Felipe Osman
Con las modificaciones introducidas por la Legislatura el Código de Convivencia, la pelota quedó ahora del lado de los municipios, que deberán decidir bajo qué condiciones se habilitará la actividad de los “naranjitas”. Y como el problema es casi privativo de la Capital, empieza a correr el reloj del Concejo Deliberante de Córdoba.
En el Legislativo Municipal conviven, hoy, siete proyectos para regular -en la mayoría de los casos- o prohibir la actividad de los “cuidacoches”. Sus autores son: Gabriel Huespe, Jéssica Rovetto Yapur, Luciano Agüero Díaz, Diego Casado, la dupla Javier Fabre-Soher El Sukaría, Marcos Vázquez, y el bloque radical en su conjunto.
Entre ellos, hay sólo dos que buscan prohibir la actividad: los de Rovetto Yapur y Agüero Díaz. Los restantes, con sus bemoles, buscan regularlo. Y a pesar de que la posición oficial es que se compatibilizarán todos los proyectos, lo cierto es que la decisión de dejar de lado la prohibición lisa y llana ya está tomada. Con lo cual podemos ir dejando afuera del cálculo a estas dos iniciativas.
De las restantes, la que primero introdujo la propuesta de eliminar el cobro directo –es decir, la interacción entre los conductores/pasajeros y los cuidacoches- fue la de Fabre y Soher. Y los proyectos del oficialismo y el resto del bloque radical van, ambos, en la misma dirección.
En concreto, la idea es que los naranjitas -que deberán estar inscriptos en las cooperativas registradas ante el municipio- no cobrarán a los conductores, sino que verificarán que los automóviles tengan activada la aplicación del SEMM (Sistema de Estacionamiento Medido Municipal). Y, se supone, darán aviso de los automovilistas que no lo hayan hecho para que se labren las correspondientes actas de infracción.
En otras palabras, los naranjitas pasarán a ser una suerte de auxiliares externos de los inspectores de tránsito, sumándose a la extensa cadena de la fiscalización municipal.
Será divertido atender, a lo largo del debate, qué naturaleza jurídica se atribuye al pago que los conductores harán vía app del SEMM, si es que el asunto no es convenientemente eludido. La ordenanza 10.425 habla, en su artículo 4, de “precio del servicio”. La pregunta es: ¿cuál servicio? Y en su caso, ¿qué participación tienen en él los “cuidacoches”? A menos que el asunto sea que en Córdoba existe un fenomenal déficit de inspectores de tránsito y nadie lo sabía, la respuesta no se advierte con facilidad.
En realidad, los conductores financiarán una suerte de seguro de desempleo. Lo que, por su parte, puede ser atendible. El problema es que nadie lo presentará de esa manera.
Una paradoja: la ley sancionada por la Legislatura sí prohibió a los limpiavidrios, que a diferencia de los naranjitas sí ofrecen una contraprestación, y suelen recibir de mucho mejor grado una negativa.
Por otro lado, el proyecto del oficialismo también prevé capacitaciones en: comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, primero auxilios, seguridad vial y atención del ciudadano, y “toda otra capacitación que por vía reglamentaria disponga la Autoridad de Aplicación”. Al parecer, estos quijotescos servidores también ayudarán a desfacer entuertos.
Una digresión: la ordenanza no explica por cargo y cuenta de quién correrán estas capacitaciones, que probablemente podrían ser suplidas, con creces, requiriendo la simple terminalidad educativa de los cuidacoches.
Finalmente, el giro copernicano del proyecto: se cambiará el color de los chalecos, para que nadie diga que no se solucionó el complejo asunto de los “naranjitas”.
