Julieta Fernandez
“Me llamó la atención todo. Cómo se armó, la forma que se planteó, la forma que se narró el hecho, el allanamiento de Gendarmería en el Tribunal de Cuentas”, dijo el senador y líder del Frente Cívico, Luis Juez, antes de ingresar al Juzgado Federal de Río Cuarto para declarar como testigo en la causa que tiene imputado a Marcos Carasso por presunto tráfico de influencias. Juez prestó declaración en la causa -que está siendo investigada por el fiscal Rodolfo Cabanillas- por sugerencia del abogado del ex intendente de General Cabrera. Cabe recordar que Carasso fue, además, compañero de fórmula de Juez en la elección provincial del 2023.
El senador mostró una acérrima defensa al dirigente radical que lo acompañó como candidato a vicegobernador en la última elección provincial. Aseguró que “Carasso es un tipo honorable y decente” e ironizó con un conjunto de documentos que llevó al propio Juzgado de Río Cuarto en los que respondía a pedidos de gestión ante distintos organismos. “Esto es a lo que me dedico. ¿Es tráfico de influencias? Entonces el fiscal me tiene que imputar a mí también”, dijo el líder del Frente Cívico.
En una rueda de prensa previa a su declaración, Juez remarcó que su acompañamiento a Carasso no tiene vinculación con cualquier delito que pudiera haber cometido algún empresario de Río Cuarto o la región en materia de defraudación o sobrefacturación al PAMI. En junio, tras presentarse a declarar ante el Juzgado Federal de Río Cuarto, Carasso aclaró: “No se me atribuye ser partícipe de ningún hecho de defraudación contra organismos estatales ni me hacen responsable de ser parte de una organización delictiva”. De alguna forma, el ex diputado buscó marcar distancia de uno de los aspectos más polémicos de la causa Pami, que también tiene como imputados a empresarios de un centro de rehabilitación privada de Río Cuarto (en este caso, investigados por presunta sobrefacturación a la obra social).
“Claramente hubo una operación armada. Intentaron igualar, equiparar, intentaron asemejar conductas”, dijo Juez a los medios locales y sugirió una presunta injerencia del PJ provincial, ya que consideró que “no es casualidad” que la imputación a Carasso y los respectivos allanamientos vinculados a la causa se dieran casi al mismo tiempo que el caso Barrelier (en relación al principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, quien prestaba tareas en la Municipalidad de Córdoba pese a tener antecedentes penales).
“Cuando me piden una silla de ruedas, una gestión para un jubilado porque una obra social no paga, ¿eso es hacer tráfico de influencias?”, manifestó Juez en pos de defender al ex diputado. Al ser consultado por la renuncia de Carasso al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a los cargos políticos que ocupaba, Juez dijo: “Es lo que corresponde. Porque se tiene que defender como un ciudadano común”. A la vez, aclaró: “Yo no soy el abogado de Carasso. Él tiene un buen abogado” y en relación a su lectura política de la causa, insistió: “No voy a tolerar ni aceptar que intenten equiparar conductas”.
Más allá de las cuestiones personales que puedan derivar en el respaldo de Juez hacia Carasso, no resulta menor que el senador “banque los trapos” ante los señalamientos hacia su ex compañero de fórmula. De alguna manera, esta actitud busca mostrar cierta lealtad hacia quien lo acompañó en la última elección provincial e, inevitablemente, marca cierto contraste con buena parte del radicalismo que no se expresó en relación al hecho. A la vez, esta actitud también podría jugarle a favor frente a los libertarios, en pos de fortalecer la alianza con la que pretenden competir por la Provincia en el 2027-
Según informó el portal Córdoba Hoy, esta definición se tomó luego de que las autoridades de la UNRC aceptaran retirar del tratamiento en el Consejo Superior aquel expediente cuestionado por el gremio no docente. El rectorado habría aceptado que el tratamiento de dicho expediente continúe su curso en el ámbito de la paritaria, en consonancia con el reclamo de ATURC.
Rodrigo Tello, secretario general de ATURC, aseguró que la medida de fuerza “tuvo el objetivo de que el expediente fuera retirado del Consejo Superior y que se respetara la paritaria local, para que la cuestión pudiera ser elevada al ámbito de la paritaria nacional correspondiente. Nosotros entramos con un objetivo, que era que se cumpliera la paritaria, que se cumpliera el Convenio Colectivo de Trabajo. Nosotros, con la fuerza y con la lucha, conseguimos esto”.
Más allá del acuerdo entre el rectorado y el sector no docente, desde ATURC sostuvieron el tono crítico hacia la conducción de la UNRC. Remarcaron que el reclamo respondió directamente a una violación del convenio de trabajo y del acuerdo paritario del sector. Tello planteó que, desde ATURC, impulsarán proyectos para modificar el funcionamiento de la Universidad como, por ejemplo, avanzar en “un esquema de presentación basado en el principio de ‘una persona, un voto’”. Además, mencionó que otra propuesta impulsada por el sector será que los trabajadores no docentes puedan ser candidatos al rectorado.
En cuanto a la resolución de la interpretación del nombramiento en cuestión, Tello expresó: “Espero que la federación, ya que tanto se llena la boca de decir ‘convenio o muerte’, en menos de una semana tenga el dictamen de la paritaria nacional donde nos dé la razón”.
