Intendentes del departamento Río Cuarto emitirían un documento para manifestar su preocupación ante la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional. Malestar por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales e incertidumbre por la segunda etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg.
Río Cuarto10 de julio de 2025
Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
“¿Ante quién vamos a reclamar ahora?” se preguntan los distintos intendentes y jefes municipales del departamento Río Cuarto tras la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Aunque no es novedad que los mandatarios han debido afrontar los costos de algunas tareas de bacheo y reparación que le corresponden al Estado Nacional, la preocupación se agudiza al no saber “qué puerta deberán golpear”. Cabe recordar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, también comunicó la disolución de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Desde comienzos del 2025, comenzaron a conocerse casos de municipios del sur que llevaron a cabo las tareas de mantenimiento de rutas nacionales que le correspondían a Nación. Por ejemplo, la Municipalidad de General Deheza realizó tareas de bacheo que comprendían casi 10 pozos de gran magnitud en la Ruta 158. En su momento, debieron requerir el permiso a Vialidad Nacional, quien los habilitó a llevar a cabo los trabajos. La demora por parte del Estado Nacional para iniciar las acciones correspondientes incidió en que los gobiernos locales inicien los arreglos, priorizando aquellos que resultaran de mayor urgencia para prevenir accidentes viales.
En el Gran Río Cuarto, se advierte mucha incertidumbre en relación a una obra de gran envergadura como la Autovía Río Cuarto- Holmberg. La primera etapa está prácticamente concluida y se espera una pronta habilitación. No obstante, a fines de abril, el Municipio de Santa Catalina (Holmberg) ya había comenzado a gestionar el inicio de la segunda etapa de las obras, tras advertir un buen ritmo de trabajo en la primera etapa que mostraba un alto grado de avance.
El intendente de dicha localidad, Maximiliano Rossetto, reafirmó que, al igual que otros municipios, debieron hacerse cargo del mantenimiento de la carpeta asfáltica, banquinas descalzadas y ya prevén la realización de tareas de desmalezado que implicarán varios meses de trabajo. El mandatario comentó que la preocupación es compartida por los distintos jefes municipales de la región y, en relación a la segunda etapa de la autovía, consideró que la decisión de disolver Vialidad Nacional “no genera buenas expectativas al respecto”.
El malestar de los intendentes con el gobierno nacional comenzó a acrecentarse en los últimos meses. La semana pasada, la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, visitó Río Cuarto y se reunió con más de 25 intendentes de la Comunidad Regional. En aquella reunión, Montero manifestó que “hay dos posibilidades frente a la crisis y ante la ausencia de recursos nacionales. El gobernador tomó decisiones fuertes porque hacemos el ahorro donde lo tenemos que hacer pero no a costa de los programas sociales de nuestra gente”.
En diálogo con LV16, el intendente de Sampacho y presidente de la Comunidad Regional, Franco Suáarez, tuvo expresiones contundentes en relación al gobierno de Javier Milei. “El Estado Nacional ha decidido retirarse totalmente de la ayuda y donde prácticamente el 100% del acompañamiento a nuestros vecinos se hace a través del Municipio junto con la provincia”, manifestó Suárez y consideró que varias de esas decisiones (por ejemplo, en materia de políticas de discapacidad) “no tienen que ver con que al gobierno le cierren los números sino que son cuestiones ideológicas que rozan cierta perversidad”.
Por otra parte, en el marco de los festejos del 9 de Julio, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas se expresó en contra del cierre de Vialidad y la reestructuración del INTA: “Hay que revisarlo y repensarlo. Si muchas voces como las de los gobernadores y los intendentes expresan esto, hay que buscar oportunidades para sentarse a dialogar. Sin imponer. Si tiene que haber un nuevo consenso fiscal, un nuevo pacto para la redistribución de los tributos del país, hay que generar los espacios para debatir y generar decisiones en conjunto”.
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La visita del presidente para la ceremonia de llegada de los aviones F-16 podría significar una oportunidad para que los intendentes entablen un mínimo diálogo con el mandatario. Sin embargo, aún no se cursaron las invitaciones formales a los jefes municipales del Gran Río Cuarto. Los reclamos a Nación que aún siguen latentes.
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Con apoyo opositor, el oficialismo se encamina hacia la aprobación del proyecto con el que Guillermo De Rivas busca relanzar el sistema urbano. Hubo críticas y matices en la oposición, pero la segunda lectura no está en riesgo. El nuevo esquema, diseñado junto a la UTN, podría comenzar a funcionar en febrero.
El Jurado de Enjuiciamiento dispuso por unanimidad avanzar contra los tres fiscales que se sucedieron en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso. El proceso se iniciará en 2026 y tendrá dos posibles desenlaces: la destitución o la confirmación en sus cargos. Juan Manuel Delgado será el acusador.
La flamante diputada nacional está cada vez más cerca del presidente pero aún no ha exhibido una foto con el mandatario. Río Cuarto ahora tiene tres bancas en el Congreso y dos de ellas pertenecen a La Libertad Avanza. El repaso por la representación local en Diputados durante los últimos años.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
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El mandato de Ferrer es hasta septiembre del 2026, pero el mestrismo quiere el calendario antes de fin de año.
El legislador provincial de Juntos por el Cambio reavivó el debate sobre la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba al respaldar un proyecto que permitiría elevar hasta 4% las alícuotas de aportes personales, en medio del rechazo de gremios estatales que advierten impacto salarial y vulneración de derechos previsionales.
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