Francisco Lopez Giorcelli
Se terminó el primer semestre pero el conflicto universitario ya se proyecta al segundo semestre con una fuerte impronta de su agenda de reclamos presupuestarios y salariales en todo el país. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el gremio docente ADIUC volvieron a fijar una postura de abierta confrontación ante las políticas de austeridad fiscal de Javier Milei. Mientras las autoridades académicas denunciaron el ahogo financiero que sufren los organismos estratégicos de producción de conocimiento, la representación gremial de la Universidad Nacional de Córdoba le colocó un límite perentorio a la regularización de los haberes: el sueldo de julio deberá liquidarse obligatoriamente bajo los parámetros plenos de la Ley de Financiamiento Universitario.
La tregua institucional que pareció instalarse tras las últimas negociaciones paritarias quedó definitivamente sepultada por la gravedad de la situación sectorial. Concretamente, el Comité Ejecutivo del CIN emitió una comunicado donde desplazó el eje de la discusión desde los gastos de funcionamiento diario de las facultades hacia el corazón estructural del sistema de ciencia y tecnología de la nación.
Los rectores advirtieron que las universidades públicas no operan como islas aisladas, sino que dependen directamente de un ecosistema público integrado de investigación y desarrollo. En ese sentido, denunciaron que el desfinanciamiento sistemático sobre dependencias como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) paraliza proyectos de soberanía tecnológica y empuja a un masivo éxodo de profesionales calificados.
El documento detalló con crudeza el impacto del ajuste sobre áreas científicas sensibles que demandaron décadas de inversión estatal continua. La parálisis de partidas mantiene frenadas obras de enorme orgullo global como la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) y el reactor multipropósito RA-10, comprometiendo seriamente la inserción internacional del país.
Asimismo, el CIN plantó bandera frente a las crecientes trabas burocráticas que asfixian el normal funcionamiento del Conicet, interrumpiendo las trayectorias de becarios doctorales y demorando los ingresos ya aprobados a la Carrera del Investigador. A este crítico panorama se suma el silencioso desguace que compromete el despliegue territorial del INTI y del INTA, puentes indispensables para transferir valor agregado hacia las economías regionales.
Con la misma intención ofensiva de las autoridades universitarias, las bases sindicales de la docencia cordobesa reactivaron de inmediato sus mecanismos de alerta y movilización. Tras el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales celebrado el pasado 3 de julio, los representantes de ADIUC realizaron un balance del último acuerdo salarial paritario alcanzado a nivel nacional y evaluaron su verdadero impacto dentro de la Casa de Trejo.
Durante el plenario se puso en valor la inclusión de la garantía salarial y el sostenimiento de los fondos correspondientes al FONID dentro del acta definitiva. El sindicato reconoció explícitamente que la conquista de estos ítems, que no figuraban en las propuestas iniciales del oficialismo, fue fruto directo de la presión gremial.
No obstante, la conducción del sindicato docente de la UNC aclaró rápidamente que la obtención de estos paliativos provisionales no clausura la discusión de fondo respecto a los ingresos del sector. Insistieron, además, en qué la Ley de Financiamiento Universitario debe ser interpretada estrictamente como un piso legal inamovible desde el cual partir para profundizar la negociación paritaria, y de ninguna manera como un techo condicionado por las metas fiscales del Ministerio de Capital Humano.
En sus conclusiones finales, la dirigencia subrayó la urgencia de retomar los ejercicios de discusión colectiva incorporando activamente a toda la docencia. En este punto, el frente gremial ponderó positivamente el reciente fallo de la Corte Suprema, entendiéndolo como un límite institucional indispensable.
La trastienda de este evidente endurecimiento gremial decantó en un firme ultimátum dirigido de manera directa hacia los despachos de la Casa Rosada y la cartera de educación. La Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier, fue la encargada de formalizar la posición de las bases y fijar las drásticas condiciones que regirán el reinicio de la actividad académica tras el receso invernal. "Al gobierno se le acabaron las excusas. Con el salario de julio tienen que pagar lo que nos deben; si no lo hacen, habrá medidas de fuerza", sentenció la dirigente con dureza.
La convicción colectiva de que nadie debe ponerse en contra de la educación pública superior se transforma en la principal bandera de resistencia de cara al segundo semestre. Con un frente unificado que asocia la preocupación de los rectores por la ciencia y la urgencia de los gremios por el salario, el reinicio de las clases estará condicionado por la respuesta oficial.
