Felipe Osman
Antes de que la Legislatura se convirtiera ayer en caja de resonancia de acusaciones de la oposición y contraataques del oficialismo vinculados al ‘caso Agostina’, la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante había empezado a desandar el mismo camino, debatiendo sobre el proyecto enviado por el intendente para modificar el Estatuto del Empleado municipal.
Los concejales se enfocaron en otra arista, distinta de las denuncias de irregularidades en la investigación: los controles -o la falta de ellos- en la admisión del personal que presta funciones en el municipio.
Cuando se conoció que Barrelier era becario en la municipalidad y había mantenido esa condición aún con antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad, el Ejecutivo respondió casi de manera refleja enviando un proyecto al Concejo para modificar el Estatuto Municipal requiriendo presentaciones semestrales de certificados que acreditaran buena conduta y hasta un test anti narcóticos. Esa iniciativa sirvió para eso; para mostrar reflejos. Pero para nada más.
Ayer, la oposición opuso un sinfín de observaciones al proyecto, y el oficialismo, advirtiendo sus limitaciones, no se apuró por hacerlo avanzar en comisión, y prefirió dejarlo en estudio por, al menos, una semana más.
Es que los cuestionamientos fueron severos. En primer lugar, se señaló que el Estatuto Municipal ni siquiera rige para becarios y monotributistas, con lo cual difícilmente se podía imaginar a partir de su modificación un cambio en los controles aplicables a quienes, como entonces Barrelier, mantienen estas situaciones de revista.
A esa aclaración del PRO siguió otra desde la UCR, que señaló la enorme dificultad material de procesar semestralmente más de diez mil certificados de buena conducta que, de arranque, tiene hasta tres meses de demora para iniciar su tramitación. En ese sentido, un proyecto de autoría de Sergio Piguillem refrendado por sus compañeros de bancada propuso establecer un mecanismo de actualización permanente de antecedentes a partir de la articulación entre el municipio y la Policía de Córdoba, esquivando la burocracia ordinaria.
El Frente Cívico también presentó una iniciativa propia, que propone un mecanismo de articulación similar al que imagina la UCR, con los registros de reincidencia y juzgados penales, por el cual se disparen en el municipio alarmas automáticas para iniciar sumarios disciplinarios. Además de acortar de 4 a 1 año la periodicidad con que se deben presentar certificados de buena conducta.
En cualquier caso, lo más importante no fue el debate. Al peronismo no le cuesta enfriar su proyecto, porque impulsarlo y convertirlo en ordenanza jamás fue una prioridad. La prioridad era mostrar capacidad de reacción. Anunciar el proyecto. Ahora, pasado el trance, juega con el calendario a su favor. El Mundial de Futbol empieza hoy y más temprano que tarde la agenda habrá virado por completo.
La oposición, que lo sabe, prepara una ofensiva distinta. Junto a sus proyectos alternativos para modificar la ordenanza 7.244, la UCR ingresó un pedido de informe para conocer, entre otras cosas, cuántos becarios, monotributistas y contratados hay hoy en el municipio, cuáles son sus reparticiones y funciones asignadas, la fecha del último concurso realizado, la fecha en que dejaron de utilizarse los órdenes de mérito de ellos surgidos, y las razones que motivaron la suspensión de los órdenes de mérito vigentes.
No son ingenuos, saben que el Ejecutivo no les dará jamás esa información. Pero -dicen- ya la tienen.
Rodrigo de Loredo publicó, una semana atrás, un video en sus redes sociales denunciando que el municipio había duplicado sus planteles en los últimos seis años, pasando de 14.370 (10.530 en planta permanente, 1.500 servidores urbanos, 1.185 empleados del COyS, 540 becarios, 375 monotributistas y 240 de la ex Tamse) a 28.920 agentes (10.529 en plata permanente, 5.231 becarios, 4.611 servidores urbanos, 3.108 monotributistas, 1.921 cooperativistas del COyS, 1.750 empleados del COyS, 791 de la ex Tamse, 613 de BioCordoba, 271 Guardias Urbanos, 66 del ENFyC, y 29 CORACE).
Según la UCR, son datos que vienen desde el Tribunal de Cuentas. Si son veraces, ya se puede dar por descontado cuál será el principal argumento opositor de la campaña municipal.
