Felipe Osman
En el campamento de Rodrigo de Loredo están contentos. Sienten que la propuesta que el radical lanzó en la “De Loredo Session” y replicó luego a través de sus redes sociales no cayó al vacío. Por el contrario, recibió una respuesta -quizá atípica- del gobernador. Y, dispuestos a sostener el tema en agenda, ya lanzaron una segunda ofensiva.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, cuestionó la iniciativa radical de elevar la edad jubilatoria de los policías diciendo que se trataba de una propuesta “vieja”, “del siglo pasado”. Y el gobernador, Martín Llaryora, utilizó la frecuencia policial para decirle a los agentes que mientras él fuera gobernador, el régimen de retiros se mantendría tal y como está.
Ayer, De Loredo respondió a Llaryora. Le reprochó haber hablado vía handy con los policías y no hacerlo públicamente. Y aseguró que la forma no fue accesoria, sino sustancial. Ya que, frente a la sociedad en su conjunto, no podría negar la necesidad de aumentar la cantidad de agentes en las calles.
El radical acusó al gobernador de especular políticamente frente al asunto, buscando garantizarse el voto de la corporación policial en lugar de abordar el problema de la inseguridad de manera seria. Y además le dijo que debía reparar en los beneficios de la iniciativa, que ya están aplicando otras provincias, como Santa Fe. La mención de “la provincia invencible” de Maximiliano Pullaro no es casual, ya que el propio Llaryora ha buscado en varias oportunidades simetrías con Santa Fe y su gobernador, junto al cual ideó el frente electoral Provincias Unidas, de modesto desempeño en las Legislativas del año pasado.
En concreto, el proyecto que los radicales presentarán sobre tablas en la próxima sesión -como adelantó ayer la titular del interbloque, Alejandra Ferrero, en el streaming de Alfil-, tiene tres ejes: la modificación de la ley 9.728, de Personal Policial, para extender a 30 los años de servicio (actualmente son 25 para el personal subalterno); la modificación de la ley 8.024, Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, para elevar en tres años la edad jubilatoria del personal policial; y un aumento salarial del 20 por ciento para los integrantes de la fuerza.
El mecanismo de financiamiento que propone la UCR es, como habitúa, desmantelar las agencias con las que el cordobesismo ha hipertrofiado la estructura estatal. Y, además, destacan que estos cambios implicarán un alivio para la Caja de Jubilaciones. Y ciertamente, algo de verdad hay en esto.
Los especialistas en esa maraña de problemas que la Caja de Jubilaciones representa para cada administración admiten que, una de las mayores complejidades, es el régimen especial de retiro del personal con estado policial o penitenciario. La temprana edad a la que se jubilan estos agentes implica un lastre muy difícil de equilibrar. Son, proporcionalmente, pocos años de aporte, y muchos de beneficio.
En cualquier caso, el eje de la cuestión no es fiscal, sino vinculado al problema de la inseguridad: De Loredo se apoya en el consejo de especialistas para decir que 4.000 nuevos agentes, si bien no son suficientes para revertir el problema, sí representarían una mejora sustancial en la capacidad de patrullaje de la fuerza.
Aunque la UCR sabe que el oficialismo no aceptará tratar la iniciativa, buscará la forma de maximizar la visibilidad del proyecto, primero, intentando lograr las tablas en la próxima sesión. Y luego, llegado el caso, reiterando pedidos de informe y citaciones a ministros, para esquivar las barreras dispuestas por el reglamento que impiden atravesar las comisiones.
