Felipe Osman
La saga interminable del “8vo piso” ofreció ayer una nueva entrega: la detención de Félix Escobar Rivarola, inspector municipal de Espectáculos Públicos acusado de extorsión. Presuntamente, Escobar exigía dinero a comerciantes a cambio de “agilizar” la tramitación de permisos o bajo amenazas de obstaculizar su obtención.
La medida, dispuesta por el fiscal de instrucción Guillermo González, surge de una de las más de 40 líneas investigativas abiertas a partir de la ‘causa Bomberos’, a la cual el Ente de Fiscalización y Control aportó prueba, además de ser denunciante.
De hecho, es a partir de ello que el oficialismo ha salido a tomar la iniciativa y presentar la detención como consecuencia, al menos parcial, de su determinación en depurar las áreas de Fiscalización y Control.
Desde el Palacio Municipal destacaron, una vez conocida la noticia, que el titular del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche, no solo formuló una denuncia contra Escobar ante la Fiscalía de Delitos Complejos, sino que también aportó audios, conversaciones, comprobantes de transferencias y documentación relacionada con los trámites investigados, elementos que gravitaron en la causa.
En la misma línea, el presidente de la bancada oficialista en el Concejo Deliberante dio un paso más y tuiteó que la gestión de Passerini gobierna “para erradicar los negocios turbios y limpiar la Municipalidad de empleados corruptos”, para luego resaltar que el inspector detenido fue transferido al área de Espectáculos Públicos en 2004 y designado en planta permanente en 2007, “durante un período en el que ingresaron miles de personas a la Municipalidad sin acreditar condiciones de idoneidad ni ausencia de antecedentes penales”.
En suma, Simonian abrió fuego directo sobre el juecismo, que no tardó en responder.
Es que el 8vo piso es un asunto por demás sensible, que volvió al centro de la escena con el ‘caso Agostina’, después de que se conociera que una de las presuntas encubridoras de Claudio Barrelier trabajaba en el local nocturno ‘Wachistas’, clausurado tras la denuncia y señalado por una testigo anónima por haber albergado, presuntamente, prostitución de menores.
Tras el episodio, la oposición presentó diferentes iniciativas: desde conformar una comisión investigadora en el seno del Concejo para revisar las habilitaciones concedidas durante los últimos años, hasta intervenir las oficinas de Fiscalización y Control del 8vo piso y eliminar el Ente de Fiscalización y Control.
Desde la oposición explican que, al no haber sido atendida ninguna de sus propuestas, decidieron avanzar en una denuncia judicial la semana pasada, y eso encendió los ánimos del oficialismo. En off, varios concejales opositores aseguran haber recibido reproches incluso personales de integrantes del bloque mayoritario y hasta la amenaza de “dejar caer” becas y contratos.
En cualquier caso, la oposición sostiene que la vía de la denuncia judicial fue la única alternativa ante la negativa del oficialismo a avanzar con alguna de sus propuestas. Y hasta se pone la cucarda por el avance de la investigación judicial.
Aseguran que su única expectativa es que la investigación avance “lo más rápido posible” y recuerdan que, en la ‘causa Bomberos’, el arrepentido que declaró ante el fiscal habló de una operatoria de cuatro “patas”: bomberos, inspectores, empresarios y funcionarios. Y aguardan que la responsabilidad alcance también a estos últimos, “sea del palo que sea”.
La detención de Escobar alimenta dos relatos antagónicos sobre un mismo hecho: para el oficialismo, demuestra que la gestión está dispuesta a depurar sus propias áreas; para la oposición, es una señal de que sostener la presión sobre la Justicia empieza a arrojar resultados. Mientras unos y otros reparten culpas y se disputan méritos, queda pendiente la pregunta que puede volver realmente incómoda la causa: si la investigación terminará en los inspectores o avanzará también sobre las otras “patas” de la operatoria.
