Redacción Alfil
El pedido de informes presentado por el legislador Walter Gispert sobre los controles realizados en Wachitas Bar después del femicidio de Agostina Vega empezó a generar ruido en distintos despachos. Más allá de la investigación judicial, la oposición busca determinar si el Estado provincial cumplió con las tareas de fiscalización y prevención en el local nocturno señalado en el caso.
Informante: Gispert está planteando una pregunta que puede resultar incómoda. Nadie discute que la Justicia debe investigar si el bar tiene alguna vinculación con el femicidio, pero también aparece la discusión sobre qué hicieron los organismos de control durante los últimos años sobre la actividad que se desarrollaba en ese local. El pedido apunta a saber si hubo inspecciones, denuncias, sanciones o advertencias previas y si, eventualmente, alguna señal fue ignorada. Cuando ocurren hechos de semejante impacto social, inevitablemente la mirada se corre hacia las responsabilidades del Estado y no solamente hacia las penales.
Alfil: ¿Y cree que el Gobierno responderá rápidamente?.
I: No siempre lo hace. Si los controles existieron deberán mostrarlos y, si no existieron o fueron insuficientes, la oposición encontrará otro flanco para cuestionar la capacidad preventiva del Estado. En cualquier escenario, la discusión ya salió hace rato de la órbita judicial y entró de lleno en la política.
La UCR pidió que el titular del Ente de Fiscalización vaya al Concejo a explicar cómo un bar fue habilitado y clausurado el mismo día. Los radicales hablan de “falla sistémica” y recuerdan viejos fantasmas de las habilitaciones truchas.
Informante: La UCR encontró otro punto débil en el Palacio 6 de Julio
Alfil: ¿Qué pasó ahora?
I: Quieren sentar en el Concejo al director del Ente de Fiscalización. Todo por el caso del bar Wachitas: lo habilitaron y dos horas después lo clausuraron.
A: Difícil de explicar…
I: Eso mismo plantea Elisa Caffaratti. Recuerdan que el local ya acumulaba clausuras y hasta aparecía promocionado en la página oficial de turismo.
El periodista conversaba con su informante del Concejo, que apurando el último sorbo de café lo actualizó de cómo marchaba el asunto con el ex concejal Ricardo Moreno.
Informante del Concejo: Antes de irme, y como veo que no me está preguntando por el asunto, le cuento que en la Comisión de Legislación General avanzó el repudio a Moreno.
Alfil: ¿En serio? Tiene que haber habido votos peronistas entonces…
I.C.: Los hubo. Parece que están todos ‘team Pedrocca’, que denunció amenazas a su hija y dio a entender que sospechaba de su otrora compañero de bancada.
A.: A la fresca… está tensa la cosa.
I.C.: Súper tensa. Acuérdese que ambos fueron socios políticos durante los primeros tiempos de las 62 Organizaciones Peronistas. Si me pregunta a mí, las cosas quedaron muy mal…
A.: ¿No estarán haciendo leña del árbol caído?
I.C.: No lo descarte. Pero Moreno salió a defenderse. En un comunicado dijo que jamás pensaría en hacer algo así, que repudiaba cualquier amenaza que pudiera haber existido, y que está a entera disposición de la Justicia.
Más de 20 intendentes nucleados en el bloque político Comupro se reunieron con funcionarios del gobierno de Martín Llaryora.
Informante: Con la conducción del titular del bloque, Elías Balduzzi, intendente de Costa Sacate, los jefes comunales intercambiaron ideas y propuestas con los funcionarios del gabinete provincial.
Periodista: ¿Quiénes fueron?
I.: El ministro de Educación, Horario Ferreyra; Matías Torres Cena, secretario de Cooperación Institucional; funcionarios de Hábitat y Desarrollo Emprendedor; y los funcionarios Maciel Balduzzi, Marcelo Bustos, Guillermo Asis y Gabriel Frizza.
P.: ¿Y de qué se habló?
I.: Lo resumió muy bien Balduzzi cuando dijo que en estos tiempos de profunda crisis económica y financiera debido al interminable ajuste que se ejecuta a nivel nacional, se torna imprescindible reunirse y buscar soluciones para la gente de las ciudades que administran. Y le agradeció al Gobierno de Córdoba, obvio.
