La jueza laboral Moira Fullana hizo lugar a la cautelar presentada por la CGT y frenó provisoriamente los artículos del decreto 340/25 que limitaban las medidas de fuerza.
Frente a una caída de $35 en la compra del "blue", el mercado financiero abrió con resultados mixtos frente a los bonos y acciones.
Mientras en diputados discutían el avance del DNU, el clima en el recinto se tensionó y el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez arremetió contra el presidente de la cámara baja, Martín Menem.
A través de este acuerdo, el Javier Milei busca reducir la deuda pública con el Banco Central. Ahora, el gobierno enviará un decreto al Parlamento para aprobar el acuerdo con el FMI.
Desde las redes oficiales de la Presidencia salieron a cruzar a la titular del Senado por el intento de tratar el DNU en la sesión de este jueves. El entorno de Milei habló de “sectores que pretenden avanzar con agenda propia”. A pesar de que ya lo había sacado del temario, la réplica en el mundo virtual envalentonó a Villarruel que podría impulsar el tratamiento en el Senado para hoy.
El ministro Luis Caputo presionó a los legisladores y planteó que si no se aprueba la ley ómnibus habrá medidas más duras. Hay similitudes con 2019.
El decreto estipula que las prepagas competirán de manera directa, sin necesidad de derivar aportes desde una obra social. Hay que elevar el ingreso per cápita de las familias de bajos salarios. Esto se puede lograr ordenando el Fondo Solidario de Redistribución.
Milei subió la vara en la tensión con la oposición y los críticos de la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia. “Se eliminan los tongos y eso genera resistencia”, dijo.
Hay un bono de $37.000 por tres meses para jubilados; pagos adicionales y suba de la Tarjeta Alimentar, crédito para retrabajores y exención de pago del componente tributario para categorías del monotributo.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
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El mandato de Ferrer es hasta septiembre del 2026, pero el mestrismo quiere el calendario antes de fin de año.
Tras una primera lectura atravesada por tensiones internas en la oposición y un clima legislativo fragmentado, el llaryorismo debe resolver si abre el proyecto a revisiones o si llega a la segunda vuelta con la misma hoja de ruta fiscal que defendió con firmeza en el recinto. Todo apunta a una ratificación del rumbo en la segunda lectura.
