Carolina Biedermann
La detención, este viernes, de Omar Ludueña, dirigente radical y empleado de planta permanente de la Legislatura denunciado por un presunto abuso sexual intrafamiliar, provocó una respuesta coordinada dentro de la UCR. Elisa Caffaratti, Alejandra Ferrero y Rodrigo de Loredo salieron con un discurso alineado, intentando marcar diferencias con el peronismo y, particularmente, con el caso del exlegislador Ramón “Cañita” Flores, bajo mensaje de “no somos iguales”.La UCR sostiene, que una vez conocida la denuncia, acudieron a la Justicia, promovieron el apartamiento de Ludueña y no intentaron protegerlo.
El mensaje de la víctima lo habrían recibido el 30 de agosto, y el PJ se pregunta, ¿porqué nadie salió a hablar, y recién dieron explicaciones cuando el caso se hizo público? También remarcan que en este caso, no saldrán a pedir la renuncia de Alejandra Ferrero, como la UCR lo hizo con Flores (aunque podrían hacerlo, remarcan). El peronismo da vuelta la frase y dice, “nosotros no somos iguales a ellos, que se golpearon el pecho con el caso Flores, mientras ocultaban “el muerto que tenían adentro del placard”.
Sin embargo, la comparación del caso deja expuesto un punto que va más allá de las diferencias entre ambos expedientes judiciales. En lo que sí son iguales es en la relación entre los aparatos partidarios, sus referentes territoriales y el empleo público.
Ludueña fue dos veces presidente de un centro vecinal y dirigente de la Seccional Cuarta. Llegó a trabajar a la Legislatura durante la etapa de Elisa Caffaratti como legisladora y, en 2015, rindió un concurso que le permitió ingresar a planta permanente. Actualmente estaba afectado al despacho de la legisladora Alejandra Ferrero. Ludueña entró a trabajar a la legislatura, solo con el primario aprobado, y en el 2022, terminó sus estudios secundarios. ¿Qué funciones concretas cumplía? ¿Para qué cargo concursó y qué idoneidad acreditó? ¿Su trabajo cotidiano estaba vinculado estrictamente con esas funciones o también con su condición de referente territorial del radicalismo? Las mismas preguntas valen para los asesores de Cañito Flores, y para muchos más.
Las responsabilidades penales son individuales y será la Justicia la encargada de determinarlas. Este lunes, el abogado de Ludueña, Mario Rey, haría el pedido de excarcelación del detenido. En vez de pedir el apartamiento, solicitarían que tome vacaciones adeudadas hasta que se esclarezca el caso. En la Legislatura se abrió un sumario administrativo para avanzar sobre su situación laboral. Una eventual sentencia condenatoria podría derivar en su desvinculación definitiva del Estado.
Los tres voceros de la UCRAlejandra Ferrero buscó aclarar rápidamente cuál era su relación con Ludueña.
“Es un empleado de planta permanente que rindió un concurso en 2015 y se encuentra en la Legislatura y estaba afectado a mi oficina, pero no es mi asesor directo ni uno de los contratados que llevamos nosotros”, explicó.
La legisladora aseguró que tomó conocimiento de la denuncia e inmediatamente acudieron a la Justicia. “Apenas tomé conocimiento, inmediatamente fuimos a la Justicia solicitando la investigación de estos hechos, y yo firmé una nota a la máxima autoridad de la Legislatura pidiendo que se lo desvincule, que se lo aparte, que tomen todas las medidas necesarias sobre este empleado”, señaló.
Elisa Caffaratti también salió a fijar posición. Su palabra tiene un peso particular: fue durante su etapa como legisladora cuando Ludueña comenzó a trabajar en la Unicameral.La actual concejal aseguró que tomó conocimiento de la denuncia el 8 de septiembre, a partir de un mensaje que recibió por Instagram de la denunciante, y que ese mismo día puso la información en conocimiento de la Justicia.
“Frente a una denuncia de esta gravedad no corresponde especular, relativizar ni mirar para otro lado. Corresponde actuar”, afirmó.Y cerró con una definición que sintetiza la posición que comenzó a repetir el radicalismo: “No miramos para otro lado”.Rodrigo de Loredo llevó la respuesta al terreno político. Frente a las comparaciones entre los casos, cuestionó que se intente “generalizar” y puso el peso de la responsabilidad institucional sobre el oficialismo provincial.
El diputado admitió que la oposición debe responder por sus propios errores. “La oposición tiene que hacer su mea culpa, comete un millón de errores, está perfecto, y seremos castigados los que tengamos que ser castigados con el voto de la gente”, afirmó.
De Loredo agregó “Me alarma que, en los momentos en que se tienen que hablar de cosas que son verdaderamente escalofriantes, nos pongamos a generalizar todo. A ellos les toca gobernar”.
El radicalismo eligió así una respuesta común frente al caso Ludueña: actuamos, denunciamos y pedimos el apartamiento. Esa es la diferencia que pretende establecer con el peronismo.
