Francisco Lopez Giorcelli
La formalización del último acuerdo salarial entre el Ministerio de Capital Humano y una parte de las federaciones docentes puso en tensión el frente que el sindicalismo universitario había sostenido frente a la política de ajuste de la administración de Javier Milei.
La firma del acta paritaria, que convalidó un incremento de la Garantía Salarial y un refuerzo provisional para gastos de funcionamiento, expuso las diferencias de estrategia y alineamiento político que separan a las dos principales centrales del sector: la CONADU, de matriz progresista y cercana al peronismo, y la CONADU Histórica, referenciada en los partidos de la izquierda tradicional. Esta fractura obturó la posibilidad de una salida unificada y atomizó el escenario de las altas casas de estudios. Punto para los libertarios que lograron dividir el panorama y así mitigar, por ahora claro, un gran frente que sostenga posiciones más duras.
El núcleo de la disputa radica en la valoración técnica y política de la oferta oficial que destrabó el conflicto en los papeles oficiales. Para la conducción nacional de CONADU, el esquema que eleva los haberes mínimos de las categorías docentes representó un piso aceptable para suspender transitoriamente la parálisis del cuatrimestre, interpretándolo como un repliegue parcial de las metas fiscales del Ejecutivo.
Sin embargo, este criterio centralizado no logró unificar a la totalidad de sus bases territoriales. El sindicato cordobés ADIUC, de importante peso dentro de CONADU, ratificó su rechazo a lo firmado en Buenos Aires y activó un cronograma de asambleas por lugar de trabajo para canalizar el descontento local, marchando hacia una asamblea extraordinaria que redefinirá de forma soberana el plan de lucha en la Casa de Trejo.
De todas formas, desde ADIUC aseguraron que este acuerdo se logra después de “una pelea que lleva dos años y medio “ y que sostuvieron “en unidad estratégica de toda la comunidad universitaria y con el inmenso apoyo de una sociedad que sigue apostando y confiando en las instituciones de educación superior”.
Además sostuvieron que la posición tomada por el gremio fue avalada en las instancias orgánicas de debate con las que cuentan dónde se rechazó la propuesta y que “este mandato fue llevado al plenario de secretarios generales de nuestra Federación (CONADU), en el que los 31 sindicatos plantearon sus mandatos. La posición mayoritaria (22 a 9) fue la de aceptar la oferta”.
En la otra vereda, CONADU Histórica decidió realizar su congreso para definir la posición un día después de la mesa de negociación; no obstante, suscribió el acuerdo con el gobierno, las Federaciones docentes y nodocente, el CIN y la FUA con los diferentes puntos para los que el gobierno comprometió financiamiento (recomposición salarial, gastos de funcionamiento, hospitales y becas).
De todas formas la CONADU Histórica salió a impugnar el acuerdo de manera orgánica y hacia la sociedad, calificándolo como una capitulación que convalida la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, estimada en un 50% desde el inicio del ciclo 2024.
La federación denunció que los fondos inyectados por la Casa Rosada funcionan meramente como un paliativo provisional que deja sin efecto práctico los preceptos de la Ley de Financiamiento Universitario. Ante esto, la central dispuso la reactivación inmediata de las medidas de fuerza directas, convocando a una nueva semana de lucha con paros totales, clases públicas y concentraciones en los rectorados de todo el país, con el objetivo de disputar la representatividad de las bases insatisfechas con la firma de la paritaria.
En Córdoba el impacto de estas medidas anunciadas por la “Histórica” no tuvieron mucha repercusión, ya que la mayoría de docentes e investigadores de la UNC se acoplan a ADIUC y definirán sus próximos movimientos en base a lo que se decida a través de los espacios orgánicos convocados.
Esta polarización sindical refleja dos concepciones divergentes sobre cómo gestionar la relación de fuerzas con el Estado nacional. Mientras el ala mayoritaria de CONADU optó por una salida pragmática que prioriza asegurar los recursos de contingencia antes del inicio del receso invernal, la CONADU Histórica sostiene que aceptar incrementos por fuera de la normativa legal vigente debilita el reclamo de fondo y dispersa la presión callejera que se construyó tras las movilizaciones masivas.
Esta última argumenta que el esquema oficial mantiene congelados ítems estructurales del salario y desatiende la situación crítica de los docentes ad honorem y contratados, profundizando la precarización laboral dentro del sistema de educación superior.
Para la rosca política interna de la UNC, la fractura de las centrales nacionales y la rebelión interna de ADIUC reconfiguran por completo las previsiones del Rectorado conducido por Jhon Boretto. La estrategia oficialista local apostaba a utilizar la firma de CONADU como un argumento de normalización institucional para encauzar el segundo semestre del año.
Sin embargo, la decisión del gremio docente de Córdoba de mantener la deliberación permanente en facultades y colegios preuniversitarios neutraliza cualquier intento de pacificación administrativa obligada. La autonomía mostrada por las bases locales frente a las directivas nacionales anticipa que la UNC continuará siendo un foco de tensión paritaria y política.
