Felipe Osman
Por Felipe Osman
La pulseada entre el peronismo y la oposición por retener el poder provincial, en el primer caso, y arrebatarlo, en el segundo, será sin lugar a duda la disputa que anime el preelectoral 2026. A un lado, una fuerza política que ha sabido reinventarse, cuántas veces le ha resultado necesario, para dominar la escena política cordobesa desde hace 27 años. Al otro, un archipiélago de fuerzas políticas en reconfiguración, que tras la implosión de Juntos por el Cambio intenta aprovechar los vientos nacionales para articular un relato de ‘fin de ciclo’ que le permita poner fin a la hegemonía peronista.
Gabriel Bornoroni, Rodrigo de Loredo y Luis Juez son los egos a conciliar para que esa oferta cuaje en una alianza opositora amplia, verdaderamente competitiva, capaz de batir a un oficialismo provincial que siempre ha sabido digitar con astucia las internas de sus desafiantes.
El asunto es que, si bien todos ellos están lanzados, poco dicen de cuáles serán, en concreto, los planes que proponen para Córdoba. El cambio es, en el mejor de los casos, una dirección, pero no un sentido. Y queda corto para amoblar una campaña.
En ese marco, los libertarios empiezan (muy incipientemente) a dejar entrever alguno de los lineamientos que contendrá su propuesta. Quizá apegándose a la receta de Milei, que en la previa de las elecciones presidenciales del 2023 fue noticia por arrimar su plataforma electoral a la Justicia, las huestes libertarias de Córdoba confiesan que ya tienen equipos técnicos trabajando en las reformas que propondrán realizar en el Estado Provincial.
No adelantan cuáles son los estudios jurídicos que asesoran al presidente de la Cámara de Diputados en la tarea, ni menos aún los trazos gruesos de ese trabajo, pero sí que ya han empezado a preparar una suerte de “Ley Bases” para Córdoba.
De las declaraciones de Bornoroni se puede inferir dos cosas: la primera, que la intención de La Libertad Avanza es “importar” el modelo nacional a la Provincia; y la segunda, que los libertarios no conciben un proyecto político provincial que no imagine una reformulación profunda del sistema tributario cordobés.
A la vez, de la experiencia nacional se pueden rescatar algunos indicios. La Ley Bases que el oficialismo sancionó después de siete meses de arduas negociaciones trajo consigo, por ejemplo, profundas modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación. No es quizá algo a lo que el ciudadano promedio preste demasiada atención. Pero debería. Se trata de la normativa ‘madre’ en la regulación de las relaciones entre cada persona y el Estado.
En su mayoría, fueron cambios no sólo largamente esperados por los especialistas en el campo, sino que además empoderaron al ciudadano en su relación con el Estado, ampliando los plazos para reclamar a la Administración y las posibilidades de revisar judicialmente las decisiones del Ejecutivo.
Más recientemente, el Boletín Oficial publicó una resolución de la Procuraduría General de la Nación por la cual sus dictámenes deben ser publicados en la página oficial del organismo. Esto, que puede decir poco para el ciudadano de a pie, constituye un avance significativo en la transparencia del funcionamiento del Estado, al hacer pública una parte esencial del procedimiento por el cual obra la Administración.
No se sabe si esta será la impronta de las reformas que La Libertad Avanza propondrá en su carrera hacia la Gobernación, pero lo sea o no, de seguro enriquecerá el debate que los distintos espacios de la oposición empiecen a hablar, más que de un ‘fin de ciclo’ que no deja de ser una hipótesis que les queda cómoda, de los cambios que propondrían para la Provincia, para el caso de que efectivamente logren ensamblar un frente electoral amplio. Ese debate será -si llega- mucho más divertido.
