Francisco Lopez Giorcelli
Por: Francisco Lopez Giorcelli
Los comunicados cruzados entre la UNC y ADIUC confirmaron que DASPU es hoy un punto sensible dentro de la política universitaria. Entre recortes, cambios en la red de prestadores y advertencias sobre su sostenibilidad, la obra social quedó en medio de una pulseada que promete continuar.
DASPU volvió al centro de la escena universitaria, y no precisamente por razones sanitarias, sino por el contexto de crisis que atraviesa. La obra social de la UNC, tradicionalmente un espacio sensible y relativamente ajeno a las disputas más visibles, entró en una fase de turbulencia que expone la fragilidad del modelo de salud universitaria en tiempos de ajuste. La creciente tensión entre ADIUC y la gestión de la obra social, que es encabezada por sectores cercanos al rectorado (el Secretario General de la UNC, Daniel Lago, fue el armador de la lista que ganó hace un año) se transformó en un capítulo más del extenso tire y afloje en la Casa de Trejo.
El gremio docente viene advirtiendo desde octubre que la situación de DASPU es “crítica”. En aquel comunicado del 24/10, ADIUC no sólo denunció el impacto del desfinanciamiento nacional en los salarios universitarios —uno de los aportes centrales que sostienen la obra social—, sino que planteó abiertamente que la combinación entre caída del poder adquisitivo y aumento del costo médico coloca a la obra social “en riesgo estructural”. La preocupación no es menor: las obras sociales universitarias tienen menos margen de maniobra que las sindicales tradicionales, y las decisiones administrativas suelen sentirse rápido en el bolsillo y en la vida cotidiana de sus afiliados.
El Rectorado, por su parte, respondió con una serie de comunicados institucionales buscando explicar las medidas que se venían implementando. Desde fines de octubre, la UNC informó cambios que no pasaron desapercibidos: cierre de la farmacia en la sede Maternidad, reordenamiento de prestaciones y, sobre todo, la salida del Hospital Privado Universitario de la red de prestadores. La decisión, fundamentada en la inviabilidad económica de sostener ese convenio, generó ruido inmediato entre docentes y nodocentes, especialmente quienes recibían tratamientos de continuidad. La gestión intentó matizar el impacto aclarando que los tratamientos crónicos seguirían cubiertos, pero el debate político ya estaba instalado.
La interpretación de ADIUC fue inmediata: para el gremio, la gestión consolidaba un ajuste silencioso que trasladaba costos a los afiliados. El documento que difundió el 20 de noviembre retoma ese diagnóstico y eleva el tono: exige “medidas urgentes”, modernización de los procesos administrativos, reapertura efectiva de afiliaciones, ampliación de la red de prestadores y mayor transparencia en la gestión interna. Pero su señalamiento más fuerte apunta directamente al Rectorado: el sindicato demanda que la UNC reconozca que la crisis de la obra social es un problema institucional y que garantice recursos extraordinarios para evitar su deterioro.
En los pasillos de la UNC se admite que el escenario financiero es complejo. Las obras sociales universitarias están atravesadas por un doble frente: la caída salarial, que erosiona sus ingresos, y el aumento acelerado del costo de medicamentos, prácticas y coberturas. Pero más allá del diagnóstico económico, la discusión se cargó de contenido político. Desde distintos sectores docentes y no docentes insinúan que la administración de la obra social —dominada por el oficialismo universitario— viene tomando decisiones similares a las aplicadas en los Servicios de Radio y Televisión (SRT), donde el ajuste derivó en reducción de personal, precarización y un conflicto que aún arrastra sus secuelas. Esa comparación no es menor: instala la idea de que, si no se frenan a tiempo, los recortes en DASPU pueden seguir la misma lógica.
La UNC, en cambio, intenta mostrar que se trata de un proceso inevitable en un contexto donde el Estado nacional profundiza su política de recorte a las universidades. En su comunicado de “aspectos a considerar sobre la cobertura prestacional”, la gestión universitaria volvió a subrayar que el aumento del costo médico impide sostener ciertos convenios sin comprometer la sustentabilidad de la obra social. Para el Rectorado, no se trata de un ajuste ideológico, sino de un problema aritmético: los números no cierran y mantener acuerdos inviables pone en riesgo a toda la institución.
Sin embargo, la disputa ya trascendió el terreno técnico. En un año donde la tensión gremial nunca bajó, DASPU se convirtió en un espacio donde se juega poder: quién define las prioridades, quién paga el costo político, quién carga con la responsabilidad frente a los afiliados. No es casual que ADIUC, que consiguió representación en el Consejo Directivo de la obra social tras la renovación reciente, haya decidido elevar la presión en este momento. La estrategia parece ser marcarle la cancha al Rectorado, evitar que la gestión avance con reconfiguraciones prestacionales y, al mismo tiempo, capitalizar el malestar entre docentes que ven la salud como un derecho que no puede quedar subordinado al ajuste.
El tire y afloje promete continuar. DASPU es hoy un tablero donde confluyen la macroeconómica nacional, la política universitaria cordobesa y los intereses gremiales. El Rectorado busca administrar la crisis sin comprometer la sustentabilidad financiera; ADIUC presiona para que el costo no se descargue sobre los afiliados. En el medio están ciento de docentes, nodocentes y jubilados que dependen de la obra social para sostener su salud.
La pregunta de fondo no es técnica, sino política: ¿hasta dónde está dispuesta la UNC a absorber el impacto del ajuste nacional para sostener a su propia obra social? ¿Y cuánto margen tiene ADIUC para tensar sin quedar atrapado en una disputa que también es presupuestaria? El conflicto recién empieza y DASPU será uno de los escenarios más sensibles en los meses que vienen.
