Bettina Marengo
Hoy a las 8,30 el Consejo de la Magistratura comienza a entrevistar a los 17 postulantes a juez o jueza electoral de la Provincia, el tramo final de la selección del reemplazante de la jueza Marta Vidal. Una pausa para almorzar y el organismo selector continuará hasta la tarde. Mañana martes el Consejo retomará las entrevistas y esa misma tarde, al finalizar los interrogatorios, elaborará el orden de mérito que se presentará al gobernador Martin Llaryora. Quien quede primero será el nuevo juez electoral de toda la provincia. El mandatario no puede modificar el orden de la evaluación y tendrá que enviar el pliego de quien resulte ganador del concurso a la Legislatura, que con apenas mayoría simple lo puede aprobar.
El sexto piso de General Paz 70 está en la mirada de todo el sistema político y judicial. De los 17 postulantes que quedaron en carrera para la entrevista personal luego del examen escrito de principios de junio, el oficialismo provincial considera “amigable” a la mitad, pero tiene sus favoritos. El juez de San Francisco (nacido en Córdoba Capital), Carlos Viramonte, es uno de ellos. La oposición, y en especial el juecismo, viene marcando las tintas sobre las chances “especiales” de Viramonte en un concurso que nació complicado porque la propia prueba escrita tuvo sus vicisitudes: comenzó más tarde de lo previsto, fue sobre un caso que algunos de los participantes que integran el Poder Judicial podrían haber conocido. El magistrado que alguna vez fue designado “el más joven de la provincia” se quejó con algunos cercanos sobre que las advertencias opositoras y la exposición le restan posibilidades porque los entrevistadores del Consejo podrían verse condicionados por el supuesto favoritismo que lo precede. Consultado por periodistas, eligió mantenerse en silencio. En el PJ provincial tampoco hay unanimidad y frente a los rumores, provocados o no desde el Panal, algunos dirigentes que se animan admiten en off que preferirían que el elegido no fuera otro sanfrancisqueño.
El mencionado no es el único al que el llaryorismo mira con simpatía. Carlos García es otro de los postulantes que el oficialismo menciona como de su agrado. Es un exrelator de la Fiscalía de Estado con cargo en la Municipalidad de Córdoba. La lista sigue: el siempre mencionado Guillermo Arias, actual secretario legislativo de la Unicameral, y Jimena Garzón, del Ministerio de Justicia. La diferencia es que los dos primeros son más cercanos al llaryorismo. Con vínculos con el Panal hay más aspirantes: Augusto Pastore, secretario de Gobierno, el abogado Marcelo Urreta, hermano de David Urreta, el titular de la Lotería de Córdoba, Federico Robledo, de la cartera que conduce Julián Lopez. De la política no oficialista también compiten el radical Diego Frossasco, que fuera asesor letrado del intendente Ramón Mestre, y Silvia Paleo, ex legisladora del PRO.
Del mundo tribunalicio, además de Viramonte, la lista incluye a Patricia Ari Moyano, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; Josefina Bertoldi, de la Cámara de Acusación Penal; Iván Gallardo, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sebastián Mira, con cargo en el Poder Judicial; María Luisa Jurgens, funcionaria de Fiscalía General, Emilia Mimessi, de la Relatoría Electoral del TSJ, María de los Ángeles Nallin, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Carlos Schmidt, con cargo en el Poder Judicial.
“Hay más morbo sobre la selección de lo que realmente es”, se confesó un integrante del Consejo de la Magistratura que lucía inquieto por las posibles críticas opositoras y el impacto en la opinión pública frente a casi cualquier resultado que se informe el martes.
En el Panal también hay inquietud. El discurso opositor, fundamentalmente de Luis Juez pero también de referentes como Gabriel Bornoroni y Rodrigo De Loredo, viene haciendo pie en la relación demasiado estrecha entre el cordobesismo y el Poder Judicial, y en las laxitud de fiscales y jueces cuando se trata de investigar a Schiaretti, Llaryora o a sus círculos chicos. La hegemonía de 27 años del PJ en la provincia y la caída de la institucionalidad son caballitos de batalla de los opositores y se profundizarán durante la campaña electoral que se avecina. Los libertarios, que son bastante más nuevos en el poder, tampoco tienen mucho para mostrar: por decisión de Karina Milei, el presidente Javier Milei pidió retirar del Senado el pliego Verónica Micheli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, pese a que la jueza había superado todas las instancias del Consejo de la Magistratura nacional. Llaryora está en buenos términos con la Casa Rosada, y posiblemente no se lo recuerde en público a Bornoroni y sus aliados.
La instancia de la entrevista personal es clave, tiene apenas unos parámetros objetivos que el Consejo proporciona en planillas a los miembros (verbalización, actitud, etc) pero exuda subjetividad, y da hasta 40 puntos. Mismo puntaje que el examen escrito, que es básicamente una prueba de evaluación objetiva cuyos resultados permanecen encriptados y secretos hasta finalizar el proceso. Los antecedentes académicos otorgan los 20 puntos restantes.
En el Consejo responden con el procedimiento en la mano a las sospechas/acusaciones de entrevistas amañadas. Resaltan que son nueve los miembros del organismo que preside la vocal del TSJ, Maria Marta Cáceres de Bollati, y que además habrá en el panel entre veinte y veinticinco veedores de colegios de Abogados y del sector Magistrados con derecho a preguntar pero no a calificar. Algunos vocales pidieron autorización para que estén presentes sus suplentes, como el caso del legislador radical Alfredo Nigro, suplente del peronista Facundo Torres. El Ministerio Público Fiscal también enviaría a dos representantes, posiblemente Héctor David como titular y José Gomez Demmel como suplente. El titular de la Fiscalía General, Carlos Lezcano, también quería asistir.
Cada entrevista se extenderá por aproximadamente una hora. Luis Juez le pidió a Caceres de Bolatti, por escrito, que los coloquios sean filmados y transmitidos para mayor transparencia. Con asesoría del jurista José Cafferatta, el Consejo desestimó la solicitud porque requeriría de un cambio de ley. Otros integrantes de la oposición, como la radical Alejandra Ferraro, pidieron lo mismo.
Uno de los argumentos principales que esgrimen en la Magistratura es que los entrevistadores no saben qué nota sacó el postulante en la prueba escrita al momento del oral y que no sabrán si le ponen 30 puntos en la entrevista a un candidato de 25 o de 40 puntos en el escrito. Pero los argumentos se topan con una cuestión insalvable, reconocida por los propios miembros del organismo selector: no hay parámetros objetivos para medir la imparcialidad, el mayor requisito que se le pueda pedir a un juez. Frente a esta “falla” del sistema, en el oficialismo deslizaron que cualquier integrante, actual o pasado, de un gobierno, pierde el test de la imparcialidad frente a un juez o jueza. ¿Un guiño a un postulante? En todo caso, una respuesta rara y sugestiva, como si no hubiera decenas de magistrados que antes fueron funcionarios de esta y otras administraciones.
