Redacción AlfilRedacción Alfil
La iniciativa surge a partir de los recientes acontecimientos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de Córdoba, vinculados a una investigación penal de extrema gravedad que involucra a un agente que prestaba funciones dentro de la Municipalidad. Estos hechos generaron una profunda conmoción social y reabrieron un debate que la dirigencia política no puede seguir postergando: la necesidad de contar con mecanismos eficaces, permanentes y transparentes de control sobre quienes ejercen funciones dentro del Estado.
El proyecto propone que el Municipio pueda verificar anualmente la existencia de antecedentes penales y contravencionales de los agentes municipales mediante convenios con organismos provinciales a través de diferentes soportes digitales que viene desarrollando la Provincia y la Municipalidad, evitando trámites burocráticos para los trabajadores y garantizando la protección de los datos personales.
“La ciudadanía exige un Estado transparente, responsable y con capacidad de prevención. No alcanza con controlar al momento del ingreso; es necesario contar con mecanismos permanentes que permitan detectar situaciones que puedan comprometer la confianza pública y la calidad institucional”, señaló Piguillem de la iniciativa.
Según los fundamentos del proyecto, estos acontecimientos evidenciaron la necesidad de modernizar los sistemas de seguimiento y evaluación de quienes ejercen funciones públicas. Los aspirantes, al ingresar al municipio, deben presentar certificados de antecedentes, pero una vez incorporados no existe un mecanismo institucional que permita verificar periódicamente si continúan reuniendo las condiciones de idoneidad exigidas para la función pública. El proyecto busca corregir esa falencia y cerrar un vacío normativo que, según el edil, deja al Estado actuando únicamente cuando los problemas ya se han producido.
Continua el Pigullem señalando: “Recordemos que en el año 2015 en el gobierno de la UCR se creó el INFOSSEP que fue un institución de capacitación y junto con el la ordenanza de concurso 12.444 que exigía el ingresos a la administración publica a través de concursos de antecedentes. Lamentablemente, desde ese año 2019 hasta la actualidad, el gobierno del peronismo dio marcha atrás con esa política eliminando de facto los concursos, y entrando miles de personas sin ningún control”.
“La prevención no puede ser una opción. El Estado tiene la obligación de anticiparse a situaciones que puedan afectar la seguridad institucional, la prestación de servicios públicos o la confianza de los vecinos”, sostienen los fundamentos de la iniciativa.
“Buscamos más transparencia, menos impunidad; la función pública exige responsabilidades especiales. Quien administra recursos públicos o presta servicios en nombre del Estado debe estar sujeto a estándares de control acordes con esa responsabilidad; esperamos que este proyecto no duerma en el sueño de los justos” concluyó Piguillem.
