Gabriel Marclé
El Gobierno de Río Cuarto volvió a elegir el terreno de la discapacidad para marcar posición política con Javier Milei, en días donde la gestión del presidente libertario recibe golpes en torno a su desatención con la salud y la discapacidad. Con el Salón Blanco como escenario y más de 25 instituciones sentadas a la mesa, la foto juntó a la gestión de Guillermo De Rivas con la representación del Panal en el Centro Cívico de la capital alterna para sostener la crítica al Gobierno nacional en un tema particularmente sensible.
El encuentro del Consejo Asesor de Discapacidad no fue uno más. Llegó en un contexto donde el sector denuncia atrasos en pagos, interrupción de programas y dificultades crecientes para sostener prestaciones. En paralelo, el gobernador Martín Llaryora ya había movido fichas con un refuerzo económico para instituciones, en una señal que el municipio capitalizó rápidamente para reforzar la idea de un “Estado presente” en contraste con la Casa Rosada.
El intendente Guillermo De Rivas volvió a poner el eje en la gestión, pero con lectura política. Reconoció demoras en la entrega de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y destacó la articulación con Córdoba para dar respuestas. Traducido: asumir problemas propios, pero encuadrarlos dentro de una crisis mayor que el oficialismo local adjudica al recorte nacional.
Desde la Provincia, el secretario de Salud Gustavo Klein aportó otra capa al mensaje. Habló de un “contexto crítico” y de una situación “sin precedentes”, términos que en el Panal vienen utilizando para describir el impacto del ajuste libertario en áreas sensibles. La bajada es clara: no se trata de fallas de gestión aisladas, sino de un sistema tensionado por decisiones macro.
Las medidas anunciadas —más turnos, duplicación de la capacidad de la Junta, modalidad virtual para urgencias y una Junta Itinerante— buscan mostrar reacción rápida. Pero al mismo tiempo evidencian el cuello de botella que atraviesa el sistema, con una demanda en aumento y recursos que no alcanzan.
Donde el discurso se vuelve más crudo es en la voz de las instituciones. Desde el Centro Proyectar advirtieron que el atraso en los pagos y la interrupción de programas ponen en riesgo la continuidad de servicios. No es un dato menor: el sostenimiento del sistema depende en gran parte de estas organizaciones, hoy asfixiadas financieramente.
En ese marco, el oficialismo derrivista vuelve a pararse en la misma línea que ya había insinuado en 2025, cuando la posible baja de pensiones por discapacidad encendió la primera alarma. Aquella vez, el Municipio habló de “abandono” del Estado nacional. Hoy, sin repetir textualidades, el mensaje se actualiza con otra escena: la de un Estado provincial y local tratando de contener una crisis que, aseguran, no generaron.
La jugada no es aislada. Forma parte de una estrategia más amplia donde Río Cuarto se posiciona como caja de resonancia de los efectos del ajuste, en sintonía con la narrativa que impulsa el gobernador Martín Llaryora. La discapacidad, por su carga simbólica y social, aparece como uno de los terrenos más fértiles para esa disputa.
Así, lo que en la superficie se presenta como una reunión de trabajo y articulación institucional, en clave política se lee como otro capítulo de la tensión entre el interior y la Nación. Uno donde De Rivas, sin estridencias pero con constancia, sigue corriendo el límite de su posicionamiento frente a Javier Milei.
Clínicas de la ciudad advierten por recortes en la atención del PAMI
Las clínicas y sanatorios de Río Cuarto encendieron una señal de alerta tras un encuentro con autoridades locales del PAMI que dejó más dudas que respuestas. Sin avances concretos en torno a las deudas acumuladas, la actualización de aranceles y el rediseño del esquema prestacional, el sector advierte que la atención podría resentirse en el corto plazo, una situación que complica aún más la situación de los afiliados de la ciudad y región.
La reunión entre los representantes del sector y las autoridades de la UGL Río Cuarto que conduce el médico Leonardo Farina tuvo carácter informativo y giró en torno al modelo que impulsa la obra social nacional, basado en un sistema de capitación con umbrales prestacionales. Desde el ámbito privado sostienen que este esquema, lejos de ordenar el sistema, implica en los hechos un ajuste que podría impactar directamente en la calidad y cantidad de prestaciones.
El titular de la Agrupación de Empresas Sanatoriales local, Mario Piastrellini, remarcó que los lineamientos presentados no aportaron elementos nuevos y cuestionó la falta de sustento técnico. “No se han presentado informes de auditoría independientes que permitan sostener la existencia de niveles de sobreprestación o sobrefacturación”, advirtió en declaraciones al medio Córdoba Hoy.
En esa misma línea, el referente del sector también puso el foco en la distancia entre los topes propuestos y la demanda real del sistema sanitario. “La necesidad de atención de la población no se ajusta a topes administrativos”, señaló, al anticipar posibles demoras o restricciones en la atención de los afiliados.
El conflicto se inscribe en un contexto más amplio de tensión dentro del PAMI. Durante la semana, médicos de cabecera llevaron adelante un paro de 72 horas en reclamo por condiciones similares, lo que profundiza el escenario de incertidumbre en torno al funcionamiento del sistema.
Desde el sector prestador sostienen que, sin una recomposición económica, la implementación del nuevo esquema podría agravar el desfinanciamiento estructural. En ese marco, advierten sobre una eventual reducción de la capacidad instalada, con menos servicios disponibles e incluso la posibilidad de cierre de establecimientos en situación crítica.
“El modelo, tal como está planteado, proyecta una reducción de la capacidad instalada, con el consecuente achicamiento de servicios”, alertó Piastrellini, quien no descartó el cierre de establecimientos en situación crítica.
El impacto, subrayan, no se limita al sector privado. En una región que atiende a más de 600 mil personas, cualquier restricción en la red sanitaria podría repercutir en el funcionamiento general del sistema de salud en el sur de Córdoba.
