Felipe Osman
El pedido de informes de los cinco bloques opositores en el Concejo -o mejor aún, su trascendencia mediática- ha traído a la atención pública el giro del local del cual Soledad Andreani, presunta encubridora de Claudio Barrelier, era encargada.
Resulta paradójico todo el revuelo que ha sido necesario para posar la vista sobre ‘Wachitas’. El lugar, ahora sospechado de funcionar como pantalla para un prostíbulo (en el mejor de los casos), estaba escondido a plena luz del sol, y en el medio del centro de Córdoba.
A diferencia de la criptografía, donde el mensaje es visible pero resulta incomprensible por estar codificado, en la esteganografía un mensaje secreto aparece ‘escondido’ dentro de otro ordinario, y pasa desapercibido porque simplemente parece algo común.
‘Wachita’ es el diminutivo y la forma femenina de ‘guacho’, que deriva del quechua ‘wakcha’, que significa ‘huérfano’ o ‘pobre’, y que en el lunfardo actual suele usarse como manera informal y cotidiana para referirse a una niña. La marquesina del “bar” que ahora es objeto de investigación por posibles delitos de trata y prostitución de menores ya hablaba de pobreza, inocencia y marginalidad.
(En ‘El Golem’, Borges decía “Si (como afirma el griego en el Cratilo); el nombre es arquetipo de la cosa; en las letras de 'rosa' está la rosa; y todo el Nilo en la palabra 'Nilo'”).
La amarga reflexión conduce, indefectiblemente, a preguntarse por qué un local como ‘Wachitas’ puede funcionar ante la vista de todos. Y la respuesta, indefectiblemente, es por la absoluta vulnerabilidad de los mecanismos de fiscalización y control. Causalidad, no casualidad.
Detrás de esa interrogante aparecen muchas más. La mayoría consta en el pedido de informe que presentó la UCR con el apoyo de los demás bloques opositores. Por ejemplo: ¿En qué fecha se otorgó la primera habilitación al establecimiento y bajo qué rubro?; ¿Quiénes son sus titulares, socios, gerentes, accionistas o responsables legales?; ¿Qué funcionario público autorizó y firmó la habilitación definitiva o provisoria?; ¿Las personas físicas o jurídicas que integran la titularidad o responsabilidad legal de "Wachitas Bar" figuran como titulares, socios, directivos o apoderados de otros establecimientos?; ¿Cuál es el detalle cronológico de las actas de infracción labradas, inspecciones realizadas y sanciones aplicadas al comercio?; ¿Cuántas denuncias o reclamos ingresaron al municipio por ruidos molestos, desórdenes o exceso de capacidad?; ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales el establecimiento fue rehabilitado tras las tres clausuras previas registradas desde marzo de 2025?
Pero podrían agregarse algunas otras. Por caso, ¿a quién le cabe la competencia de controlar la habilitación y el giro comercial del local? ¿Al Ente de Fiscalización y Control, o a la oficina de Habilitación de Negocios? No es un asunto menor. El ENFyC, creado al inicio de la actual gestión, no forma parte de la estructura orgánica del municipio, pero la Oficina de Habilitaciones sí.
Más aún, ¿por qué existe la Oficina de Habilitaciones? ¿No era el ENFyC una estructura autárquica creada ad hoc para absorber esas funciones y ‘sanitizar’? ¿O la Oficina de Habilitaciones no se puede tocar?
La preocupación en el oficialismo crece. El ‘caso Agostina’ sigue funcionando como una carga de profundidad cuyos efectos resulta imposible prever. Anoche clausuraron otros dos ‘bares’: Luzbelito y Malibú. Y nadie sabe hasta dónde se proyectarán las invisibles cadenas causales que se activaron aquella trágica noche del 24 de mayo.
