Francisco Lopez Giorcelli
Por Francisco López Giorcelli
En el mapa político universitario se suele sobredimensionar la capacidad de movilización de las estructuras militantes y subestimar a un actor clave: la mayoría no organizada, el masivo estudiantil, docente y no docente. Estudiantes que no militan, docentes alejados de las lógicas gremiales y trabajadores que priorizan estabilidad por sobre alineamientos ideológicos conforman un electorado silencioso que no marca agenda, pero termina definiendo climas. En un contexto de ajuste persistente, estos sectores empiezan a ser interpelados de manera indirecta, aun cuando nadie los nombre explícitamente.
Ese voto no militante, además, no llega a la universidad en blanco. Buena parte del estudiantado masivo que hoy transita los primeros años lo hace atravesado por un clima político distinto al de generaciones anteriores. La irrupción de Milei y la legitimación social de la ideología libertaria dejaron huella, incluso entre quienes no se reconocen como militantes ni adherentes orgánicos. Hay allí una sensibilidad que desconfía del Estado, relativiza la conflictividad gremial y tiende a leer los problemas estructurales como fallas de gestión antes que como disputas de poder.
Esa mirada, muchas veces difusa pero extendida, condiciona la forma en que el ajuste es percibido dentro de la UNC. Para amplios sectores estudiantiles, el recorte no se vive necesariamente como una agresión ideológica, sino como un dato incómodo de la realidad, algo a administrar más que a confrontar. En ese marco, tanto el oficialismo como la oposición universitaria enfrentan un desafío común: traducir un conflicto político en términos comprensibles para una mayoría que no se identifica con consignas clásicas ni con relatos épicos, pero que empieza a sentir en lo cotidiano los efectos de decisiones tomadas lejos del aula.
Si tomamos de ejemplo a las facultades de Derecho y Psicología se ve que funcionan hoy como un espejo de esa disputa más ajustada e incómoda. Allí, donde el padrón estudiantil es grande y el voto históricamente volátil, los últimos procesos electorales mostraron cambios abruptos tanto en las gestiones como en los centros de estudiantes. No hubo virajes doctrinarios ni realineamientos ideológicos profundos, sino una señal más simple y más incómoda: cuando el estudiantado masivo se mueve, lo hace para castigar y premiar a quienes consideran que aportan a su trayecto dentro de la institución.
En Psicología, la derrota categórica de Pereno y de Franja Morada en el plano estudiantil dejó una advertencia difícil de relativizar. La conducción institucional no solo no ordenó políticamente al electorado, sino que quedó expuesta a un voto que separó, sin demasiados miramientos, la gestión de la representación. La moderación, allí, fue leída menos como equilibrio y más como distancia, y el resultado mostró que el voto no militante no responde a lógicas de pertenencia, sino a percepciones concretas de cercanía y eficacia.
En Derecho, aunque con un esquema más competitivo y fragmentado, se repite la misma lógica de fondo. Elecciones ajustadas, disputa voto a voto y ausencia de fidelidades duraderas configuran un escenario donde ninguna fuerza puede asumir que el control institucional garantiza respaldo político. Cada proceso vuelve a empezar desde cero, y cada error pesa más que cualquier capital acumulado.
Estos antecedentes no anticipan desenlaces, pero sí describen el clima de los últimos años en la Universidad. En un contexto de ajuste, el voto no militante se vuelve menos paciente, menos previsible y más sensible a los efectos concretos de las decisiones universitarias. No necesita grandes gestos ni consignas rimbombantes para expresarse: alcanza con que perciba que la gestión administra el deterioro sin explicarlo, o que la oposición denuncia sin ofrecer traducción práctica.
El oficialismo universitario construyó históricamente su fortaleza sobre ese electorado moderado, más proclive a la estabilidad que al conflicto abierto. La previsibilidad académica y la gobernabilidad institucional fueron durante años sus principales activos. Pero cuando el ajuste empieza a rozar la vida cotidiana de las facultades, ese contrato implícito se resiente, incluso sin estridencias ni rupturas visibles.
La oposición, mientras tanto, enfrenta un desafío simétrico. Sabe que el voto militante no alcanza, pero también que el no militante desconfía de las épicas permanentes. El equilibrio entre señalar responsabilidades y no sobreactuar el conflicto se vuelve clave, especialmente cuando el descontento todavía no se traduce en movilización, sino en distancia.
En este escenario, los silencios pesan tanto como las declaraciones. El voto no militante observa quién habla, pero sobre todo quién elige callar. Registra qué autoridades administran la crisis con prudencia y cuáles evitan asumir costos políticos. No exige radicalización, pero sí coherencia, y empieza a preguntarse hasta dónde la moderación es estrategia y desde cuándo se convierte en comodidad.
El arranque de 2026 encuentra a la UNC en una zona incómoda: sin grandes estallidos (aún), pero lejos de la calma. El electorado que nadie conduce todavía no se expresa de forma abierta, pero ya es el destinatario implícito de cada movimiento. No define candidaturas ni adelanta escenarios, pero empieza a condicionar la gobernabilidad.
La pregunta que queda abierta no es quién grita más fuerte ni quién controla más estructuras, sino quién logra interpretar a esa mayoría silenciosa que no milita, no marcha y no firma comunicados, pero que termina inclinando la balanza cuando la universidad entra en terreno incierto. Porque en la UNC, como en toda estructura de poder estable, el mayor riesgo no es el conflicto organizado, sino el momento en que el silencio deja de ser neutral.
