Martina Forns, jueza federal de San Martín, detuvo por seis meses los cambios administrativos en la dirección de Vialidad y está de acuerdo con el planteo de un gremio.
17 de julio de 2025
Gabriel Marclé
Por Redacción Alfil
Este jueves la jueza federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, ordenó la suspensión por un plazo de 6 meses de cualquier acto administrativo que busque disolver la dirección de Vialidad Nacional, esto para no restarle importancia a la medida cautelar del gremio Sevina (Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires).
Por lo cual, el decreto 461 que fue dictado el 8 de julio por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y que disolvía a la Dirección Nacional de Vialidad quedó anulado por la magistrada. La orden de la jueza hacia el Poder Ejecutivo consta de que el mismo se abstenga a "ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del ya mencionado decreto".
La sentencia a detalle expresa que el Poder Ejecutivo no tendrá permitido realizar "reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad".
"Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permiten justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo", determinó la orden.
Según Forns, estas posibles medidas que quiera realizar el Gobierno Nacional sobre la dirección impiden a que el Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, se permita "alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia".
Cabe destacar que esta suspensión marcada por la magistrada puede ser apelada si el Gobierno exige una revisión de la la Cámara Federal de San Martín.
Se vienen cambios en la cartera de Seguridad de la provincia de Córdoba que conduce el ministro Juan Pablo Quinteros. El actual administrador general de la Justicia de Faltas, Juan Manuel Aráoz, dejará después de 6 años ese cargo en la Municipalidad de Córdoba para saltar al equipo del gobernador Martín Llaryora, concretamente como secretario de Seguridad.
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