Redacción Alfil
El gobierno intenta avanzar en medidas que buscan compensar, aunque en forma muy desigual y arbitraria, la pérdida de poder adquisitivo originada en la aceleración inflacionaria. Algunas de las decisiones son “cortoplacistas” y se agotarán a poco de andar, otras, en cambio, apuntan a “introducir nuevas reglas de modo permanente”, caso de la reforma del mínimo no imponible de Ganancias, aunque sin contemplar criterios de “equilibrio general”, ya que no se prevé reducción de gastos para su financiamiento. Están también las que producen alteraciones en la relación nación –provincias, que podrían abrir espacio a mayor litigiosidad; a su vez, al tiempo que se intenta reprimir la inflación acentuando controles de precios, del otro lado se la alimenta con políticas monetarias sumamente expansivas
El próximo miércoles comienza a regir la prohibición de anuncios que "puedan promover la captación del voto" según indica el Código Electoral. Con lo anunciado hasta ahora y sin incluir las decisiones para autónomos y Pymes del viernes, los estudios privados aseguran que el gasto pone en riesgo la meta del 1,9% del PBI comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tiene un costo fiscal de hasta $3 billones.
Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez, economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea, señalan que en el frente externo se intenta evitar una ampliación de la brecha cambiaria utilizando reservas del Banco Central para alimentar la oferta en el segmento del “dólar MEP”, pero “al costo de incrementar de forma vertical la deuda comercial por importaciones impagas y trabar el funcionamiento de diversas actividades productivas por falta de insumos y piezas”.
Para los investigadores, en lugar de buscar estabilizar la economía para recuperar de forma genuina el poder adquisitivo de los salarios, se configura un escenario de “fuga hacia adelante” de las principales variables, con aceleración de la inflación, deterioro adicional de las cuentas externas y fiscales, y acortamiento del horizonte para la toma de decisiones
Así, mientras un segmento de la oposición anuncia que está escribiendo el réquiem del peso; el gobierno, sin explicitarlo, también contribuye a su redacción: la emisión monetaria de los últimos tres meses y medio asociada a financiamiento fiscal directo, compra neta de divisas, intereses de los pasivos remunerados y compra de bonos en el mercado secundario, antes de esterilización vía leliqs, tiende a duplicar la Base Monetaria cada 13 semanas, fenómeno por el que se sigue contrayendo la demanda de dinero, haciendo cada vez más pesada la carga del “impuesto inflacionario”.
“Esta situación reafirma la importancia del recambio presidencial del 10 de diciembre, dado que se necesita un diagnóstico correcto y medidas apropiadas para dejar atrás la estanflación y contener los riesgos inmediatos de la coyuntura”, repasa el reporte del Ieral.
Aunque en el segundo semestre de 2022 también se verificó “aceleración inflacionaria”, la actual coyuntura es “cualitativamente distinta” para los economistas. No sólo porque los guarismos de variación mensual del IPC ahora se han instalado en los dos dígitos sino también por el hecho que se agotan recursos como un tipo de cambio especial para la soja como forma de recuperar reservas, mientras la deuda comercial y por el swap con China se ha incrementado casi US$15.000 millones en un año.
En el plano fiscal, la diferencia está en que la aceleración inflacionaria no será factor de licuación del gasto público y reducción del déficit, como ocurrió en el segundo semestre de 2022. Así, se ha configurado un combo “extremadamente preocupante de aceleración inflacionaria más deterioro adicional del rojo estatal, con reservas negativas y en un contexto de altísima incertidumbre electoral”, definen Vasconcelos y Gutiérrez.
