La Iglesia se mete en el debate sobre los cuidacoches

La Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres presentaron ante el Concejo Deliberante de Córdoba una propuesta integral para abordar la problemática de los cuidacoches, con eje en la inclusión social, la regulación estatal y la mejora del espacio público.
Municipal23 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

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El proyecto surge en el marco de la reciente aprobación de la Ley Provincial N° 11.117 y plantea un cambio de paradigma: dejar atrás la lógica informal del “naranjita” para avanzar hacia la figura del “asistente de proximidad urbana”, un rol con funciones más amplias vinculadas a la prevención, la asistencia comunitaria y el ordenamiento urbano. Desde las organizaciones impulsoras remarcan que la problemática no puede analizarse sin contemplar el contexto social y económico actual, atravesado, según señalaron, por una “cultura del descarte” que profundiza la exclusión. En ese sentido, advierten que la prohibición de la actividad no representa una solución de fondo.

La iniciativa propone la creación de un Registro Único de Cuidadores, la implementación de tarifas reguladas y transparentes, y un sistema de cobro formal que evite prácticas abusivas. Además, contempla la organización de los trabajadores en cooperativas, con acceso a derechos como seguridad social, seguros y bancarización.

Uno de los ejes centrales es la capacitación: los trabajadores deberán cumplir con al menos 70 horas anuales de formación en áreas como resolución de conflictos, primeros auxilios, normas de tránsito y habilidades laborales. A esto se suma un programa de “puente laboral”, orientado a facilitar la inserción en empleos formales mediante formación técnica y articulación con el sector privado.

El proyecto también prevé la conformación de un equipo interdisciplinario encargado de supervisar el sistema, definir zonas de trabajo y acompañar las trayectorias laborales de los trabajadores, con especial atención a problemáticas como adicciones y salud mental.

La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia que busca fortalecer el tejido social y recuperar el espacio público como lugar de encuentro, promoviendo un modelo que combine regulación, inclusión y desarrollo comunitario.

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