Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
El Gobierno de Córdoba volvió a mostrar el avance del Centro de Desarrollo Infantil que está construyendo en Banda Norte, una obra que envía una señal política que la Provincia viene repitiendo en distintos puntos del interior: Córdoba ejecuta lo que Nación abandonó. En un contexto de fuerte ajuste sobre la obra pública nacional, la Provincia elige mostrar estos proyectos como emblemas de una gestión que sostiene la inversión incluso en áreas sensibles como la contención social y la primera infancia.
El CDI riocuartense aparece así como un caso testigo de una disputa política más amplia, ya que la obra había sido iniciada con financiamiento nacional y quedó paralizada cuando se cortaron las remesas. La decisión de la administración de Martín Llaryora fue asumir su continuidad, absorber el costo y convertir su finalización en un mensaje político que contrasta con la lógica de retiro del Estado nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei. Un primer paso hacia un comportamiento cordobesista más amplio y que se proyecta hasta en cuestiones como el estado de las rutas.
En ese esquema, Río Cuarto vuelve a ocupar un lugar estratégico. La ciudad funciona como vidriera para mostrar que la obra pública provincial no es una consigna, sino una política concreta que se expresa en metros cuadrados, presupuestos ejecutados y proyectos sociales en marcha. El CDI de Banda Norte, con una inversión de 770 millones de pesos, se suma a esa serie de obras que Provincia exhibe como prueba de una decisión política clara: sostener infraestructura cuando la Nación decide correrse de ese rol.
Para el intendente Guillermo De Rivas, esta dinámica también tiene un impacto político directo. La obra no sólo se inserta en una agenda social sensible, sino que refuerza su posicionamiento como aliado local del modelo de gestión provincial. En tiempos donde la obra pública nacional dejó de ser un recurso disponible, la cercanía política con la administración de Llaryora se convierte en un activo estratégico para los intendentes, que encuentran en la Provincia un respaldo concreto para sostener agendas de desarrollo urbano y social.
La lectura es simple en el tablero político: donde Nación se retira, Provincia ocupa el espacio. Y donde Provincia ejecuta, los gobiernos locales alineados encuentran una plataforma para mostrar resultados. En ese cruce, el CDI no es una obra aislada, sino parte de un esquema de cooperación política y administrativa que busca consolidar a Córdoba como contracara del ajuste nacional en infraestructura.
El perfil social del proyecto potencia esa carga simbólica. No se trata de una obra vial o de una infraestructura administrativa, sino de un espacio destinado a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Salud, educación, nutrición, estimulación temprana y contención familiar forman parte del mismo paquete de políticas públicas que, desde la narrativa provincial, quedan especialmente expuestas cuando se interrumpe la inversión nacional. La obra pública, en este caso, no es sólo cemento: es una política social.
La confirmación de que los trabajos alcanzaron el 70% de avance y que la inauguración podría concretarse en marzo refuerza esa estrategia comunicacional. No es un anuncio a futuro, sino la exhibición de un proceso en marcha. El dato no es menor en un contexto donde muchas obras nacionales quedaron detenidas sin horizonte de reactivación.
El Centro de Desarrollo Infantil de Banda Norte se suma así a la lista de obras que Córdoba utiliza como argumento político para diferenciarse del modelo nacional. Y al mismo tiempo, fortalece el vínculo entre Llaryora y De Rivas, un aliado del plan provincial que encuentra en obras de esta envergadura una herramienta concreta para sostener su agenda local de infraestructura social.
