Las medidas y las incógnitas de Milei

Una encuesta realizada este mes por Marketing & Estadística muestra que 48% de los consultados está a favor de que el presidente Javier Milei avance en “grandes cambios aunque se generen conflictos sociales”, mientras que 37% se inclina porque sean “graduales”. El resto, no sabe o no contesta. Sobre esa radiografía parece haber parado la nueva administración para anunciar el ajuste de 5% del PBI, ya que el mayor peso recaerá sobre los sectores trabajadores, la franja media de la pirámide. Por supuesto, a apenas una semana de la asunción es imposible saber cuál es la cintura política para negociar que tiene el equipo libertario y hasta dónde está dispuesta a acompañar una comunidad que tiene como principal preocupación (78%) la inflación.

El propio ministro Luis Caputo admitió que la inflación de este mes será “significativamente” más alta que la de noviembre, proyección que los privados extienden a enero y febrero. También indican que, si después de ese mes, la tendencia no empieza a revertirse (un proceso que será lento) habrá algunos ruidos que atender.

Era obvio que la “casta” como Milei llama a los dirigentes políticos tradicionales no podía explicar la mayor parte del ajuste. En el plano simbólico es un factor importante, pero en el económico su peso es insignificante. Un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) remarca que, de los 5,4 puntos de PBI del recorte presentado por Caputo, una suma de 2,35 puntos (43,5% del total), serían costeados por los trabajadores activos, por distintas vías.

Las medidas que afectan a este sector se encuentra en distintos rubros de la planilla publicada por el Ministerio de Economía: la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el recorte a las transferencias a las provincias que afectaría partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la suba de tarifas y de transporte, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la eliminación de la obra pública y su consecuente impacto en el empleo, y la afectación a trabajadores/as estatales por recortes en gastos de funcionamiento.

También hace una estimación respecto de los jubilados, que es una hipótesis ya que no está claro de cuánto serían los aumentos por decreto. Según CEPA sobre ellos caería el peso de 0,5% del recorte, a partir de la suspensión de la formula jubilatoria, si eventualmente se aprobara en el Congreso, o a través del recorte o congelamiento de los bonos que licuarían este rubro del gasto previsional, que es el 60% del gasto. El ajuste a los pasivos significará el 9,3% del total.

El Gobierno está dispuesto a dar pelea en la calle. No solo por el protocolo antipiquetes que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sino que avanzarán en la eliminación de la intermediación de la administración de los planes sociales.

Hoy o mañana ingresarán al Congreso diferentes proyectos de ley -no sería una sola “ómnibus”- para la reforma económica, que además tendrá un decreto. En esa tarea hay un grupo liderado por Federico Sturzenegger, el expresidente del Banco Central de Mauricio Macri que renunció en junio del 2018 en medio de fuertes internas. No está designado, pero está involucrado de lleno en este diseño.

Respecto de las partes que podría llegar a dividirse la ley ómnibus, sería una relativa a lo económico, otra que implique la reforma del Estado y otra de carácter política-electoral. Por la magnitud de lo que se debate es central la negociación con la oposición y el vínculo con las provincias y gobernadores. Milei tiene 10% de los senadores y 15% de los diputados, sin alianzas sus iniciativas no pueden pasar por el Congreso. Deberán lograr acuerdos y consensos en sus negociones en post de conseguir avanzar con sus planes. El ministro del Interior, Guillermo Francos, es el que está a la cabeza de esas negociaciones.

En ese marco, es donde se abrió una ventana de negociación con los gobernadores al plantear que se revisarían los cambios en lo relativo al impuesto a las ganancias. Sería el camino para que recuperen parte de la coparticipación perdida cuando la mayoría de los mandatarios apoyaron la decisión del exministro y excandidato de Sergio Massa, quien les prometió “compensarlos” por otra vía, lo que no ocurrió. Claro que para la Nación el volver atrás con esas modificaciones no es gratuito, ya que implicaría un golpe para los bolsillos de los sectores medios de la sociedad.