Gabriel Marclé
El Concejo Deliberante de Córdoba se convirtió en el escenario de una nueva batalla política por el insólito trámite administrativo del bar "Wachitas". Según relató la bancada radical, el pasado 2 de junio el municipio entregó el certificado de habilitación definitiva y, en un hecho que roza el absurdo, clausuró el local 120 minutos después por graves fallas eléctricas y de seguridad.
Al respecto, Elisa Caffaratti fue categórica al recordar las promesas del oficialismo: "Apenas asumió esta gestión nos pidieron con urgencia aprobar la creación del Ente Municipal de Fiscalización con la promesa de transparentar, modernizar y terminar con los 'malos manejos' y las coimas en el control comercial".
La indignación de la oposición radica en que el negocio no era un desconocido para los inspectores, ya que acumulaba cierres preventivos desde 2025 por ruidos excesivos y falta de permisos para espectáculos. Para la jefa del bloque radical, el desorden es tal que el propio municipio recomendaba visitar el lugar en su portal web oficial de turismo mientras el local arrastraba infracciones graves. "El caso del bar Wachitas es la prueba obscena de una falla sistémica", enfatizó la dirigente, señalando la total falta de coordinación y la desprotección que sufren los vecinos de la ciudad ante la desidia estatal.
El conflicto sumó gravedad cuando se constató que, tras la clausura, personas vinculadas al establecimiento quitaron ilegalmente las fajas de seguridad. Ante este panorama, los concejales de la UCR presentaron un cuestionario de 15 puntos críticos para que el Ejecutivo explique por qué no se revocó el permiso de forma definitiva ante la reincidencia de los dueños, tal como exigen las ordenanzas vigentes. La sospecha de la oposición es que los viejos vicios de la administración municipal han regresado bajo una nueva estructura burocrática que no funciona en la práctica.
Caffaratti no dudó en comparar este episodio con las épocas más oscuras de la política local, mencionando los escándalos históricos de bomberos y los permisos irregulares de gestiones pasadas. "No podemos permitir que, por la inacción en la puesta en marcha real de este Ente, la ciudad retroceda a escenarios oscuros que ya conocemos, como la causa de Bomberos y las habilitaciones truchas que se otorgaban", advirtió la legisladora. Con el pedido de interpelación ya ingresado, el radicalismo cerró filas exigiendo que los responsables den la cara ante los ciudadanos, bajo la premisa de que "con la seguridad de los cordobeses no se juega".
