Redacción Alfil
El conflicto de los empleados judiciales intenta encontrar un cauce. Ayer, la Comisión Directiva del sindicato que conduce Federico Cortelletti fue convocada a una reunión de conciliación por la secretaría de Trabajo, en la cual finalmente, después de tres meses de conflicto, se abrirá el diálogo con el Tribunal Superior de Justicia.
Tras recibir el llamado, Judiciales celebró la Asamblea Extraordinaria previamente convocada para definir un nuevo tramo del “plan de lucha”, que en las dos últimas semanas sumó con dos paros de 60 horas en capital y 72 horas en interior, pero en lugar avanzar en la votación de las mociones previamente informadas y convocar a un nuevo paro decidió poner en stand by las hostilidades para encarar la negociación.
La Comisión Directiva entendió que, habiendo cambiado las circunstancias -por la convocatoria a Trabajo- debía considerarse una tregua, y el debate se dio alrededor del tiempo que esta debía durar, y la moción del oficialismo gremial, que proponía suspender las medidas de fuerza hasta julio, venció a la moción opositora, respaldada por Alternativa 17 de Octubre y La Judicial, que sólo validaba un alto el fuego hasta el miércoles de la semana próxima.
Así las cosas, Judiciales volverá al paro en los primeros tres días de julio si antes no media propuesta del TSJ a someter a estudio y votación de las bases del gremio.
El conflicto
La tensión entre los empleados Judiciales y el TSJ se reactivó, después de conjurarse tras el conflicto de 2025, como un coletazo de la “Ley de Equidad Previsional” que la Legislatura sancionó a fines del año pasado.
El acuerdo entonces arribado entre el TSJ y AGEPJ consistió en un programa de equiparación salarial de los judiciales provinciales con de los salarios que paga la Justicia Federal. Pero la Reforma Previsional provincial terminó neutralizando los beneficios alcanzados para la mayoría de los judiciales, e incluso revirtiéndolos para los de mayores ingresos.
Lo acordado en junio de 2025 preveía un aumento escalonado en cuatro etapas, a perfeccionarse a lo largo de los próximos tres años, para arrimar los salarios de la Justicia de Córdoba a los que paga la Justicia Federal. Para las categorías iniciales, ese aumento representó una mejora inmediata de aproximadamente 4 puntos.
El problema es que la ley 11.087 autorizó al Ejecutivo a elevar los aportes de los estatales a la Caja de Jubilaciones entre un 4 y un 8 por ciento, dependiendo de sus ingresos, y esto causó un profundo impacto en el sindicato, ya que la mayoría de los judiciales de menores remuneraciones se encontraron, en junio, con un aumento del 4,16 por ciento después de un extenso conflicto, y seis meses después, con una ley que anuló esa mejoría, y que generó un perjuicio todavía más profundo para los judiciales de mejores salarios, los funcionarios y los magistrados.
Además, la progresividad de los aportes extraordinarios autorizados por la ley 11.087 hace que el universo de judiciales a salvo de ellos se reduzca mes a mes. Y es precisamente ese factor el que determinó el resurgimiento de la conflictividad en el gremio, que se da en dos frentes. Por un lado, con el Ejecutivo Provincial, reclamando la derogación de la ley, y por el otro con el TSJ, pidiéndole una mejoría en la situación salarial de los empleados que los devuelva, al menos, a la situación previa a su sanción, mediante una mejora en las condiciones salariales.
