Francisco Lopez Giorcelli
En plena dinámica preelectoral, la discusión por el financiamiento universitario reaparece con fuerza en la agenda de la UNC. En ese marco, el rector Jhon Boretto volvió a poner el foco en la necesidad de que el Gobierno nacional cumpla con la ley y garantice los recursos comprometidos para el sistema universitario, en un contexto donde la cuestión presupuestaria se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la coyuntura.
El planteo no es aislado ni nuevo, pero sí adquiere otro peso en medio de la campaña. La referencia a los montos adeudados y a la obligación estatal de sostener el funcionamiento de las universidades introduce un elemento que trasciende lo estrictamente institucional para entrar de lleno en el terreno político. En otras palabras, el financiamiento deja de ser solo un reclamo sectorial para convertirse también en un punto de posicionamiento.
La intervención del rectorado se da en un momento donde la comunidad universitaria viene acumulando tensiones por la caída del poder adquisitivo de los salarios, la incertidumbre presupuestaria y las medidas de fuerza impulsadas por los gremios docentes. En ese escenario, poner el foco en el cumplimiento de la ley no solo interpela al Gobierno nacional, sino que también ordena internamente el debate en la universidad.
El dato no es menor: el financiamiento aparece como uno de los pocos temas capaces de generar consensos amplios dentro del sistema universitario, incluso entre sectores que compiten políticamente. Sin embargo, esa aparente coincidencia no está exenta de matices, sobre todo cuando el reclamo se cruza con el calendario electoral y empieza a ser leído también en clave de posicionamiento.
En paralelo, comienza a tomar forma la posibilidad de una nueva marcha universitaria a nivel nacional, en línea con las acciones que distintos sectores vienen impulsando frente al deterioro salarial y presupuestario. La convocatoria, todavía en proceso de definición, aparece como un punto de confluencia entre gremios, estudiantes y autoridades, y podría volver a trasladar el conflicto a la calle en las próximas semanas.
En ese equilibrio se mueve hoy el oficialismo universitario. Por un lado, sostiene una línea institucional que reclama recursos y advierte sobre los riesgos del ajuste. Por el otro, administra el impacto político de ese discurso en un contexto donde la oposición también busca capitalizar el malestar, aunque con menor capacidad de instalación.
La discusión, además, se da en un plano donde el Gobierno nacional aparece con margen para disputar sentido. La demora en los pagos y la tensión en torno a la ley de financiamiento no solo afectan el funcionamiento universitario, sino que también configuran un escenario donde cada actor busca posicionarse frente a una comunidad movilizada y atenta.
Así, el financiamiento se convierte en algo más que una variable económica: pasa a ser un eje ordenador del debate político universitario. En ese marco, las declaraciones del rector no sólo dialogan con la coyuntura presupuestaria, sino también con el clima electoral que atraviesa a la UNC.
Mientras tanto, el calendario avanza. Este martes 22 de abril, en el espacio Somos, se hará oficial la lista que encabezará Jhon Boretto junto a Mariela Marchisio, en línea con el cronograma electoral. Será una instancia más donde gestión y campaña volverán a cruzarse en una elección que, cada vez más, se juega en múltiples planos.
