Javier Boher
Hay ciertos partidos y organizaciones políticas que tienen la obsesión de responder a la pregunta del título apropiándose del espacio público. Ser dueño de la calle es el concepto que usan para decir que controlan los resortes de la protesta social que les permiten evitar los grandes conflictos.
A pesar de ese uso habitual, ayer la pregunta se me presentó tras una serie de hechos que se sucedieron a lo largo de la semana en la ciudad de Córdoba.
El primero de ellos fue el caso de la pelea entre naranjitas (otra más) que continuó dentro de un local y significó que un policía termine herido de gravedad tras intentar separar a los púgiles. Luego de haberle disparado al policía, el naranjita que se dio a la fuga efectuó un disparo contra el local gastronómico, lo que podría haber matado a cualquiera de los allí presentes.
El segundo caso es el de la plaza de Villa Azalais, la que se volvió noticia porque 14 de las 16 casas que la rodean están en venta o alquiler, producto de la intensa actividad nocturna que complica la vida de los vecinos.
En cualquiera de los dos casos la constante es la misma: toda la sociedad está a merced de lo que decidan hacer en las calles y espacios públicos aquellos que deciden apropiárselos. No es noticia el caso de la gente que duerme debajo de los puentes o a la vera de las vías en tantas zonas de la ciudad, pero forma parte del mismo fenómeno según el cuál la mayoría de los vecinos pierde la capacidad de disfrutar de espacios públicos seguros.
Hace unos días mi hija fue a visitar a mi abuela desde la casa de mi suegra. Las separan ocho cuadras que durante años recorrimos sin problemas. Estuvimos un rato viendo cuál podía ser el mejor recorrido, aquel con el que pudiera evitar a los limpiavidrios de Heriberto Martínez o Tomás Garzón y Ricardo Rojas, a los drogadictos que viven a la salida de la cortada a una cuadra del Argüello Juniors y a los que piden en Vidal y Donato Álvarez. Al final la acompañó mi suegra, por las dudas, porque no puede andar sola por las mismas calles por las que nos criamos libremente desde que logramos hacer equilibrio sobre una bicicleta. Es impresionante el progresivo y constante deterioro de la vida pública.
El corrimiento de las poblaciones de mayores recursos hacia las periferias, complejos y barrios cerrados ha impactado muy negativamente en la vida en las calles. La inseguridad y la droga hacen su parte, pero fundamentalmente es la falta de reglas claras (y las ganas de hacer cumplir las que existen) lo que sigue empujando a los vecinos a meterse en sus casas, dejando que otros se dediquen a vivir los espacios que deben ser de todos. Es notable cómo entre los políticos y los miembros de la justicia se siguen tirando las culpas sin resolver nunca nada.
En Córdoba hay gente militando (a favor o en contra) por las ciudades de 15 minutos, ese concepto según el cual los vecinos deberían poder satisfacer todas sus necesidades sin desplazarse más que ese tiempo a pie o en bicicleta. Ese esfuerzo se ve en Nueva Córdoba y alrededores, donde la pintura y las cosas lindas están a la orden del día, aunque en los barrios la situación es otra y priman la anarquía y el abandono.
Hoy no hay una respuesta clara para la pregunta del título. El Estado abunda en las oficinas y falta en las calles, donde los únicos que se la pasan reclamando el título de propiedad ante la ausencia del orden público son los marginales y malandras que le roban la tranquilidad a la gente que sostiene económicamente a los burócratas de cada poder y nivel de gobierno. Las comunidades se construyen viviendo entre todos el espacio público. Cualquiera que se lo apropie conspira contra eso.
