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Ferraro presentó un amparo contra el DNU que reformó la SIDE
Diputados de la Coalición Cívica y el Partido Socialista presentaron un amparo contra el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia, argumentando su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, impulsor de la medida, sostuvo que el decreto no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia, y que invade competencias del Poder Legislativo.
Nacional06 de enero de 2026
Redacción Alfil
El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó hoy que el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia y autoriza a agentes de la SIDE a efectuar detenciones, "no cumple los requisitos" que marca la Constitución Nacional y debe ser declarado "inconstitucional" y de "nulidad absoluta".
El lunes, diputados de la Coalición Cívica - Ferraro y Mónica Frade - y el Partido Socialista - Esteban de Paulón-, presentaron una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo para pedir la suspensión de los efectos del DNU publicado el 31 de diciembre último. Por sorteo, el caso le tocó al juzgado en lo contencioso administrativo 4, de la jueza Rita Alián.
"Publicaron el decreto mientras los argentinos nos preparábamos para recibir el 2026”, ironizó Ferraro, quién además es titular nacional de la CC. En ese sentido, destacó que el amparo apunta contra una norma que "modifica en más de 30 artículos la Ley de Inteligencia Nacional", razón por la cual argumentó que debería ser debatido en el Congreso.
Para Ferraro, el Poder Ejecutivo promulgó un DNU cuando "no hay ni necesidad ni urgencia", y además "no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución nacional", según lo afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.
El legislador agregó que el DNU 941/2025, "se mete en materia prohibida por la propia Constitución en materia penal, al otorgarle a los agentes de inteligencia la posibilidad de arrestar personas, y esto es una modificación solapada del Código Procesal Penal en su artículo 184".
En el documento presentado por los legisladores nacionales ante la Justicia, señalaron procupación por la centralización del espionaje en el Poder Ejecutivo, alertando sobre la posible persecución política y la militarización de la seguridad interior. Además, cuestionan la capacidad del personal de inteligencia para realizar aprehensiones, lo cual vulneraría el debido proceso y los derechos humanos.
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