación Sur, segunda fuerza y actor clave desde las últimas elecciones, llevó un planteo que volvió a poner al decano Germán Pereno bajo presión.
Si bien la agrupación se muestra a favor de la lucha docente y defiende el reclamo por paritarias, dejó en claro que también tiene la obligación de responder a las necesidades concretas de la comunidad estudiantil que representa. Bajo esa premisa, sostuvo que, ante cualquier eventual suspensión futura de exámenes, la Facultad deberá garantizar automáticamente una nueva fecha, evitando que miles de estudiantes queden atrapados en una parálisis institucional que les impida avanzar en su trayectoria académica.
El posicionamiento no es menor: Sur viene ganando espacio político en Psicología desde que Pereno asumió, articulando una serie de cuestionamientos a la gestión y marcando fallas en compromisos que, aseguran, no se cumplieron desde la campaña. La denuncia sobre las “reinauguraciones” de aulas —que, según la agrupación, “solo agregaron dos enchufes”— fue la antesala de un clima donde cada medida del decanato queda bajo escrutinio. En ese contexto, el tema de los exámenes se convirtió en un terreno donde Sur intenta un equilibrio entre el apoyo a la lucha docente con la necesidad de no perder sintonía fina con la base estudiantil, que no está dispuesta a resignar regularidades ni cursadas.
Para Pereno, ese equilibrio es cada vez más difícil: alinearse institucionalmente con la postura de la UNC —defensa de la universidad pública, rechazo al ajuste y solidaridad con el reclamo salarial— no alcanza para neutralizar la percepción de un estudiantado que exige previsibilidad académica. La gestión debe evitar quedar atrapada entre dos fuegos, mientras su principal oposición interna capitaliza cada desorden.
A nivel más amplio, la advertencia de ADIUC de llevar al plenario de CONADU la propuesta de no inicio 2026, de no haber señales del Gobierno nacional, funcionó como el dato político más resonante del fin de año. La posibilidad de que febrero y marzo queden sin exámenes alteró los ánimos en centros y federaciones, que analizan cómo sostener la defensa de la universidad pública sin caer en los costos académicos que suele pagar el estudiantado. Algunos sectores ya trabajan en protocolos de reprogramación; otros prefieren no anticipar posiciones para no quedar pegados a un reclamo que podría escalar.
El Rectorado observa con cautela. Sin margen presupuestario propio y con el Congreso empantanado en la discusión del Presupuesto 2026, las autoridades universitarias se limitan a respaldar la defensa del financiamiento y a advertir que el conflicto no tiene resolución local. El problema es que la tensión docente-estudiantil sí se expresa puertas adentro, y cada facultad gestiona como puede el impacto del malestar acumulado.
Por ahora, la suspensión de finales quedó desactivada para este cierre de año. Pero el debate de fondo sigue abierto. Con agrupaciones estudiantiles tomando posiciones propias, ADIUC afirmando su unidad de acción y una base estudiantil cada vez menos dispuesta a quedar presa de las negociaciones nacionales, la UNC ingresa en un verano donde cada gesto tendrá traducción política. El 2026 podría arrancar sin clases, sin exámenes y con una interna universitaria más tensa de lo que el Rectorado quisiera admitir.
