Cómo será el ajuste que propone Milei

El presidente Javier Milei repitió que el ajuste fiscal será de 5 puntos porcentuales del PBI y ratificó que "no hay plata". El objetivo es lograr el equilibrio en las cuentas públicas, tanto en su resultado primario como financiero. ¿Qué significa llegar a estos objetivos? En otras palabras, ¿qué partidas y qué sectores se verían afectados por el recorte? ¿Alcanza solo con "ajustar a la casta", como planteó el mandatario electo? 

“El descalabro de la economía fue el título de la reunión de gabinete”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa posterior a la reunión. Milei y sus ministros debatieron la inminencia de un “fuerte recorte fiscal, con alguna expansión en las partidas sociales” y también “la quita de privilegios”. El Presidente ordenó avanzar con “urgencia” en el relevamiento, una de sus promesas de campaña, en línea con el “inevitable” ajuste del que habló en las escalinatas del Congreso, luego de jurar como presidente.

En la conferencia de prensa matinal, Adorni había precisado el foco y espíritu de las medidas que se están analizando. “Al empleado público hay que ponerlo en valor, lo que vamos a combatir es el empleo militante, que no sólo no aporta, sino que quita. Ese empleo va a dejar de existir”, recalcó el portavoz presidencial.

La consultora Analytica, a horas de la asunción de Milei, hace una radiografía del gasto público en la Argentina y su posible evolución para llegar a los objetivos que plantea el nuevo presidente. Según sus estimaciones, el gasto primario caerá 3,6 puntos del PIB el año que viene, explicado por una reducción de 2,5 puntos en los gastos corrientes y de 1,1 puntos en los gastos de capital.

El “draconiano” ajuste se concentrará en los gastos de capital, en los gastos de funcionamiento y en las prestaciones sociales. En otras palabras, los recortes recaerán, principalmente, en las transferencias a las provincias y en la obra pública, los jubilados y la administración pública. La consultora advierte que no alcanza con ajustar solamente a "la casta", por ponerlo en los términos que utiliza Milei.

Como primera aclaración vale decir que la aceleración de la inflación que se espera para los próximos meses abre la puerta para conseguir una baja del gasto en términos reales, a partir de una licuación a lo largo del tiempo. Milei habló de alcanzar un "déficit financiero cero". Esta situación implicaría un recorte adicional de aproximadamente 1,5 puntos adicionales del PIB hasta llegar a los cinco puntos entre gasto primario y financiero del sector público nacional (no incluye provincias ni municipios).

Analytica no cree viable esa opción, al menos en el corto plazo: “Detrás de esta aspiración de Milei se esconde la voluntad de dejar de financiar al fisco con transferencias y colocaciones directas del BCRA, ya que el financiamiento requerido depende del resultado financiero, no del primario. Cortar el financiamiento monetario requiere la existencia de otras fuentes alternativas. Por ende, la próxima administración necesitará del buen funcionamiento del mercado de bonos del Tesoro, lo que hace creíble la intención de una ‘solución de mercado’ al problema de las Leliqs y descarte de un Plan Bonex. Como el mercado de bonos en pesos es esencial para ejecutar el ajuste fiscal y reducir la monetización del déficit, un Bonex sería un golpe letal a la confianza de los inversores y reduciría las colocaciones voluntarias de deuda del sector privado a cero”.

El informe pone la lupa sobre el gasto (es decir, los egresos), pero el resultado fiscal final depende de la diferencia entre los ingresos y los egresos. Si Milei efectivamente concreta un ajuste de 3,6 puntos en el gasto primario es muy posible que llegue al superávit, pero eso dependerá también de lo que suceda con los ingresos.

Para la consultora, el máximo recorte posible implicará un incremento nominal del 50% en las partidas, lo que la ubicaría incluso por debajo de la inflación del Presupuesto originalmente enviado al Congreso (69,5%). En la práctica, significará una disminución real de las partidas del 61% en cada caso y un ahorro conjunto de 1,5 puntos del PIB (1,1% en gastos de capital).

En lo que hace a prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones y asignaciones), aumentan debido a la Ley de Movilidad, por lo que para proyectar esta variable se debe evaluar la trayectoria futura de los ingresos de Anses y de los salarios registrados (ponderan 50% cada uno en la fórmula de movilidad). El trabajo toma la experiencia de 2019 en la que los salarios cayeron 8,8% interanual, un guarismo que arrastraría también a los ingresos de ANSES, ya que dependen en gran medida de los aportes y contribuciones patronales. Además, incorpora la temporalidad de los aumentos de las jubilaciones, que operan con un trimestre de rezago, en un contexto de aceleración de la inflación. Todo el combo permitiría que el gasto real previsional caiga más que los salarios reales (-10,7% vs. -8,8%). En términos del PIB, el ajuste a los jubilados sería del 0,5%.

En el resto de prestaciones sociales se incluyen planes como la Tarjeta Alimentar y las becas Progresar. Estos incrementos adicionales, que están por fuera de la Ley de Movilidad y se mueven en forma discrecional, aportarían una reducción del 0,3% del PIB.

Para gastos de funcionamiento, la consultora indica que si se asume que las paritarias del sector público se mueven en línea con las del privado, ambas caerían 8,8% en términos reales. También el gasto bajará por la disminución de dotación de personal. En suma, la merma salarial y de cantidad de personal permitirá una caída en la partida “salarios” del 25% real. Algo similar ocurrirá con el resto de los gastos de funcionamiento que el informe proyecta que se comporten igual que en 2019, cayendo 19,4% en términos reales. En efecto, la contribución de los gastos de funcionamiento al ajuste sería de 0,6 puntos del PIB.

Para subsidios, Analytica indica que, en su conjunto, aportarán al recorte 0,5 puntos del PIB. En los energéticos, los costos de generación aumentan con el tipo de cambio oficial y no creemos que la reducción de los costos en dólares compense la suba del tipo de cambio real. El informe asume que solo el 40% del incremento de los costos en pesos de las tarifas pasará al público, lo que generará un aumento de los subsidios del 158,7% y un incremento en las tarifas de 105,7%, de forma tal que esta partida volverá a los niveles de 2019, en torno a 1,0% del PBI. En línea con los dichos del presidente electo, el ajuste de las tarifas "va a ser gradual, no se puede hacer de otra manera porque no lo avalaría la Corte Suprema".

En subsidios al transporte, indican que aumentarán en línea con la inflación, porque asumen que la caída en los salarios reales en ese sector compensará el incremento del costo real del combustible. Suponen que el 70% de ese costo lo asume el Estado, llevando el incremento de los subsidios al 200% y su valor a producto al 0,4%. En 2019 ese guarismo fue de 0,6%. Para el resto de los subsidios económicos, esperan un incremento en línea con la inflación.

Para el resto de gastos corrientes sostiene que se comportarán igual que en 2019, con lo que caerían 19,4% respecto a la inflación y consolidarán una merma de 0,2% en términos del PIB.