Crisis judicial en Villa María: la fiscal Companys imputada y el fiscal Bosio acusado

Los Tribunales de Villa María atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión institucional. En pocas horas se conocieron dos situaciones que, si bien son independientes entre sí, confluyen en un mismo escenario con protagonistas que se cruzan en distintos roles: denunciantes, denunciados e investigadores al mismo tiempo.

La abogada villamariense Teodora Perassi presentó una denuncia que sacudió los pasillos tribunalicios. Fue categórica desde el arranque: “No es contra un fiscal, sino que todo se desentraña a través de la participación de este fiscal”, y precisó que “dentro de esa denuncia están involucrados muchos actores de la justicia: tanto jueces y fiscales internamente en tribunales, y externamente abogados y otras personas”.

El proceso fue largo. Desde enero, Perassi se presentó ante la fiscal Juliana Companys y la jueza María Soledad Dottori para explicar lo que estaba ocurriendo. “Fui más de ocho veces a la fiscalía y estuve muchas horas explicando y presentando pruebas”, relató. Recién esta semana culminó ese proceso con la presentación formal de una promoción de investigación jurisdiccional (conforme al artículo 341 del Código Procesal Penal) ante el Juzgado de Control a cargo de Dottori. Si bien las fuentes se muestran reservadas sobre el nombre, todo apunta al fiscal de tercer turno René Bosio. Perassi fue cuidadosa con los detalles por el secreto de sumario, pero no esquivó la definición central: "Se trata de corrupción dentro del sistema judicial, dentro del Poder Judicial de Villa María”. Y agregó que el entramado involucra “cuestiones políticas, judiciales, de jueces, de fiscales, de todo tipo de personas, de abogados incluso, de renombre, con mucho poder en la ciudad”.

Uno de los puntos más sensibles que señaló tiene que ver con la desigualdad en el acceso a la justicia: “La mayoría de nuestros clientes esperan un montón de tiempo para una resolución, siendo que hay personas que de alguna u otra manera lo consiguen mucho más rápido”. Y remarcó que eso “no es solo una duda”, sino que se complementa con vínculos al poder político.

Entre las pruebas reunidas figuran testimonios de testigos, policías y abogados de la matrícula, además de registros de video y conversaciones de WhatsApp. Perassi contó que desde 2024 venía advirtiendo que haría la presentación, y que recibió presiones para impedirlo. “Tengo familia, temo por mi vida”, confesó. Hoy está bajo custodia policial.

Respecto de quién debería llevar adelante la investigación, fue contundente: “Sería ideal que no sea alguien de Villa María, o que esté trabajando ahora en Villa María, involucrado”. Y cerró con una frase que resume el espíritu de toda la denuncia: “Queremos que investiguen a la justicia”.

Companys, imputada en Río Segundo

Mientras Companys lleva adelante la investigación contra Bosio, ella misma enfrenta un frente judicial propio de enorme gravedad. Se confirmó que la Justicia de Río Segundo la imputó formalmente por los presuntos delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción.

La causa se originó en una denuncia presentada por una testigo, quien acusó a Companys de haberla presionado para declarar en la causa que investiga la desaparición de Mariela Bessonart. La fiscal Patricia Baulies y la jueza de Control María Licia Tulián, a cargo de la investigación, dispusieron custodia policial para esa testigo durante esta semana.

Una figura clave en este proceso es la exauditora general de Villa María, Alicia Peresutti, quién fue aceptada como querellante particular. Su participación tiene una historia que no pasa inadvertida: Peresutti fue detenida en 2023 en una causa instruida por la propia Companys. Según la exauditora, la fiscal mintió sobre su falta de arraigo en Córdoba para mantenerla en prisión, pese a que vivía en Villa María desde hacía tres décadas.

Peresutti es directa al describir lo que vivió: “Nos ha perseguido, destruyó tres organizaciones que salvamos vidas, sin denuncia alguna, a diferencia de ella que tiene un montón de denuncias”. Y se pregunta en voz alta lo que todavía no tiene respuesta: “Algún día nos va a tener que responder por qué. ¿Por qué esta persecución que todavía continúa?”.

Entre los hechos que denuncia, describe situaciones que califica de ilegales durante el proceso: “Los procedimientos de Companys, muchos de ellos se parecen a los de la dictadura. ¿Cómo va a poner un policía al lado con esposas?, eso es totalmente ilegal”.

Sobre su propia detención, Peresutti recordó: “Estuve desaparecida unas horas, no me permitieron hacer la llamada al abogado, no me permitieron avisar a mi familia”. Y cuestionó la parcialidad con la que, a su criterio, se manejan las causas: “Un fiscal tiene en sus manos la vida y la libertad de las personas. Si vos sos amigo, la causa acá duerme”. Pese al costo personal que implica sostener una querella de esta naturaleza, fue terminante: “Hay que conseguir justicia. El Poder Judicial no puede ser ocupado por personas que digan: esto lo investigo, y a estas las detengo”.

¿Qué sigue?

De avanzar la investigación contra Bosio, y por tratarse de un funcionario judicial, el caso podría derivar en una intervención de la Legislatura provincial (el mismo camino que hoy recorren tres fiscales de Río Cuarto por el crimen de Nora Dalmasso) Villa María mira con atención lo que ocurre en sus propios tribunales. Y hay quienes, con custodia policial o con años de litigio por delante, dicen que no van a dejar de mirar.