Gabriela Yalangozian
La discusión por la reforma previsional cordobesa tiene para el Panal un dato concreto sobre el impacto que tuvo la llamada Ley de Equidad Jubilatoria sobre las cuentas de la Caja de Jubilaciones. A nueve meses de su implementación, el organismo estima que la normativa implementada a principios de año permitió reducir en unos $200 mil millones el déficit previsto para todo 2026.
El número fue confirmado a Alfil por el presidente de la Caja, Adrián Daniele, quien explicó que al comenzar el año se proyectaba un rojo de $821 mil millones. Con el efecto de la nueva legislación, esa cifra podría ubicarse en alrededor de $200 mil millones, aunque aclaró que todavía no cuentan con una proyección definitiva al cierre del ejercicio.
La reducción representa aproximadamente un 25% del déficit originalmente estimado y se convirtió en uno de los principales argumentos del Gobierno provincial para defender una reforma que desde su sanción generó un fuerte conflicto con los gremios estatales y con sectores de jubilados, y derivó en una ola de amparos.
Daniele sostiene que el problema de fondo no es exclusivo de Córdoba. Según explicó, los sistemas previsionales tienen estructuralmente dificultades para equilibrar la cantidad de trabajadores activos que realizan aportes con el universo de beneficiarios que perciben jubilaciones.
En ese marco, defendió la ley como una herramienta que permitió contener el déficit sin poner en riesgo el pago de los haberes.
“Nos permite con tranquilidad el último día hábil de cada mes poder pagar en tiempo y forma nuestras jubilaciones”, señaló.
Pero además introdujo otro argumento político: la reforma, según la mirada oficial, no solamente busca reducir el rojo sino también mejorar los ingresos de quienes cobran las jubilaciones más bajas. Daniele destacó el bono no remunerativo destinado a beneficiarios que perciben hasta $1,3 millones y contrastó el sistema provincial con el nacional.
Según el funcionario, la jubilación promedio de Córdoba ronda actualmente los $2 millones, frente a unos $500 mil que percibe la gran masa de jubilados nacionales.
Daniele confirmó también que la Caja ya apeló alrededor de 2.000 medidas cautelares promovidas contra la aplicación de la ley. Hasta el momento, ninguno de esos amparos cuenta con una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión.
Uno de los puntos centrales es el aporte personal adicional. La reglamentación había llevado el máximo hasta el 8%, pero una medida cautelar dispuso reducirlo al 6% para determinados beneficiarios. Posteriormente, la Provincia oficializó esa reducción, que alcanzaría a unos 6.000 pasivos, según datos publicados previamente.
Para Daniele, el fallo del Tribunal Superior de Justicia resulta favorable a la posición de la Caja porque, según su interpretación, no declaró inconstitucional la norma ni eliminó el aporte adicional, sino que modificó temporalmente su porcentaje.
La estrategia oficial, entonces, es clara: apelar cada resolución adversa y esperar una definición judicial de fondo que determine la constitucionalidad de la reforma.
El problema previsional tiene, además, otra variable que excede las decisiones de la Provincia. Córdoba acordó con la Nación el envío de $120 mil millones durante 2026, a razón de $10 mil millones mensuales.
Sin embargo, Daniele denunció que junio, julio y agosto no tuvieron esas transferencias, una situación que, según advirtió, limita cualquier posibilidad de avanzar con mejoras para los jubilados.
El titular de la Caja se mostró optimista y aseguró que la Provincia espera que Nación vuelva a cumplir el acuerdo. El reclamo adquiere peso político porque justamente uno de los cuestionamientos que acompañó la discusión de la reforma fue que Córdoba no debía trasladar el costo del desfinanciamiento nacional sobre jubilados y trabajadores provinciales.
Más allá del déficit de la Caja y del mecanismo que implementó el Panal para contrarrestarlo, los sindicatos miran con recelo el impacto de la reforma y, particularmente, de la reducción de los aportes extraordinarios del 8% al 6%. El beneficio, advierten, no será igual para todos los sectores.
La lectura que hacen desde el sindicalismo cordobés es que las exenciones impositivas otorgadas por la Provincia a determinados sectores económicos podrían haber representado una alternativa para reducir la presión sobre las cuentas públicas sin trasladar el costo directamente sobre trabajadores y jubilados. Los gremios reconocen el impacto del desfinanciamiento nacional sobre Córdoba, pero cuestionan que, mientras se alivió la carga tributaria de sectores de mayores ingresos, el ajuste previsional haya recaído sobre los trabajadores estatales.
En ese escenario, la reducción del aporte extraordinario de la Caja aparece como uno de los puntos que los sindicatos siguen de cerca. Bancaria, SUOEM, Luz y Fuerza y Judiciales son algunos de los sectores que concentran una mayor cantidad de trabajadores alcanzados por el tramo más alto de aportes y, por lo tanto, serían los principales beneficiados por la baja del 8% al 6%.
Sin embargo, el impacto no es uniforme. Desde el sector docente explican que la medida tendrá una incidencia mucho menor, porque el grueso de los afiliados no llegan al máximo del 8%. La mayoría se encontraba en una franja de aportes de entre el 4% y el 6%, por lo que la reducción prácticamente no modificaría sus ingresos de bolsillo.
En paralelo, los gremios que sí tendrán un beneficio concreto por la reducción de los aportes esperan que la modificación se traduzca efectivamente en una mejora salarial de bolsillo.
Así, la reforma previsional que el Gobierno presenta como una herramienta para reducir el déficit de la Caja vuelve a quedar atravesada por una discusión eminentemente política: quién paga el costo del desequilibrio previsional y quién recibe el alivio cuando se modifica el esquema de aportes. Para el Panal, los $200 mil millones de ahorro son el principal argumento para defender la ley. Para los gremios, en cambio, la discusión todavía no terminó. Y mientras esperan nuevas reducciones de los aportes extraordinarios y una respuesta a sus reclamos salariales, la pregunta que queda abierta es si el alivio previsional será suficiente para recomponer los ingresos de los trabajadores o apenas una parte de una negociación mucho más amplia.
