Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
El inicio del año político para la relación entre la Sociedad Rural de Río Cuarto y el Gobierno de Córdoba tuvo su primer capítulo visible el viernes, con la visita del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, a la sede de la entidad. Más allá del acto formal y de la agenda institucional, el encuentro funcionó como un espacio de planteos directos del sector productivo, donde la obra pública rural empezó a perfilarse como el principal punto de demanda para el nuevo período.
La actividad se desarrolló en el marco de una jornada organizada por el Ministerio de Bioagroindustria, en lo que fue su primera reunión tras la ampliación de su cartera y una oportunidad temprana para que el Panal comenzara a trazar la agenda del 2026 junto a un campo que se lamenta un arranque de año con pérdidas por sequía.
El encuentro reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes de la entidad anfitriona. Por la Comisión Directiva de la Rural participaron el vicepresidente primero, Alejandro Tonello, y el vicepresidente segundo, Omar Barlasina. Junto a Busso estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda, y otros integrantes del equipo ministerial. También asistieron el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas; autoridades de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias local y representantes de la Patrulla Rural que funciona en el predio.
El eje formal del acto fue la entrega de cheques correspondientes al programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y de herramientas para los consorcios camineros. Sin embargo, el momento políticamente más relevante llegó después, en la reunión que mantuvieron Busso y su equipo con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural. Allí, según relató Barlasina, el estado de los caminos rurales ocupó el centro de la conversación. El planteo principal fue la necesidad de anticiparse a los efectos de los eventos climáticos que, de manera recurrente, deterioran la red vial rural y condicionan la actividad productiva.
Desde la entidad se insistió en la importancia de establecer prioridades claras en la asignación de recursos, basadas en la experiencia acumulada y en los daños que se repiten año tras año. La lectura que deja ese planteo es política además de técnica: el campo busca que la obra pública rural “deje de ser reactiva y pase a ser planificada, con criterios definidos a partir de la realidad concreta de cada zona”.
Barlasina remarcó que la problemática de los caminos no impacta únicamente en la producción agropecuaria, sino también en la vida cotidiana de las familias rurales. El tránsito de la cosecha, el cuidado del ganado, el acceso a la educación y la circulación entre el campo y la ciudad aparecen como variables directamente condicionadas por el estado de la infraestructura vial. Ese enfoque amplía el reclamo y lo proyecta más allá del interés estrictamente sectorial.
Se trata de un pedido que ya venía siendo expresado durante 2025, con un grado mayor de vehemencia sobre el cierre del año. La entidad presidida por Heraldo Moyetta anunció incluso la presentación de un documento ante los distintos bloques de la Legislatura provincial para exigir que se avance con la pavimentación del tramo que une Las Acequias y Adelia María, una deuda de vieja data para el sur cordobés. El planteo apuntaba no solo a mejorar la conectividad y la actividad económica, sino también a que la Provincia financie la obra con fondos públicos, tal como ocurrió en otros tramos de la misma ruta o en la Ruta 11.
Otro punto abordado fue la necesidad de fortalecer la comunicación entre los consorcios camineros y el Ministerio de Bioagroindustria, en un contexto en el que su administración pasó de depender de Vialidad Provincial a quedar bajo la órbita de esa cartera. Desde la Rural se planteó la importancia de sostener un vínculo fluido y permanente, especialmente al momento de definir prioridades de intervención.
En clave política, el encuentro dejó una señal de inicio de año: la obra pública rural aparece como el primer gran tema sobre el que el campo busca marcar agenda ante la Provincia. La visita de Busso funcionó como un gesto de cercanía institucional, pero también como el escenario donde la Sociedad Rural de Río Cuarto comenzó a exponer cuáles serán los reclamos estructurales que atravesarán el vínculo en 2026.
Retenciones
Por supuesto, las retenciones también formaron parte de la agenda. Aunque con menor prioridad que el planteo de obra pública, los productores deslizaron la necesidad de que este año se replique y hasta se profundice el esfuerzo de Córdoba por lograr la eliminación definitiva del impuesto que -en palabras de Busso durante el viernes- “representan una penalización muy fuerte al sector”.
Desde Provincia respondieron que la llegada de Juan Schiaretti al Congreso le permitirá al campo contar con un aliado fuerte en la discusión nacional. Desde el ruralismo del interior expresaron tener buenas expectativas por este escenario, dejando entrever que su vínculo más sólido sigue siendo con el exgobernador, aunque la relación con Martín Llaryora todavía atraviesa una etapa de calibración. Sin embargo, más allá de las dudas que persisten sobre el futuro de los derechos de exportación, desde el campo del interior afirman que su mayor respaldo hoy se orienta hacia Javier Milei.
Gestos concretos
En paralelo a los planteos por la obra pública rural, la visita de Sergio Busso también dejó una batería de anuncios y entregas que funcionaron como respaldo político y material al sector. El ministro encabezó la entrega de aportes del programa Buenas Prácticas Agropecuarias a 177 productores, con una inversión que superó los 79 millones de pesos, distribuidos entre Carnerillo y Río Cuarto. La iniciativa, presentada como única a nivel nacional, apunta a incentivar la producción sostenible y el cuidado de los recursos naturales, al tiempo que reconoce con beneficios impositivos a quienes cumplen con los criterios del programa.
A esto se sumó el fortalecimiento de la infraestructura rural y de la seguridad en el territorio, con la entrega de maquinaria para los consorcios camineros, como tractores y retroexcavadoras, y cuatro camionetas 0 km totalmente equipadas para la Patrulla Rural, que prestarán servicio en distintas localidades de la región. Las acciones se inscriben dentro del Fondo de Desarrollo Agropecuario y del plan de reequipamiento de consorcios que impulsa la Provincia, mostrando que, junto al reclamo por caminos, también hay una agenda de inversión activa que el Gobierno busca poner en valor en su vínculo con el campo.
